La Fiscalía Anticorrupción sitúa al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada como «el responsable del desarrollo económico y contractual» del Campus de la Justicia durante el periodo que se extendió entre 2005 y 2008.
Así consta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido por el fiscal al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, el juez José de la Mata, citó ayer en calidad de investigado a Prada, así como a tres cargos del proyecto dentro de la investigación judicial por el presunto desfalco del Campus de la Justicia.
En el escrito, que ha adelantado hoy la ‘Cadena Ser’, el fiscal relata que del análisis de la documentación se evidencia que Alfredo Prada, presidente del Campus de la Justicia de Madrid (CJM), «ostentaba la gestión efectiva de la sociedad tanto respecto a la contratación como a la gestión económica».
Prada fue designado presidente del Consejo de Administración el 14 de enero de 2005
Expone que, conforme a los estatutos del Campus, el presidente era «órgano de gobierno propio además de integrar el Consejo de Administración, en el cual tenía voto de calidad».
Prada fue designado presidente del Consejo de Administración el 14 de enero de 2005 y desde esa fecha tenía todas las facultades del Consejo.
Así, explica que las facultades de gestión del presidente se materializaron en la suscripción de contratos de trabajo en nombre del Campus de la Justicia, citando el que hizo con el comisario Andrés Gómez Gordo en octubre de 2007.
Gómez Gordo está siendo actualmente investigado por malversación en el marco del ‘caso Villarejo’.
Estos contratos, según narra el Ministerio Público, se hacían en comunicaciones con organismos oficiales como la Tesorería General de la Seguridad Social o el Ministerio de Trabajo; en convocatorias publicadas en el BOCM (por ejemplo, la subasta para enajenar el inmueble de Fernández de la Hoz); o en el otorgamiento de escrituras públicas.
Como resulta de las actas del Consejo de Administración y de la documentación contractual, según señala la Fiscalía, Alfredo Prada participó directamente en determinados contratos como el que el Campus concertó con Matchmind SL, Everest de Ediciones y Distribución SL; Camaleón Publicidad SL; Foster & Partners; o Fundación Arte Viva.
La Fiscalía recalca que «en algunos casos no se constituyó la mesa de contratación». «En toda esa gestión hubo una comunicación posterior al Consejo de Administración y él mismo asumió las decisiones adoptadas pero, su actuación fue posterior a que se contrajeran obligaciones por parte de la entidad», señala.
«Al estar las facultades ampliamente delegadas, los citados vistos buenos o ratificaciones posteriores del Consejo de Administración no eran preceptivos para la validez jurídica de los compromisos ya concertados», señala.
Además, el escrito de Anticorrupción añade que muestra de ello es que cuando dicha dación de cuentas se producía «los contratos ya estaban ejecutándose».
DISPOSICIÓN DE FONDOS
En cuanto a la disposición de fondos, el fiscal indica que el examen de las cuentas bancarias se encuentra pendiente por haber sido recibidas solo fragmentariamente hasta el pasado 6 de marzo.
No obstante, apunta que consta ya que la firma autorizada en la cuenta que Campus de la Justicia tuvo en una entidad bancaria hasta julio de 2007 la tenía Prada, como también en otra entidad. Con cargo a esta última cuenta, según el fiscal, hubo una tarjeta VISA, cuyo titular era también Prada.
La tarjeta estuvo operativa desde julio de 2005 hasta noviembre de 2008. «Un primer examen de la documentación permite comprobar que no solamente hubo una autorización de firma sino una utilización real de tal autorización», señala a lo que añade que obran en la causa documentos suscritos por Prada dando instrucciones para la realización de trasferencias a diversas entidades como el Colegio de Arquitectos de Madrid, PricewaterhouseCoopers o Abba Publicidad con cargo a la cuenta de CJM.
Además, apunta el escrito, constan diversas órdenes de emisión de transferencias y autorizaciones a Alicio de las Meras para retirar fondos de la cuenta de La Caixa y transferencia ordenada igualmente hacia la cuenta que el Campus de la Justicia tuvo en Bancaja (en la actualidad, Bankia).
Asimismo, el escrito del fiscal agrega que las facturas y otros documentos aportados muestran algunos gastos como «los derivados de la participación en Barcelona meeting point o de viajes -así, los
efectuados a Londres en 2006-, que constan entre los documentos entregados por la Consejería de Justicia aportados».
También figura Alfredo Prada como destinatario de alguna factura de las que carecen de soporte contractual, como ocurre con la del 26 de febrero de 2007 de Video Report por 120.640 euros correspondiente a la exposición junto a los Juzgados de la Plaza Castilla entre el 27 de febrero de 2007 y el doce de marzo de ese mismo año.
Por ello, la Fiscalía señala que estas circunstancias, teniendo en cuenta la valoración de los contratos y gastos que contiene el informe de la Cámara de Cuentas «determinan que deba ser interrogado como responsable del desarrollo económico y contractual de la sociedad en el periodo que se extendió entre 2005 y 2008, hasta la revocación de sus poderes en la sociedad, en las cuentas y la baja de su tarjeta VISA».
