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Estoy «in looove» con este Congreso de la Abogacía
Antonio Abellán Albertos es abogado, miembro del turno de oficio y de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno.
23/3/2019 06:15
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Actualizado: 23/3/2019 12:08
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La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, ha cumplido recientemente 23 años, qué magnífica edad si en términos humanos se tratara y parece no obstante una viejita agostada y rota por los avatares de la vida.
Le ha faltado siempre cariño a esta ley no solo por la Administración sino que además ahora hay oportunistas que pretenden darle la puntilla mediante la mediación coactiva, el pro bono lobbysta y los profesionales del trincar de la subvención pública que desabastecen el erario del que se nutre el servicio público de justicia gratuita.
La Ley 1/1996 supuso para la sociedad un nuevo sistema por fin unificado de acceso a la justicia para los ciudadanos carentes de recursos para litigar, superando las carencias de la Ley 34/1984, de 6 de agosto, que si bien había reformado la LEC de 1881 (casi inalterada) y superado el arcaico término “beneficio de pobreza” por el de “beneficio de justicia gratuita”, no había terminado de instaurar un régimen legal autónomo de regulación.
Nació ya la Ley 1/1996, sin embargo, floja en rango; pues se perdió la oportunidad de haber regulado en ley orgánica la proyección del artículo 119 de la Constitución sin el rigorismo santificado por el Tribunal Constitucional (Auto 753/1988, de 20 de junio), que entendió en su momento que el artículo 119 CE no reconoce ningún derecho fundamental cuya violación sea residenciable en vía de amparo, pese a la íntima vinculación con el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva (y según otros, también, a la asistencia letrada y a la igualdad de armas procesales).
La Ley 1/1996 venía a perfeccionar muchas carencias detectadas en la anterior regulación y, como se vanagloria en su Exposición de Motivos, trajo consigo, además de mejoras en cuanto a la gestión y desjudicialización, la ampliación del contenido material del derecho (así, entre otros, en cuanto al asesoramiento y la orientación previos a la iniciación del proceso y la pericial gratuita).
UNA LEY FAMÉLICA
También plasmó el deber de dotación presupuestaria del Estado para sufragar este beneficio de asistencia legal (obviamente, no resulta gratis), lo cual no es sino concreción del mandato directo de la Norma Suprema.
No obstante, desde su infancia esta Ley se ha visto siempre famélica porque papá Estado no ha tenido a bien jamás alimentarla adecuadamente.
Para muestra, la endemia en que se mantiene el impago a abogados y procuradores de muchos meses del turno de oficio.
Además, con disparidad de indemnizaciones según «mamá Comunidad Autónoma» donde se ejerza; de tal forma que, por ejemplo, un letrado en el “territorio ministerio” llega a percibir de media tres veces menos que en otra Comunidad con las competencias delegadas.
Como no podía ser menos que otras, la Ley 1/1996 ha sido objeto de numerosas reformas; algunas, para adaptarnos a la normativa comunitaria, otras, para mutar el módulo SMI original por el IPREM «actually», así, evitar tener que conceder el derecho actualizado a la real carestía del justiciable e, incluso, la más reciente (Ley 2/2017) para declarar la obligatoriedad de prestación del servicio para los profesionales, adscritos ahora al turno de oficio en una suerte de esclavitud legalizada.
A pesar de todos los obstáculos, la cultura de prestación de un servicio público de calidad ha calado fuerte entre la abogacía y procura de oficio, acuñando una generación de indómitos que han tenido y mantienen peso específico en el sistema.
No se ha tenido que hacer tan mal cuando, según la última Encuesta Metroscopia 2018, al menos el 80% de los usuarios valoran positivamente la labor del abogado o abogada que les fue designado.
Ahora vemos que se anuncia el próximo “XII Congreso Nacional de la Abogacía 2019” y que, pese a las cuestiones antes apuntadas, el espacio que se dedica a la asistencia jurídica gratuita es ridículo.
Tan solo dos ponencias dentro de un programa de más de ciento veinte. Para más inri, una de ellas bajo el inquietante título de “Alcance y sostenibilidad de la Asistencia Jurídica Gratuita”.
Por el contrario, se aborda específicamente el pro bono buenas prácticas (será porque las hay malas), un “impulsando con éxito la mediación”, disintiendo de si el concepto de éxito y dirección de ese empuje coincida con el que tiene la abogacía de oficio y otra ponencia bajo el nombre de abogacía colaborativa, una nueva eufemística combinación de los dos anteriores.
Y a la Abogacía del Turno de Oficio nos duele tal ninguneo.
Como es ya crónico, no se nos tiene en cuenta pese a que reivindicamos que tenemos mucho que hacer y decir por la profesión, por la justicia y por los ciudadanos.
UN TERCIO DE TODOS LOS ABOGADOS ESPAÑOLES TRABAJAN EN EL TURNO DE OFICIO
No es excusa ni suficiente que, a su vez, se venga organizando anualmente unas jornadas específicas sobre la materia (las últimas, las VI Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita, celebradas en Zaragoza los días 24 al 26 de octubre de 2018).
Y ello, pues alrededor de un tercio de los abogados en ejercicio en España trabajan también en el turno de oficio, así que estamos hablando de que somos un colectivo significativo, en lo cuantitativo y también en lo cualitativo, que debiera tener correlativa atención.
Este Congreso Nacional de la Abogacía no ha tenido nunca mucha aceptación entre la abogacía de base porque jamás ha sabido atraernos.
En primer lugar, por los precios que se gasta.
En segundo, por sus propias materias alejadas de la cotidianeidad forense, de los problemas básicos que nos agobian y por resultar escasas de rigor académico.
En otro, por desencanto con nuestros representantes y la sensación de que estos congresos son espacios creados ad hoc para el intercambio de medallas y puro mercadeo «networking», tan de moda ahora, Matusalén dixit.
Así, uno tiembla cuando ve programas de congresos no específicos tecnológicos cargados de anglicismos y de títulos pseudo-modernos.
Y no es que se esté contra la evolución digital, ni mucho menos.
De hecho, resultan de interés unas cuantas de las ponencias que se prevé impartir como drones, inteligencia artificial, contratos inteligentes, la «Blockchain» para abogados, Administración electrónica, los vehículos autónomos o el tratamiento masivo de datos (personales), entre otras.
Otras ponencias parecen más del tipo tónico-crecepelo-para-calvos, como la de abogacía 4.0 (esta es un clásico desde la 2.0, mejor ya 5.0, ¿no?), la abogacía en Twitter, los ránkings y «ratings» de los servicios legales, el «design thinking», «small data», la abogacía contra el «ciber-bullying», start-ups, compliance officer, la predictibilidad, «Big Data» y estrategias de litigación, robots, «bots» y «chatbots», la abogacía «blogger», metodologías “Agile”…
En cualquier caso, muchas de ellas son más de lo mismo con otro nombre y se repiten, saturan y prácticamente agotan un Congreso Nacional de la Abogacía que más debiera haberse denominado congreso de la ciberabogacía, ya que así titulado no ofrecería confusión en cuanto a su naturaleza y fines.
Claro que si atendemos a que se anuncian más de setenta expositores en la “I Feria Tecnológica y de Servicios de la Abogacía”, que se celebrará conjuntamente al Congreso para promocionar sus productos relacionados con el sector legal, encontramos la explicación de que este Congreso se haya monopolizado por sus paganos.
Aquí sí se entiende que los abogados de oficio no seamos su mercado objetivo, pues si la Administración nos adeuda cinco meses mal estamos para poder pagar sus géneros.
Eso sí, se contempla una ponencia que ya es la guinda de lo hortera, “Abogacía low cost 2.0: dilemas y oportunidades de las sociedades de mercado”.
Apasionante futuro y que nos pille confesados.
La intención en cualquier caso no es desanimar a la asistencia al Congreso sino hacer una llamada de atención para que a su vez la alta toga no desatienda al Turno de Oficio.
En palabras de Bertolt Brecht, “cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad”.
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