Bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Foto: EP
La Comunidad de Madrid adjudicó 172 millones de euros a empresas de Gürtel y Púnica
Entre 2008 y 2015 se firmaron 1.179 contratos con empresas vinculadas a estas tramas
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29/3/2019 09:17
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Actualizado: 29/3/2019 09:17
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Bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González (PP), entre 2008 y 2015, se firmaron un total de 1.179 contratos con empresas vinculadas a las tramas Gürtel y Púnica, por un importe de 172,5 millones de euros.
Así lo arroja el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, elaborado a petición de la Asamblea de Madrid.
Revela que se firmaron contratos mayores por un importe de 133.689.256 euros con 23 empresas relacionadas con la Gürtel, de los cuales el 90% fueron obras, y 37,3 millones con Púnica.
La Cámara de Cuentas solicitó a la Comunidad de Madrid una relación certificada de todos los contratos.
Explica que la Administración le remitió 50 expedientes de contratos mayores con empresas de la Gürtel, entre ellos un expediente de convalidación de gasto, con un importe de adjudicación de 133.689.256,89 euros (IVA excluido).
METRO FORMALIZÓ 20 CONTRATOS POR 20,5 MILLONES, Y MINTRA UNO POR 57,8
Metro formalizó 20 contratos por valor de 20,5 millones; la Consejería de Educación, 16,1 millones y el Canal de Isabel II, 12 millones; mientras que la extinta empresa Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte) adjudicó 57,8 millones en un solo expediente.
Se trata sobre todo de contratos de obras, con un 90% de las adjudicaciones y un 97% del importe concedido por la administración (130 millones).
Para la prestación de servicios se fraguaron cinco expedientes de contratación valorados en 3,5 millones.
Respecto al procedimiento para la concesión, 31 contratos se hicieron por modalidad abierta por un valor de 11,5 millones, mientras que en 12 fue por procedimiento ‘negociado’ (9,1 millones) y siete por proceso ‘restringido’ (12,9 millones).
Entre 2008 y 2015 hay 149 expedientes relacionados con contratos menores con un importe de 1,5 millones. La Consejería de Educación fue la que más contratos de este tipo formalizó con empresas implicadas en la Gürtel, un total de 36, mientras que la Consejería de Deporte, que dirigía el exconsejero Alberto López Viejo, tramitó 34.
La Cámara de Cuentas detalla en la contratación menor de empresas salpicadas por Gürtel diversas irregularidades. Pone el foco sobre todo en la Consejería de Deportes, con actuaciones que evidencian fraccionamiento de contratos para no lanzar uno de mayor dimensión, que requieren licitación y concurrencia pública.
Detalla que este departamento realizó actos para los que se encargaron a una empresa diversas prestaciones, como suministro de moqueta para escenarios, cartelería, iluminación, sonido e imagen, decoración floral, diseño gráfico, entre otras.
Explica que «lo que se paga a la empresa por trabajos para un mismo acto mediante diferentes facturas, todas de la misma fecha, supera el importe de los contratos menores, por lo que tendría que haberse tramitado un expediente mayor».
«Se han producido fraccionamientos del objeto de los contratos que permitieron eludir los principios de publicidad y concurrencia«, destaca.
También hace referencia a las facturas por la prestación de servicios plurianuales, cuyo importe anual no supera el establecido para el menor de servicios, pero que, por la duración de la correspondiente necesidad, deberían ser objeto de una contratación mayor.
Señala que esto ocurrió con una empresa para la recogida de basura de 12 contenedores de 1.100 litros de la Finca El Encín desde 2010 a 2014.
PÚNICA
En cuanto al caso Púnica, las empresas que han sido relacionadas judicialmente con la causa son 162, y entre 2008 y 2015, el Gobierno madrileño, a través de distintos órganos públicos, pagó 34.736.303 euros (IVA excluido), mediante 17 expedientes de contratos mayores.
El órgano de contratación con más expedientes es la Agencia Madrileña de Atención Social, que suma cuatro, con un importe que alcanzó los 2.662.814 millones de euros.
La Consejería de Políticas Sociales y Familia, que contrató en tres ocasiones, fue la que más dinero pagó: 29,8 millones.
También están en la lista el SERMAS, con dos expedientes y 697.327 euros; Metro de Madrid, con otros dos y 529.102 euros; el Hospital de la Princesa, con 314.160 euros de un único contrato; y el ya extinguido Instituto Madrileño de Desarrollo y su grupo Empresarial (IMADE), con otros dos contratos por una cantidad de 271.949 euros.
A ellos se suman la Consejería de Educación y Juventud, con un único expediente y 190.828 euros; Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes, con 145.570 euros; y la Consejería de Empleo, Cultura y Turismo, con 61.626 euros.
Tres de estos contratos iban dirigidos a la gestión de servicios (29,8 millones), mientras que 11, con una suma de 4,2 millones era para servicios directos. También hay uno por obras y otro por suministros. El procedimiento de adjudicación más utilizado fue el abierto con varios criterios.
El organismo fiscalizador detalla también que la Administración le ha aportado relación de 963 contratos menores con empresas de esta trama de corrupción por un valor de 2,6 millones, la mayoría abonados por la Consejería de Sanidad (1.785.187).
Se especifica por la Comunidad que en el caso de la Gerencia de Atención Primaria no se concreta el número de expedientes de contratación, pero sí su cuantía.
La Cámara de Cuentas destaca que el contrato del Servicio Madrileño de Salud de suministro de una bomba de calor para el centro de Salud Goya «adolece de diversas irregularidades que supusieron unconsiderable detrimento de los principios de igualdad, objetividad, transparencia y concurrencia que informan la contratación pública».
También recoge los contratos mixtos de la Agencia Madrileña de Atención Social de gestión Energética de cuatro residencias de personas mayores. «Los expedientes no demuestran que resulte más conveniente para la Administración encargar todo el conjunto de prestaciones a una empresa que realizar por sí misma los oportunos cambios contratando con distintas empresas especializadas en cada una de las prestaciones», apuntan.
Sobre la contratación menor, en Cultura se fraccionó la reparación de los equipos de climatización de la biblioteca de Fuencarral el Pardo, mientras que en el caso del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, organizó una comida para 600 personas en Lozoyuela y encargó las carpas, escenario e infraestructuras a una empresa y la comida a otra, siendo los socios de ambas empresas las mismas personas.
En la Consejería de Sanidad, con una empresa se realizaron sucesivos contratos menores en el período 2012-2014 para la Limpieza y Mantenimiento del Centro de Salud Torrejón de Velasco, en lugar del preceptivo contrato mayor. Además, con una empresa se realizaron sucesivos contratos menores en el período 2012 -2014 para la Limpieza y Mantenimiento del Centro de Salud Torrejón de Velasco, en lugar del preceptivo contrato mayor.
La Consejería de Educación fraccionó un contrato para, por un lado, elaborar el estudio de procesos de movilidad de estudiantes universitarios y la propuesta para el portal web, y por otro, el portal del estudiante internacional. La entonces consejera, Lucía Figar, continúa investigada en la trama.
«Un socio de esta empresa lo es también de otra con la que se realizó la contratación fraccionada mediante contratos menores de la elaboración de informes de escucha activa sobra la Consejería de Educación en Internet (Medios digitales, Redes Sociales y Blogosfera) durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, por un importe total de 47.448,19 euros», señala.
Cita también la «contratación verbal» por 183.107 euros de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional para la organización y el montaje de los actos de 2 de mayo en la Real Casa de Correos, una actuación «prohibida» por ley, subraya la Cámara de Cuentas.
Además, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz celebró varios contratos con la misma empresa por valor de 5,1 millones de euros para ejecutar unas obras de construcción de un edificio, que se fraccionaron de forma «irregular». Explica que se adjudicó el contrato a la empresa que quedó clasificada en la cuarta posición en la licitación.
También cita la tramitación del expediente de contratación en 2011 para la construcción de una nueva línea ferroviaria en Torrejón de Ardoz, con un presupuesto de licitación de 116.161.921.
Dice que «la ejecución estuvo sujeta a múltiples incidencias que ponen de manifiesto una preparación del contrato poco rigurosa en la medida en que la ejecución no respondió a las previsiones realizadas».
El contrato acabó resolviéndose «por desistimiento del órgano de contratación», habiéndose ejecutado obras por importe de 19.908.000 euros
Para elaborar este informe, la Cámara de Cuentas ha analizado la información aportada por la Audiencia Nacional el 2 de marzo de 2017 sobre las empresas involucradas en los casos Gürtel y Púnica.
También solicitó a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda “una relación certificada de todos los contratos (incluidos los contratos menores) de los ejercicios 2008 a 2015″ con estas compañías.
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