El Caso Gürtel, denominado así porque era el apellido en alemán del principal acusado, Francisco Correa, se ha consolidado como uno de los mayores escándalos de corrupción política en la historia reciente de España. Un caso donde la acusación popular tuvo una gran relevancia.
La trama, activa principalmente entre los años 1999 y 2009, estuvo estrechamente vinculada a dirigentes y miembros del Partido Popular (PP).
Su modus operandi incluía el cobro de comisiones ilegales, la financiación irregular del partido y la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a cambio de sobornos, consolidando todo un entramado de corrupción institucionalizado.
En este asunto, la acusación popular fue ejercida principalmente por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y por la asociación Adade (Asociación de Abogados Demócratas de Europa).
Estas partes desempeñaron un papel crucial en el proceso judicial, actuando como contraparte independiente del Ministerio Fiscal y buscando asegurar que se investigaran y enjuiciaran todas las irregularidades relacionadas con la trama de corrupción.
Además, en ciertos momentos, otras organizaciones o partidos políticos, como Izquierda Unida, también participaron como acusación popular en diferentes piezas del caso.
“La Gürtel” arrancó en noviembre de 2007, cuando un exconcejal del PP en Majadahonda, José Luis Peñas, que trabajó para Francisco Correa durante un tiempo, entregó a la Fiscalía Anticorrupción 18 horas de grabaciones de conversaciones mantenidas con el jefe de la trama corrupta.
Aunque, si atendemos a la declaración que realizó la expresidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, ante el tribunal de la Audiencia Nacional que enjuiciaba la primera etapa del caso Gürtel, ella se enteró de la existencia de esta trama leyendo un reportaje de la revista “Interviú” en 2005, firmado por Juan Luis Galiacho y yo misma.
“Un día de marzo de 2005, el gabinete de prensa me pasó el artículo sobre las amistades peligrosas de Agag, que decía que personas afines al PP tenían adjudicaciones de gobiernos del PP, y se citaba la CAM y se citaba la empresa Easy Concept (propiedad de Francisco Correa) y a Alberto López Viejo. No me gustaba que se dijera que había personas afines al PP que conseguían cosas y llamé a Alberto [López Viejo], y le pregunté si contratábamos con esa empresa. Él me dijo que muy al principio sí y que ya no, y me dio una retahíla de nombres de empresas. No me dijo toda la verdad, que era que todas las empresas eran del mismo dueño. Yo me quedé tranquila porque él me dijo que ya no se contrataba a esa empresa”, declaró Aguirre al tribunal.
La investigación judicial de la Gürtel arrancó en 2007
La investigación judicial del Caso Gürtel arrancó oficialmente en 2007, liderada por la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de desentrañar una red de corrupción profundamente vinculada al Partido Popular (PP). Las pesquisas revelaron un complejo entramado en el que se intercambiaban pagos ilegales a cambio de la adjudicación irregular de contratos públicos por parte de diversas administraciones.
Estos fondos, procedentes de comisiones ilícitas, no solo beneficiaron a responsables políticos implicados, sino que también se destinaron a la financiación de actos electorales del PP, consolidando un sistema de corrupción institucionalizado que operó durante años en varias comunidades autónomas, principalmente en Madrid, Valencia y Castilla y León, gobernadas por el PP.
El 4 de agosto de 2008, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional, detallando los hechos descubiertos hasta ese momento en el Caso Gürtel. El juez Baltasar Garzón asumió la tramitación de la denuncia, abriendo la pieza separada 275/2008 y ordenando las primeras diligencias, todas bajo secreto de sumario. Entre estas medidas destacó la intervención de los teléfonos de los principales responsables de la trama, lo que permitió avanzar en la investigación y reunir pruebas clave contra los implicados.
Con el paso del tiempo y la creciente complejidad del caso, que se dividió en numerosas piezas, el proceso pasó por las manos de distintos jueces y magistrados de instrucción. Entre ellos, sobresalen figuras como el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio María Pedreira, el magistrado José de la Mata y el juez Pablo Ruz, del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional.
Si bien la denuncia inicial de José Luis Peñas, señalaba múltiples delitos y a un considerable número de implicados, fue el punto de partida para una investigación judicial que desveló un entramado mucho más profundo.
Conforme avanzaron las diligencias, no solo se identificaron nuevos delitos y más personas involucradas, sino que también salieron a la luz prácticas ilegales que no estaban documentadas en las grabaciones aportadas por Peñas, como la caja B que manejó el extesorero Luis Bárcenas durante casi 20 años y con la que se financió el partido ilegalmente, o el pago en dinero negro de las obras de reforma de la sede nacional del Partido Popular.
El juicio y la sentencia que cambió todo
Además, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgaba la primera época de Gürtel, compuesto por tres magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal: Ángel Hurtado (presidente del tribunal y ponente), Julio de Diego López y José Ricardo de Prada, decidió en 2017 llamar a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, atendiendo a la insistencia de la acusación popular ejercida por Abogados Demócratas de Europa (Adade).
Fue la primera vez que un presidente del Gobierno en ejercicio declaraba ante un tribunal en un caso de corrupción, antes, en 1998, lo habían hecho Leopoldo Calvo Sotelo, a finales de los 80 por el caso del consumo de aceite de colza; Adolfo Suárez lo hizo como testigo en 1995, en el «caso Banesto»; Felipe González ante el Tribunal Supremo calidad de testigo en el «caso Marey» y José María Aznar, quien también declaró por la Gurtel, aunque entonces ya no eran presidente.
Las respuestas de Rajoy fueron consideradas evasivas por algunos sectores, lo que alimentó las críticas de la oposición y las dudas sobre la gestión del PP durante los años en los que se desarrolló toda esta trama. Su testimonio también contribuyó a reforzar la percepción pública de que el Caso Gürtel había erosionado gravemente la credibilidad del PP.
Un año después, el 25 de mayo de 2018, la Audiencia Nacional daba a conocer la sentencia condenatoria de la «Gürtel».
El tribunal consideró probado que, durante 1999 y 2005, las empresas lideradas por Correa y el Partido Popular tejieron «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido».
29 de los 37 acusados se repartieron un total de 351 años y 1 mes de cárcel.
Los delitos por los que les condenaron fueron múltiples: asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.
Los cabecillas de la trama fueron condenados a penas durísimas: Francisco Correa, el “cerebro” fue condenado a 51 años de prisión; su socio, Pablo Crespo, fue condenado a 37 años y medio; el otro socio, «el Bigotes», resultó absuelto.
También fue condenado el extesorero del PP Luis Bárcenas, al que le cayeron 33 años de cárcel y 44 millones de euros de multa.
El PP, el primer partido de la historia de España condenado por corrupción
Uno de los puntos más relevantes de esa sentencia fue que condenó también al Partido Popular como partícipe a título lucrativo (una figura penal para quien se beneficia de los delitos que otros cometen). Además, multó al PP con 245.000 euros, siendo el primer partido de la historia de España condenado por corrupción.
Este caso socavó «la credibilidad» del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien se sometió a una moción de censura contra él promovida por el PSOE con el apoyo de Unidas Podemos y los partidos independentistas, que aupó a Pedro Sánchez al poder en 2018.
Las implicaciones políticas del caso llevaron a una moción de censura contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, promovida por el PSOE y que contó con el apoyo de Unidas Podemos y los partidos independentistas. Esto supuso la destitución de Rajoy y la llegada al poder de Pedro Sánchez en 2018.
