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La Generalitat Valenciana copia el modelo catalán y expulsa a las VTC de la Comunidad

El decreto ley aprobado por el gobierno autonómico supondrá la desaparición de esta actividad en ValenciaTras el Decreto Ley aprobado por el Gobierno valenciano, las VTC tienen los días contados en esta CCAA.
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Las restricciones que se han dado a conocer este viernes supondrán la desaparición de más de 500 empleos.

El blindaje del monopolio del taxi costará a los valencianos 166 millones de euros en concepto de indemnización.

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Unauto VTC Valencia, la asociación que representa a la mayoría del sector en esta Comunidad Autónoma, ha lamentado que la Generalitat Valenciana haya aprobado un Decreto Ley que, copiado del catalán, supondrá la desaparición del sector de la VTC en Valencia.

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El pleno del Consell aprobaba ayer viernes el decreto ley que regula el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) en la Comunidad Valenciana y obliga a contratar con una antelación mínima de quince minutos los servicios ofertados a través de plataformas digitales como Uber o Cabify, que advirtieron de que se marcharían de Valencia si prosperaban esas restricciones.

En la rueda de prensa posterior, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, señaló que esa normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y debe ser convalidada por la Diputación Permanente de Les Corts.

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Al parecer, habrá un periodo transitorio de dos meses para adaptarse a esa exigencia de precontratación con quince minutos, similar a la implantada en Cataluña y que, según la patronal Unauto VTC Comunidad Valenciana, pone en peligro 500 empleos y motivará reclamaciones de indemnizaciones por importe de 166 millones de euros.

Desde la Generalitat valenciana se insiste en que el decreto ley cuenta con los informes favorables preceptivos de instituciones como la Abogacía General de la Generalitat y viene a sumarse a la regulación de Aragón, País Vasco, Baleares y Cataluña.

Esa normativa también establece que los vehículos de VTC no pueden «circular por la vía pública a la busca de clientela» ni «propiciar la captación» de clientes mediante la geolocalización ni el estacionamiento en vías públicas o lugares de concentración de demanda como aeropuertos, centros comerciales, instalaciones deportivas, paradas de taxis u hospitales.

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Con esta regulación, el Consell pretende garantizar espacios de convivencia entre las VTC y el sector del taxi, espacios de armonización y evitar situaciones de conflicto que generen un perjuicio al usuario, y se hace pensando sobre todo en los usuarios.

También se señala desde la propia Generalitat que «el sector de los VTC no está tan regulado, mientras el sector del taxi está sometido a una fuerte regulación».

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Según datos de la Generalitat, en la Comunidad Valenciana existen 4.695 licencias de taxi y 377 licencias de VTC.

Desde la patronal Unauto VTC se insiste en que esta “expulsión  de este colectivo de la Comunidad Valenciana supone la destrucción de más de 500 puestos de trabajo, además de los cientos previstos para los próximos meses, así como indemnizaciones de 166 millones de euros a los titulares de las autorizaciones VTC.

La normativa podría incurrir en inconstitucionalidad, al ir contra el artículo 38 de la Constitución, de Libertad de Empresa, como apuntó recientemente el Consell de Garanties Estatutàries de Cataluña.

Ricardo González, presidente de Unauto Valenciano señalaba que “la presión del taxi ha vuelto a funcionar y, siguiendo el ejemplo catalán, el Govern ha regulado en contra de la creación de empleo y de la libertad de elección del ciudadano.

Y lo ha hecho sin escuchar al sector que estaba regulando, a las autoridades de competencia valenciana y a una mayoría de la población”.

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Unauto lamenta que la Generalitat Valenciana no haya consultado con el sector un texto normativo que regula su actividad, que no haya respetado el periodo de alegaciones de su propia consulta pública y que apruebe el texto con las elecciones convocadas, aduciendo una falsa urgencia para aprobar un decreto desde la diputación permanente.

“Que el Decreto Ley contemple un plazo de aplicación de dos meses no es más que posponer el problema, pero por lo menos permitirá al sector seguir operando durante este tiempo para que los conductores y conductoras de la VTC en Valencia tengan algo de margen para buscar un nuevo trabajo”, añadió González.

Desde Unauto que acaban de reelegir a su actual presidente Eduardo Martín y a Josep Maria Goñi, secretario general, son conscientes de que hay mucho por hacer y por conseguir para el sector  de las VTC y se ha comprometido a «continuar luchando contra la fragmentación regulatoria en España, fruto de las presiones del sector del taxi”.

Desde esta patronal se insiste en que estas medidas «van contra los intereses de los ciudadanos y destruyen miles de puestos de trabajo», si bien ha añadido que «afortunadamente tienen corto recorrido porque atentan contra la Constitución».

Rechazo ciudadano

Las regulaciones a medida del taxi están generando el rechazo mayoritario de los españoles, que ven limitada su libertad de elegir cómo moverse por sus ciudades.

De acuerdo con una encuesta realizada por Metroscopia, hecha pública este jueves el 74% de los españoles ve de forma muy negativa que se esté negando el derecho de los ciudadanos a elegir cómo moverse por sus ciudades.

Además, un 77% de los ciudadanos valora negativamente la regulación aprobada recientemente por la Generalitat de Cataluña, mientras que un 64% está de acuerdo con la decisión de la Comunidad de Madrid de no acceder a las demandas del sector del taxi.

En este enlace se encuentra el informe completo de la encuesta donde también se indica que el  67% de los españoles piensa que las autoridades no deberían limitar la aparición de nuevas formas de movilidad como Uber y Cabify.

Otros datos destacados señalan que el 82% considera que las compañías como Uber y Cabify tienen un impacto positivo en la creación de nuevos puestos de trabajo y para el 76% estas aplicaciones tienen un impacto positivo en la movilidad urbana.

Y que otro 81% de los ciudadanos cree que las autoridades deberían liberalizar el sector, igualando las condiciones para que tanto el taxi como los VTC puedan prestar servicio en las mismas condiciones.

Otra cuestión que contestan los españoles es que un 60%, cree que la regulación del conflicto entre el sector del taxi y el de las VTC debería corresponder al Gobierno central.