Han pasado casi tres años desde que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) suscribió un Manifiesto sobre el cambio que la sociedad demanda respecto al tratamiento jurídico de la disposición de la propia vida y, muy especialmente, en lo que respecta a la punibilidad de la intervención de terceros.
Aseguran que «los cambios introducidos en nuestro ordenamiento en los últimos años supusieron en su momento un avance importante al acotar el deber de tratamiento médico, supeditándolo a la voluntad autónoma del paciente y no a las posibilidades técnicas de mantener la vida».
En este sentido, expresan «nuestra honda preocupación por la modificación que la disposición final segunda de la ley 26/2015 hizo del consentimiento por representación, hasta el punto de vaciarlo de contenido real».
En todo caso, y a pesar de las leyes autonómicas denominadas “de muerte digna”, creen que «permanece fuera del ámbito de libre decisión personal la obtención de ayuda experta para finalizar la propia vida de un modo seguro, pacífico e indoloro cuando, a criterio del interesado, la vida que resta no merece ser vivida».
Se castiga con penas privativas de libertad a quienes presten una ayuda benefactora solicitada libre, seria y reiteradamente por una persona que se encuentra en la lamentable situación que describe el artículo 143.4 del vigente Código Penal.
Consideran que constituye una crueldad añadida al obligarle a vivir contra su voluntad, o abocarle a una muerte trágica y violenta, cosas ambas incompatibles con el sistema de valores que incorpora la Constitución.
Por tanto, reafirman que «el artículo 15 de la Constitución Española debe interpretarse a la luz del libre desarrollo de la personalidad y del estricto respeto a la dignidad personal que la propia Constitución reconoce como “fundamentos del orden político y la paz social”.
«En consecuencia, una vida impuesta a su titular no puede merecer la consideración de bien jurídico protegido».
Crearía un “deber de vivir” en lugar del “derecho a la vida”
Ello crearía un “deber de vivir” en lugar del “derecho a la vida” y pone en entredicho la legalidad, tanto del rechazo a un tratamiento salvador como de la limitación terapéutica ante situaciones de carácter irreversible.
Añaden que «el poder legislativo no puede seguir ignorando la voluntad popular soberana.
Tantas veces como se le ha preguntado, la sociedad española, sin restricción de edad, credos ni adscripción política, ha manifestado de forma abrumadoramente mayoritaria su voluntad de que se regule legalmente la eutanasia».
La experiencia acumulada en los países de nuestro entorno cultural y político que regularon estas conductas hace ya muchos años, e «indica que no se ha materializado el impacto negativo sobre las poblaciones vulnerables que algunos emplean como argumento para frenar la legalización de las conductas eutanásicas».
Desde la Unión Progresista de Fiscales, solicitan al nuevo Gobierno la despenalización de las conductas contempladas en el artículo 143.4, y la derogación de la disposición final segunda de la ley 26/2015.
La apertura de un debate parlamentario, transparente a la ciudadanía, que culmine en una ley reguladora de las conductas eutanásicas garante de la libre autonomía personal proclamada por nuestra máxima norma, al tiempo que de la obligada protección de colectivos presuntamente vulnerables. La ley deberá incluir una adecuada regulación del suicidio asistido.
