La magistrada Pilar de Lara considera «desproporcionada» la sanción de 7 meses de suspensión de empleo y sueldo y pérdida de destino que la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, recientemente le impuso, por unanimidad, por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales, prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
«Personalmente veo la sanción un poco desproporcionada pero no puedo valorar todavía. Supongo que estará fundamentada y en virtud de esa fundamentación hablaremos con más criterio, pero sí me sorprendió sobre todo porque el fiscal pide tres meses y la sanción es de siete meses y un día, que tampoco sé si es habitual ya que casi suena a un término carcelario».
La magistrada hizo estas declaraciones tras la celebración de una vista en la que el empresario Miguel García Gesto y su madre confirmaron ante el el Juzgado de lo Penal 2 de Lugo, del que es titular el magistrado Alfonso Jiménez Marín, el acuerdo previo al que habían llegado con la Fiscalía y la acusación particular al reconocer un delito de amenazas.
La pena pactada ha sido una multa de 1.800 euros cada uno –o 6 meses de prisión, si no la pagan–. García Gesto reconoció también una falta de lesiones a uno de los abogados que iba con la magistrada, por lo que abonará 160 euros; y una falta de daños, por la que abonará 150 euros de sanción y una indemnización a una segunda abogada de 95 euros.
La Fiscalía había solicitado, en un principio tres años de cárcel por un supuesto delito de atentado a la autoridad por unos hechos sucedidos en 2013, en un altercado que tuvo lugar en un bar de Lugo y que después devino en riña callejera.
De Lara, tras la vista preceptiva, explicó su situación, en torno a la sanción que le ha impuesto el CGPJ, ante los periodistas allí concentrados sobre su situación.
Ha sido la primera vez.
«No puedo hacer valoraciones. Supongo que estará fundamentada y en virtud de esa fundamentación podremos hablar con más criterio. Pero sí que me sorprendió. Como ya explicó mi abogado, el fiscal pide tres meses y la sanción es de siete meses y un día, que tampoco sé sí es lo habitual», dijo.
La magistrada sancionada admitió haberse visto sorprendida por «la rapidez» con la que se resolvió la sanción.
De Lara, hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, afirmó también que sufrió «presiones de todo tipo, como denuncias, quejas, insultos en foros de guardias civiles, ataques por parte de algún investigado, que es a lo que venimos a juzgar hoy (por este miércoles), hechos que son de 2013 y no es una macrocausa y se ha tardado en juzgar».
CONFÍA EN QUE SE LE REVOQUE LA SANCIÓN
La magistrada confía en que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial revoque la sanción y ratifica que la recurrirá cuando se le comunique oficialmente.
«Yo lo único que pido es que lean, y que contrasten con la documentación, muy extensa; es un expediente muy voluminoso y puede ser susceptible de interpretaciones. Lo único que pido es que lean, y que contrasten», ha reclamado.
De Lara ha insistido en que comprueben si «ha habido errores por el servicio de inspección tal y como se ha venido diciendo».
«Que examinen que desde el 2015 que se alegó que teníamos un expediente de seguimiento abierto y no se notificó hasta el 2017, que (examinen) si eso es verdad, si ese expediente de seguimiento del servicio de inspección ha estado paralizado durante dos años. Que se contraste todo», ha pedido, antes de asegurar que «sí» confía.
SOBRE LA UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA
Preguntada por la unanimidad en la sanción, por parte del CGPJ, Pilar de Lara ha recalcado que tiene «confianza que si se hizo así, esté motivado y se considere que es así», otra cosa, añadió, es su «discrepancia». «No se sí es habitual o no que se resuelva por unanimidad», convino.
Interpelada sobre si lo que se busca es ‘sacarla’ de su juzgado de Lugo, se limitó a exponer que «no» puede «afirmar que sea así».
«Ni quiero pensar que sea así, porque si no estaríamos hablando de que podrían existir otro tipo de factores y en absoluto creo eso», ha continuado, antes de añadir que ella cree que «la Comisión Disciplinaria ha obrado de acuerdo con su conciencia y jurídicamente y no me cabe la menor duda».
FALTA DE MEDIOS
De Lara volvió a echar la culpa de lo que le ha sucedido a la falta de medios, que se supone que tendría que haber facilitado la Xunta.
«En el Tribunal Superior de Justicia de Galicia tenían no uno, ni dos, ni tres, sino varios escritos dando cuenta de la situación de absoluta desesperación en que se encontraban todos».
«Secretario, juez, personal del juzgado… Porque entendíamos que no se estaban poniendo los medios materiales suficientes», ha incidido.
«Al fin y al cabo el escáner que veníamos reclamando con bastante intensidad nos lo pusieron en diciembre del año pasado; hasta ese momento contábamos con los mismos medios que los otros dos juzgados que no tienen tantas macrocausas», ha puesto como ejemplo.
En cuanto a los medios personales, ha afeado que solo pusieron un funcionario de refuerzo de los cuatro que solicitaba el servicio de inspección, hubo bajas de funcionarios que no se cubrieron o se hizo tarde.
Así, también aludió a que «una funcionaria estuvo un año y medio de baja y no se cubrió»; mientras que «otro funcionario en comisión de servicio tardó seis u ocho meses en cubrirse».
«Entonces, llegó un momento en el que eso sobrepasó, y en el Tribunal Superior de Xusticia tienen escritos y dando cuenta igualmente de la situación de desasosiego que vengo sufriendo a lo largo de bastantes años», ha aseverado.
