La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado el juicio a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes en relación al Máster que cursó en 2011-2012 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.
El tribunal de la Sección 16 de la Audiencia de Madrid ha desestimado el recurso de apelación presentado por Cifuentes, el catedrático Enrique Álvarez Conde, fallecido recientemente, y por la exasesora de la Consejería de Educación Teresa Feito contra la decisión del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que a finales de noviembre de 2018 transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado por un presunto delito de falsificación de documentos públicos.
En esta causa también está acusada Cecilia Rosado, docente de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que en esta ocasión no presentó recurso.
El tribunal concluye por unanimidad que Cifuentes «exhibió públicamente el documento inveraz que había inducido a confeccionar, siendo plenamente consciente de su falsedad, pues era sabedora, como nadie, que no había llevado a cabo el trabajo de fin de Máster, ni lo había defendido el mismo ante un tribunal universitario».
Esta consideración determina el rechazo del recurso formulado por la supuesta conculcación del derecho a la presunción de inocencia de los interesados y ratifica la apertura de juicio.
Los magistrados avalan la investigación de esta pieza dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, al corroborar que «no queda rastro documental alguno del trabajo de fin de Máster (de Cifuentes), ni en los archivos de la URJC (…) ni en los correos electrónicos, ni en formato papel, ni en ningún sitio, y no estamos hablando de un documento fechado en épocas pretéritas, sino apenas seis años antes de la investigación».
Además, el tribunal señala que adopta esta resolución sin perjuicio de la presunción de inocencia y que, en todo caso, será durante la celebración de la vista oral, «con mayores garantías y con mayores y mejores elementos de prueba», cuando se determinen las posibles responsabilidades penales, si finalmente las hubiera.
El tribunal también ha dictado otros dos autos correspondientes a sendos recursos de apelación formulados en su día por Enrique Álvarez Conde contra diversas resoluciones acordadas por la juez instructora.
Los magistrados no se pronuncian sobre los mismos, ya que la responsabilidad criminal del catedrático se ha declarado extinguida tras su fallecimiento.
LOS ARGUMENTOS DE LA JUEZ INSTRUCTORA PARA PROCESAR A CIFUENTES
La magistrada Carmen Rodríguez-Medel sostiene en su auto de procesamiento que las explicaciones de Cifuentes durante su declaración en sede judicial “no resultaron creíbles” sobre si efectivamente hizo este trabajo, condición necesaria para obtener la titulación.
“Significativo es el hecho de que no conserve copia del trabajo, ni de los sucesivos borradores, ni de cualquier correo electrónico en el que remitiera el mismo o lo sometiera a corrección del profesor AC (Álvarez Conde) o cualquier correo electrónico de este corrigiéndolo”, señaló en el auto.
LA FISCALÍA PIDE TRES AÑOS Y TRES MESES DE CÁRCEL PARA CIFUENTES
La Fiscalía ha pedido 3 años de cárcel y 3 meses para Cifuentes un presunto delito de falsedad documental al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido el trabajo de fin de su máster, algo que nunca ocurrió.
A la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Cecilia Rosado la señala como presunta autora de la falsificación del acta y ha solicitado para ella 21 meses de prisión; una pena inferior a la Cifuentes porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.
Para la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito ha pedido 3 años y 3 meses.
También ha solicitado para Cifuentes 20 meses de multa a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco.
Cifuentes dimitió el pasado 25 de abril de 2018 como presidenta regional y del PP de Madrid por la polémica de su máster y el vídeo en el que presuntamente aparecía hurtando dos cremas faciales en un supermercado.
En octubre se dio de alta como colegiada del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) para ejercer como abogada.
