La juez procesa a Cifuentes por presunta falsedad documental en el caso del Máster

También ha procesado al exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la URJC Enrique Álvarez Conde, a la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Cecilia Rosado y a la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito.

En su auto, al que ha tenido acceso Confilegal, la magistrada expone que los cuatro podrían haber incurrido en un delito de falsedad documental, tipificado en el artículo 390 del Código Penal, que castiga a las autoridades o funcionarios públicos que lo cometan en el ejercicio de sus funciones con penas de tres a seis años de prisión, multa de seis a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años.

Recuerda que conforme a reiterada doctrina del Tribunal Supremo, el delito de falsedad documental «no es un delito de propia mano».

«En este sentido, es especialmente importante recordar cómo ha venido configurando en la jurisprudencia el papel de inductor a la falsificación, siendo ello plenamente aplicable a los investigados en esta causa, que no intervinieron materialmente en la redacción del acta de defensa del Trabajo de Fin de Máster» de Cifuentes, destaca Rodríguez-Medel.

La magistrada da traslado de la resolución a la Fiscalía y a las acusaciones particulares y populares para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, o bien soliciten el sobreseimiento de la causa.

Contra este auto cabe recurso de reforma y de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Rodríguez-Medel considera que los hechos relativos son susceptibles de tipificarse como falsedad documental, y recuerda que las dos docentes que figuran en el polémico acta del TFM, Alicia López de los Mozos y Clara Souto, aseguraron que no estamparon su firma en dicho documento.

López de los Mozos también afirmó que no presidió ni formó parte del tribunal que evaluó el trabajo de Cifuentes.

Por otra parte, la juez sostiene que las explicaciones de Cifuentes durante su declaración en sede judicial «no resultaron creíbles» sobre si efectivamente hizo este trabajo, condición necesaria para obtener la titulación.

«Significativo es el hecho de que no conserve copia del trabajo, ni de los sucesivos borradores, ni de cualquier correo electrónico en el que remitiera el mismo o lo sometiera a corrección del profesor AC (Álvarez Conde) o cualquier correo electrónico de este corrigiéndolo», manifiesta.

También aprecia que «no parece verosímil» que en 2012 se «obviaran» esas fórmulas de comunicación «tan ágil, sencilla, rápida y accesible» y «fuera todo manual».

«No resultan convincentes las alegaciones» de Cifuentes, expresa la magistrada.

Respecto a la agenda digital de la Delegación de Gobierno de Madrid del 2 de julio, fecha en la que presuntamente se habría reunido el tribunal calificador para comprobar si aparecía esa notación, señala que este departamento no puede informar sobre la existencia de esa cita y que no pueden ser consultadas por el tiempo transcurrido.

La juez aprecia una contradicción en el testimonio de la expresidenta, pues esa imposibilidad también era «predicable» en marzo de 2018, cuando señaló que había comprobado que ese fue el día en el que defendió su TFM.

CIFUENTES DIMITIÓ EL 25 DE ABRIL COMO PRESIDENTA REGIONAL, EN OCTUBRE SE DIO DE ALTA COMO COLEGIADA DEL ICAM

Cifuentes dimitió como presidenta regional el pasado 25 de abril por la polémica de su Máster en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, un mes después de estallar el caso.

Aquel día se publicó un vídeo en el que presuntamente aparecía hurtando dos cremas faciales en un supermercado.

El mes pasado, la expresidenta madrileña se dio de alta como colegiada del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) para ejercer como abogada.

Cifuentes llevaba 25 años desempeñando cargos en la Administración, como diputada en la Asamblea de Madrid, delegada del Gobierno y presidenta madrileña.