La Audiencia Nacional condena a 50 años de cárcel al etarra Lupiáñez por el secuestro de una familia
Ha sentenciado a Gorka Lupiáñez Mintegui por tres delitos de detención ilegal, robo con intimidación y tenencia de explosivos.

La Audiencia Nacional condena a 50 años de cárcel al etarra Lupiáñez por el secuestro de una familia

En agosto de 2007 participó en el secuestro de una pareja y su hijo de 4 años en Francia, a la que se le robó su autocaravana, que los etarras de la T4 usaron para atentar después en Castellón
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12/4/2019 16:59
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Actualizado: 12/4/2019 17:10
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La Audiencia Nacional ha condenado a 50 años de prisión al etarra Gorka Joseba Lupiáñez Mintegui por participar en el secuestro de una familia española en Francia, una pareja y su hijo de 4 años, y robar su autocaravana, que los etarras de la T4 usaron para atentar después contra una torre de red eléctrica de Castellón en 2007.

La sentencia, fechada a 8 de abril, la ha impuesto el tribunal de la Sección Cuarta de lo Penal, formado por los magistrados Juan Francisco Martel Rivero, Fermín Echarri Casi y Carmen Paloma Gonzalez Pastor, que ha sido la ponente.

Lo ha condenado a 7 años por un delito de robo con intimidación, a 36 años por tres delitos de detención ilegal y a otros 7 por tenencia o depósito de explosivos.

Además, le ha impuesto que indemnice a la familia secuestrada con 71.000 por las secuelas psicológicas (44.800 a la mujer y 26.200 al hombre, y con 41.206 euros por los daños causados a los bienes que les sustrajeron.

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Los hechos tuvieron lugar en agosto de 2007, en la localidad francesa de Messanges-Plag, en Les Landes.

Según la sentencia, en la madrugada del 24 de agosto de 2007, cuatro horas después del atentando contra el cuartel de la Guardia Civil de Durango (Vizcaya), Lupiáñez y otras tres personas irrumpieron armados y cubiertos con pasamontañas en la autocaravana de una familia, que se encontraba dentro.

Los asaltantes se identificaron en un principio como policías, después como miembros de ETA y amenazaron al padre con matar a los demás si este no entregaba las llaves del vehículo, una Mercedes Vito adaptada como autocaravana.

Uno de los etarras se puso al volante de la autocaravana y llevaron a la familia a una vivienda en la localidad de Gurs, en la que Lupiañez la tuvo secuestrada dos noches mientras sus compañeros se llevaban la autocaravana hasta Castellón, y en un intento de atentar contra una torre de Red Eléctrica, la hicieron explotar a siete kilómetros de la localidad de Les Coves de Vinromà (Castellón).

Las víctimas estuvieron atadas a una cama hasta el día 26, cuando las llevaron a las inmediaciones de un bosque en Oussez-Suzan, donde les hicieron pasar la noche durmiendo al descubierto, junto a uno de los secuestradores.

Al día siguiente fueron liberados, después de que los captores confirmaran que el atentado se había llevado a cabo.

La familia tuvo que caminar por la carretera hasta que fue recogida por un vehículo que les trasladó a Tartas, donde denunciaron los hechos a la policía.

Unos días después, se registró un piso de ETA en la localidad de Lot en el que Lupiañez estuvo alojado y se incautaron tanto objetos robados a la familia que secuestraron como explosivos que habrían permitido realizar 125 kilogramos de kaskabarra y 263 kilogramos de amonal.

La autocaravana fue utilizada para el atentado contra una torre de la red eléctrica en Castellón por el que  fueron condenados a 8 años de cárcel los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, autores del atentado de la T-4 del del aeropuerto de Madrid en 2006.

Lupiañez fue detenido, armado, en 2007 en Vizcaya. La Audiencia Nacional lo condenó en 2009 a 11 años y 11 meses por pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas y delito continuado de falsedad de documento oficial.

La sentencia sobre el secuestro de la familia y el robo de la autocaravana la ha

El tribunal de la Sección Cuarta de lo Penal de la AN señala que el «conjunto de las pruebas» practicadas durante el juicio, que se celebró entre finales de febrero y principios de marzo, ha resultado «suficiente» para «anular la presunción de inocencia que protege al acusado, permitiendo desmontar y dejar sin efecto la declaración exculpatoria prestada en el plenario».

Pero también «para dejar sin efecto la existencia de una hipotética duda acerca de su participación», añade.

Los magistrados apuntan que llegan a esta conclusión tras el «análisis detallado, coherente y cohonestado» de todas estas pruebas y por las contradictorias declaraciones de Lupiañez no sólo durante la vista oral, «sino en cuantas ocasiones ha sido preguntado al efecto».

Para el tribunal, se ha puesto «una vez más en evidencia la mendicidad» de sus comparecencias.

La resolución repasa toda la actividad probatoria practicada en el juicio y concluye que «los hechos tuvieron lugar como se describe en el escrito de acusación y no como dice el acusado -que siempre negó los hechos-, desmontando la invericidad de su declaración».

Según el escrito de la Fiscalía, los restos biológicos de Lupiáñez hallados en un saco de dormir en un piso en Francia donde ETA escondía un arsenal, así como las huellas dactilares suyas que aparecieron tanto en la casa donde estuvo secuestrada la familia, como en el coche que la banda terrorista utilizó para trasladarla a aquella vivienda y después liberarla en mitad del monte son prueba suficiente de su participación.

EL ETARRA NEGABA LOS HECHOS

En el juicio, que arrancó el pasado 22 de febrero, este individuo se desvinculó de los hechos. Dos etarras en calidad de testigos avalaron su relato.

A preguntas tanto del Ministerio Fiscal como de su defensa, Lupiáñez incidió en que su papel en ETA era encargarse de la logística y, en particular, trasladar material, documentación y en ocasiones explosivos, entre Francia y el País Vasco, pero sin involucrarse directamente en la ejecución de acciones.

«Mi cometido era ese, el traslado de materiales sobre todo de Francia al País Vasco para evitar que aquellos comandos que estuviesen actuando en el País Vasco tuviesen que cruzar la frontera. A mí se me da el cometido de andar cruzando la frontera para evitar que otros la crucen, a mí no se me va a dar la labor de realizar ninguna acción. Si yo cruzo la frontera otros no tienen que hacerlo», insistió.

Sobre el hecho de que sus huellas apareciesen tanto en la casa donde estuvo retenida la familia en el sur de Francia, como en el coche y en el saco de dormir, supone que otros moverían esas cosas a aquella vivienda, porque asegura que nunca estuvo allí.

Dijo que él «había perdido el contacto» con ETA tras la detención de la persona a través de la cual se relacionaba con la banda terrorista y, para recuperar esa relación, concertó «una cita el 17 de agosto» en una localidad al sur de Francia.

Según su testimonio, una vez allí le «taparon los ojos» y le condujeron en un coche hasta una casa cuya localización desconoce, y en la que pernoctó en una cama usando el saco de dormir que le dieron.

Afirmó ante el tribunal que en aquella casa no había nada más, relato que confirmaron por videoconferencia Aitor Iriondo y Ohian Barraola, quienes ratificaron la existencia de aquella cita en agosto y el traslado de Lupiañez Mintegui a una casa, no así su participación en el secuestro de la familia.

Sin embargo, para la Fiscalía había pruebas suficientes de que Lupiáñez participó en el secuestro y confirmó su petición de 50 años de cárcel para el etarra (12 años de prisión por la detención ilegal de cada uno de los tres miembros de esta familia, 7 años por el robo a punta de pistola de la autocaravana y otros 7 por tenencia o depósito de explosivos), la misma que pena a la que lo ha sentenciado el tribunal.

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