La Comunidad de Madrid ha propuesto una sanción económica de hasta 600.000 euros a la empresa que gestiona la residencia Los Nogales, donde la Justicia investiga malos tratos a dos ancianas, y que la directora sea inhabilitada cinco años, tras comprobar que ocultaba a la Consejería de Políticas Sociales denuncias y quejas de los familiares.
Ambas estarán supeditadas a la resolución judicial.
Además, propone una sanción de 78.622 euros al centro por una infracción muy grave en el pliego de clausulas administrativas particulares, como son la deficiencia o desatención en la prestación del servicio, que provoca que una situación de peligro, grave incomodidad o abandono notorio en el cuidado y protección personal de los usuarios. Esta será impuesta de manera inmediata.
La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra tres trabajadores de esta residencia, ubicada en el distrito de Hortaleza, por presuntos malos tratos físicos y psicológicos a dos ancianas que tenían a su cargo. En la actualidad ya no forman parte de la plantilla.
El hijo de una de las ancianas (ya fallecida) denunció el pasado 4 de diciembre ante el Ministerio Público que su madre venía padeciendo una situación de maltrato continuado en la residencia.
Aportó tres vídeos grabados en el interior de la habitación y ocho fotografías de lesiones que presuntamente habían sido infringidas por el personal de la residencia.
La Comunidad de Madrid abrió dos expedientes sancionadores, uno por parte de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor y otro a través de la Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones (CIRA).
Inspectores de la Consejería de Políticas Sociales y técnicos de la Secretaría General Técnica y de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor visitaron ayer el centro y cada una de las partes ha elaborado un expediente.
Por considerar como falta muy grave los hechos denunciados por la Fiscalía, los inspectores han incoado un procedimiento sancionador, en base al artículo 30 de la ley 11/2002 de 18 de diciembre, en el que se propone una sanción económica contra la gestora de la residencia por una cuantía de hasta 600.000 euros, cinco veces más que la máxima sanción interpuesta hasta ahora que era de 120.000 euros.
El año pasado, la Comunidad de Madrid ya recibió una denuncia de 120 familiares de esta residencia y cerró el asunto tras comprobar que «no presentaba ninguna deficiencia grave». Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales han informado que esa denuncia estaba relacionada con problemas de higiene y alimentación y no tenía que ver con el caso de malos tratos denunciado ante la Fiscalía.
La Comunidad de Madrid ha mostrado su más absoluto «rechazo y repulsa» por los hechos conocidos a través de la denuncia de la Fiscalía. Ha trasladado su compromiso a los familiares de los residentes de que lo denunciado tendrá «una respuesta contundente» por parte del gobierno regional.
«No se va a mostrar ningún signo de tibieza ante unos hechos que a todos nos han sobrecogido», han destacado desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia.
Fuentes del Ejecutivo autonómico han manifestado que todos los centros de personas mayores financiados por la Comunidad están sujetos a un sistema de control y vigilancia a través de dos procesos.
Por un lado, los técnicos de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor realizan visitas periódicas de control y seguimiento de los Pliegos que establecen las obligaciones de la prestación del servicio de atención residencial y de centro de día del centro residencial.
Y, además, la Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones la Comunidad de Madrid realiza controles adicionales sobre los centros.
Las mismas fuentes han informado que la Comunidad de Madrid ha realizado 4.126 inspecciones en sus más de 1.200 centros, el doble de las inspecciones que exige la ley.
Han hecho «un llamamiento a la tranquilidad, entre la opinión pública y especialmente entre los familiares de residentes para no señalar ni estigmatizar a los profesionales que trabajan en estos centros cuya excelente labor y compromiso diarios no se puede ver machado por el comportamiento de determinadas personas».
