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Esmeralda Rasillo, directora general de Justicia: «Se nos ha exigido en 8 meses lo que a otros en 4 años»

ES LA DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA La directora general, Esmeralda Rasillo, cree que es necesaria una nueva organización territorial de la Administración de Justicia. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
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Y lo repite varias veces a lo largo de la entrevista. Es un tono de injusticia cometida. De reivindicación del trabajo que realizan en el Ministerio de Justicia.

«Aquí es raro el día en que la gente sale antes de las 8 o las 8.30 de la tarde», afirma la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo.

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«Somos muy poca gente, que trabaja muy bien, y el trabajo es ímprobo», añade Rasillo, de 58 años.

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Hasta el pasado mes de julio esta fiscal –y criminóloga–, con 34 años de carrera a sus espaldas, estaba destinada, desde hacía 12 años, en la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En 2016 recibió el premio Calidad de la Justicia, en nombre de la FGE, otorgado por el Consejo General del Poder Judicial, en la categoría ‘entidades y organismos relacionados con la Administración de Justicia’ –que recibió conjuntamente con el Consejo General de la Abogacía Española– por el por el proyecto conjunto “Agenda de conformidades con fiscalía”, en el que tuvo una participación directa y activa.

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Rasillo es de la que se cree lo que hace hasta la médula. Ocupa uno de los destinos más complejos y complicados del Ministerio. No es una silla de tortura, pero se le asemeja bastante.

La directora general es de hablar tranquilo. Te mira a los ojos y te transmite sinceridad y franqueza.

No pone ninguna condición a la entrevista. Sólo pregunta al comienzo, «¿Y esto cómo va?». Contesto: «Yo pregunto y usted responde, simple». Se ríe.

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¿Por qué se prometieron 300 nuevos puestos de jueces y fiscales, luego se anunció que serían 500 y después se bajaron a 300, otra vez? ¿Qué ocurrió?

Cuando se intentó hacer la nueva Ley de Presupuestos la previsión era de 500. No sabemos lo que ocurrió, porque también hay controles en otros Ministerios. Y cuál es nuestra sorpresa cuando sale que eran 100.

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La ministra de Justicia habló con la de Hacienda, que le dijo “pueden ser 500”. Y salen ahora 300, porque estamos en prórroga de presupuestos.

Nos ha costado, pero hay una próxima convocatoria de 300. Y eso es muy importante para las dos carreras, la fiscal y la judicial. Para su renovación, para que sea más profesional, evitando refuerzos y sustitutos.

Tenemos la confirmación de Hacienda. Y ya se ha comunicado a la Comisión de Selección, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía que se pueden convocar en el siguiente examen 300.

Será en junio. No se puede convocar antes porque estamos en plena oposición, pero cuando acabe, volverá a salir.

Para empezar el 7 de octubre el examen. Queremos que vaya todo ordenado y en fecha posible.

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¿Y el misterio de los 7 millones de euros?

Esto, los 7 millones de euros, en un principio iban a capítulo 1 [desde donde se pagan los sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social].

Pero alguien, en el Ministerio de Hacienda, decidió que no, que a capítulo 2 [epígrafe del gasto corriente, que comprende alquileres de inmuebles, reparaciones, gastos de mantenimiento, bienes de consumo o trabajos subcontratados a otras empresas].

El Gobierno anterior también trató de pasarlos a capítulo 1, y no pudo. Aquí también lo hemos intentado.

¿Qué ha pasado? El gobierno socialista hizo una modificación en la Ley de Presupuestos de 2019 para pasarlos al capítulo 1.

El problema que tenemos ahora es que estamos con una Ley de Presupuestos prorrogados con las rigideces presupuestarías, que también son ley, que tiene una disposición adicional que dice que no puede aumentarse, para la Administración Pública, el capítulo 1.

Hay unas costuras que vienen impuestas por la propia Ley de Presupuestos. Esa es la explicación de la estrechez.

De acuerdo con la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo, la no aprobación de los Presupuestos de 2019 ha afectado a muchas decisiones. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Sin embargo, han hecho ustedes un acuerdo con las asociaciones de jueces y fiscales para mejorar los ingresos de las escalas más bajas. 1,32 millones de euros…

Es distinto. Es el 0,2, y viene del marco general. Y fue un acuerdo del gobierno anterior con función pública que atañe a todos los funcionarios.

Ese es el marco en el que se puede mover toda la función pública. Ese 0,2 lo hemos peleado desde el Ministerio de Justicia. No todos los ministros lo han pedido.

El acuerdo al que llegamos con las asociaciones de jueces y fiscales es que ese dinero iba a  ir destinado al grupo quinto, que son jueces y abogados fiscales, que son las categorías de sueldo que menos cobran.

Son 1.649 personas, en total, que cobrarán 57,18 euros mensuales más.

¿Qué supone eso? Primero, que se les va a pagar los retrasos de 2018 hasta la fecha. Y luego, esa subida quedarán formando parte de sus nóminas.

57,18 euros, como complemento de destino.

Así es. Se puede pensar que es muy poco, sí. Pero es dinero. Y es que no es algo ocasional. Sino que se queda integrado siempre en esos grupos. Los atrasos, que se abonarán en una paga, son de 921,40 euros por persona.

Es de justicia para los grupos que ganan menos. Sobre todo en unos años en los que los ascensos, sobre todo en la carrera fiscal, han estado absolutamente bloqueados.

Por cierto, los ascensos de la carrera fiscal también están en el Boletín Oficial del Estado. Se han ascendido a veintitantos fiscales a segunda categoría. Desde  2015 no había ningún ascenso.

También otro dato importante, relacionado con la carrera fiscal, es que se han establecido reglas seguras de convocatorias para los fiscales. Antes era un caos. No se sabía cuándo y cómo.

Ahora, ya lo hemos hablado con la inspección, va a ser en octubre, que ya se hizo, y otra en marzo, que se están recibiendo las instancias.

Y además, hemos sacado en tiempo la convocatoria de los fiscales sustitutos. Con una particularidad: Que por primera vez se hace un cupo de discapacidad de abogados fiscales sustitutos. Eso la carrera judicial todavía no lo tiene.

Es muy importante gestionar y ordenar bien las cosas para los efectos de la Administración.

«Creo que la Administración de Justicia necesita un pacto de Estado, estar fuera del debate político. Necesitamos también incorporar a un estudio sosegado y de cambio de la estructura judicial y fiscal de las leyes procesales»

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó las 75 nuevas unidades judiciales y 80 nuevas plazas de fiscales. Finalmente lo consiguieron, casi en tiempo de descuento. Como en las grandes finales de fútbol.

Sí, y estamos muy contentos, la verdad. Poca gente pensaba que lo íbamos a conseguir y lo hemos hecho. A nosotros se nos ha exigido en 8 meses lo que a otros en 4 años, pero así son las cosas.

Esto, aunque parezca muy simple, ha llevado mucho trabajo por detrás. ¿Cómo ha sido el proceso para esa toma de decisión? Primero hemos delimitado el dinero que teníamos y cómo se podía financiar.

Después hemos trabajado conjuntamente con el Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta lo que tenían que decir los 17 Tribunales Superiores de Justicia y las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas.

Pero no una vez, sino varias. Hicimos una primera selección, un primer proyecto. Se envió y se recibió de vuelta, con las observaciones que se consideraron necesarias.

El criterio que se ha tenido en cuenta han sido las cargas de trabajo para aquellos órganos que más lo necesitaban.

Dentro de estas 75 plazas van, si mal no recuerdo, veintitantas plazas de magistrados de Audiencias Provinciales. Porque ahora hay un gran problema en los órganos de resolución de apelaciones.

¿Por qué han dejado de pagar a los abogados de turno de oficio del territorio Ministerio –Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla– durante cuatro meses? Las causas de la primera, entre julio a octubre las conozco. Hablo de esta última, de noviembre a ahora.

Esto se rige por la ley de subvenciones. El dinero de la subvención se paga a mes vencido. Es una certificación. Es decir, noviembre se certifica en diciembre por el Consejo General de la Abogacía Española.

Se avisó que lo mandaran antes del 15 de diciembre porque ese día se cierran presupuestos. Para poder pagar a finales de diciembre. Por lo que fuera, no fue así. Llegó el día 18, que ya estaba cerrado el presupuesto.

Como es una subvención y  nos ha tocado vivir con unos presupuestos prorrogados, hasta que no haya un acuerdo en Consejo de Ministros que te autorice el pago de esa subvención, no se puede pagar.

Se ha tratado en la Ley de Presupuestos. No salió adelante y lo primero que se lleva a Consejo de Ministros, de 1 de marzo, quiero recordar, con carácter preferente y urgente la subvención de los abogados.

Se aprueban. Se hacen aquí los trámites. Son 11 millones de euros que se han pagado ahora. Pasa por la Intervención del Estado y del Tesoro. Se ha ido con la mayor celeridad posible.

De hecho, el año pasado la subvención se pagó más tarde. Cobraron más tarde. Es decir, no es que no se pagara en noviembre. Se paga a más vencido.

Noviembre y diciembre lo han pagado en marzo.

Claro, es que hasta que no se apruebe la subvención no tienes el dinero. Porque estábamos en prórroga presupuestaria.

Aunque nosotros queremos que vaya todo muy ordenado, si no tienes ese dinero aprobado por Consejo de Ministros, estás obligado por la Ley de Subvenciones.

Rasillo asegura que a partir de ahora ya no habrá ningún problema con los pagos del turno de oficio. Foto: Carlos Berbell/Confilegal. 

Falta enero y febrero.

Se han pagado, noviembre, diciembre y enero. Y ahora febrero está ya terminado. Tenemos que pedir una modificación al Tesoro para que se pueda abonar cuanto antes el mes de febrero.

El turno de oficio, como sabe usted, se rige por la Ley de Subvenciones. Y hasta que no está aprobada por el Consejo de Ministros no puedes iniciar todo el mecanismo. Una subvención lleva muchos controles.

Quizá habían acostumbrado ustedes mal a los abogados. El anterior ministro de Justicia empezó a pagar a mes vencido, cosa que también está haciendo la Consejería de Justicia de Madrid.

Madrid paga a mes vencido, sí. El Ministerio de Justicia comenzó a pagar a mes vencido, pero hubo un problema, que luego solucionamos, que contaminó toda la subvención.

Nosotros tenemos que ser estrictos con el cumplimiento de la legalidad. Es nuestra obligación como Administración. Tú no puedes hacer algo si no tienes el dinero y el dinero en una subvención con presupuestos prorrogados sólo puede ser autorizado por el Consejo de Ministros.

Si se hubieran aprobado los Presupuestos el escenario habría sido distinto. Se llevó esa subvención al primer Consejo de Ministros. Esto fue a primeros de marzo. Ya está abonado. Y ahora empezaremos con la cadencia mensual.

Ya sabe usted que los 22.000 abogados del turno de oficio de territorio Ministerio están “calentitos”.

La Ley nos obliga a que tengamos aprobada la subvención. Una vez aprobada, va mes a mes. Con unos presupuestos nuevos hubiéramos ido estupendamente. Sabemos el perjuicio que se causa, pero tenemos que velar por la ley.

También hay que poner todo en su balanza, que en 2018 se pagaron en total 13 mensualidades a los abogados del turno oficio.

«Con respecto a los italianos, yo he desestimado bastantes instancias, por firmas que no eran las suyas o porque los másteres que se acreditan no son adecuados. En eso se está trabajando. Y lo que salga será en consenso con el Consejo General de la Abogacía»

¿Y cómo ha sido eso?

Se pagó enero atrasado. En total 13 mensualidades. En diciembre se llegó a un acuerdo con el Consejo General de la Abogacía para establecer los nuevos baremos, que no habían sido modificados desde 2003. Y se aprobaron. En diciembre se pagaron todas las diferencias de los baremos.

Estamos con el Estatuto de la Abogacía, que, si Dios quiere, también saldrá antes de que acabe esta legislatura.

Hemos tratado de acelerar todo lo posible todas las gestiones.

Recientemente tuvo lugar el examen de acceso a la Abogacía. Es usted consciente de que la idea generalizada es de que es un coladero, ¿verdad? El 70 por ciento de la nota es el máster y el 30 por ciento el examen, tipo test, con lo cual da pie a que muchos extranjeros –muchos de ellos italianos– vengan a España a hacerlo sin saber español. ¿Van a reformarlo?

Yo insisto, en ocho meses se han hecho dos exámenes de la abogacía.

Lo del coladero no me lo he inventado yo.

Sí, pero yo quiero poner las cosas en su contexto. Yo me hago cargo de la Dirección General en la última semana de junio y nos ponemos en marcha, porque no había nada preparado para hacer la primera convocatoria –hay que contratar empresas,  sedes, etcétera– y se hace lo antes posible.

La primera se hizo en diciembre y la segunda ahora.

Yo tomo conocimiento de esto y digo, ‘esto hay que cambiarlo’. Y sí, lo queremos cambiar.

Pero esto hay que hacerlo con tiempo. Para que los másteres se adecuen. Hay que hacer un examen con más rigor.

En eso estamos, sí.

Y de hecho, con respecto a los italianos, yo he desestimado bastantes instancias, por firmas que no eran las suyas o porque los másteres que se acreditan no son adecuados. En eso se está trabajando. Y lo que salga será en consenso con el Consejo General de la Abogacía. Estamos todos de acuerdo de que hay que cambiar el tipo de examen.

También hay que hablar con las universidades. Hay que darle otro aire.

De acuerdo con la directora general, el problema de la vivienda para funcionarios en Baleares afecta al propio estado de derecho. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

¿Han encontrado alguna solución a lo de Baleares?

Baleares tiene un problema un problema que no solo afecta a Justicia sino al estado de derecho mismo. Porque tiene un problema de absoluta carestía de la vivienda.

A Baleares viene mucho inversor extranjero y eso ha elevado muchísimos los precios, por encima de los de Madrid o Barcelona.

Es un problema que afecta a toda la función pública, no solo a la Justicia; afecta a policías, médicos forenses, funcionarios de justicia, jueces y fiscales. A todos.

Yo espero que en la próxima legislatura se tomen medidas para solucionar este problema. Es un problema serio. Se han barajado varias soluciones.

¿Cuándo se van a convocar las oposiciones a los diferentes cuerpos de funcionarios de justicia?

En junio van a salir las primeras convocatorias. En el último semestre habrá otra convocatoria libre y una última en el primer cuatrimestre de 2020. En total, en todo este proceso van a ser más de 10.000 plazas de gestión, tramitación y auxilio. Tanto de concurso oposición como de turno libre.

Ahí tienen un problema con los interinos…

A veces falta rigor en la exposición. El sistema es el siguiente. La Ley Orgánica del Poder Judicial, que luego se remite al Estatuto Básico del funcionario, establece los sistemas de acceso: oposición libre, concurso-oposición y, con carácter excepcional, el concurso.

En estas convocatorias se combina la oposición libre con el concurso oposición, sistema este último que, como usted sabe, consiste en valorar los méritos que aporten los aspirantes al puesto, además de la nota de las pruebas.

El concurso oposición se ha diseñado de tal manera que en el primer examen, que es de conocimientos, la mínima es un 60 por ciento. Es decir, que el que sepa el temario va a pasar ese corte. Y el 40 por ciento es concurso oposición.

Si hay un opositor que saca una nota elevada pasa a concurso oposición, donde se valora el tiempo trabajado y el concurso de méritos. Lo que se busca es capacidad, mérito y competencia.

Es algo equilibrado y fue pactado el 4 de diciembre con los sindicatos.

«Hay que recordar que se han recuperado los derechos sociales, como permisos, incapacidades temporales. Solo un juez o fiscal que ha estado dado de baja por una operación que no requería ingreso, y que lo ha visto descontado de su nómina se da cuenta del alcance»

El concurso, respondiendo a lo que se dice en algunos foros, tiene un carácter absolutamente excepcional y se tiene que aprobar por ley.

Créame si le vuelvo a repetir que hemos hecho muchísimas cosas en ocho meses. Más que en cuatro años, con unos presupuestos aprobados por el Gobierno anterior, y prorrogados.

Moverse en ese cuadro tan estrecho es complicado. Pero aún así… Por ejemplo, con el Consejo General del Poder Judicial se ha hecho un trabajo con mucho rigor, con mucho estudio. Con la inspección del Consejo, con funcionarios del Ministerio, para establecer un nuevo marco de cargas de trabajo que no estaba revisado desde 2003.

Nadie sabe cómo se establecieron las cargas de trabajo entonces. Bueno, pues ha llegado esta acuerdo, publicado en el BOE.

Con el CGPJ también hemos llegado a un acuerdo de ejecución presupuestaria. ¿Esto qué significa? Que se mayor autonomía al poder judicial y la gestión de todos los recursos en materia de refuerzos y JATs.

Se ha hecho también una interpretación, contenido en ese acuerdo, que ha evitado una debacle en el sistema de JATs con la literalidad de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Eso en el futuro habrá que darle una vuelta. Y eso ha permitido seguir con un funcionamiento normal de los JATs.

Se ha hecho una interpretación razonable y siempre con la guía del Servicio Público de la Administración de Justicia.

Con las asociaciones, de los puntos que nos plantearon, la verdad, excepto el tema salarial, que todavía estamos negociando, dadas las estrecheces económicas en las que nos encontramos, se ha reformado la LOPJ.

Hay que recordar que se han recuperado los derechos sociales, como permisos, incapacidades temporales. Solo un juez o fiscal que ha estado dado de baja por una operación que no requería ingreso, y que lo ha visto descontado de su nómina se da cuenta del alcance.

Yo he dictado una resolución para la incapacidad temporal en la carrera fiscal. Ya se está aplicando también en la carrera judicial.

Y otra demanda que no venía propiamente de las asociaciones, pero sí de los presidentes de los TSJ, es la creación de las salas de apelación de los TSJ. Se han creado los juzgados de guardia de Córdoba, de delitos leves en Barcelona. Se han atendido muchísimas reivindicaicones.

Se respondieron a los 11 puntos.

Después de pasar por aquí supongo que la visión que usted tiene de la Administración de Justicia será muy diferente, ¿no?

Pues le voy a decir que no. Porque yo he tenido el privilegio, y la suerte, de haber trabajado 11 años en la Fiscalía General del Estado. Con 5 fiscales generales del Estado. Estuve en la Secretaría Técnica y luego en la Unidad de Apoyo. Y ya venía con una visión de la Adminsitración de Justicia bastante cercana a la que he visto como directora general.

Creo que la Administración de Justicia necesita un pacto de Estado, estar fuera del debate político. Necesitamos también incorporar a un estudio sosegado y de cambio de la estructura judicial y fiscal de las leyes procesales, también incorporar ingenieros de organización y economistas, porque la justicia tiene también un valor económico que hay que poner de relieve.

Y también tiene que tener un valor económico como paz social. Nuestro sistema de justicia funciona razonablemente bien. Y la paz social que España tiene también se debe a la Administración de Justicia.

Hay mucho camino que recorrer, pero desde el sosiego, desde un pacto de Estado, desde una nueva organización territorial.

Usted es consciente de dónde se encuentran los cuellos de botella en la Administración de Justicia, ¿verdad? Hay jueces que están con el agua al cuello y hay jueces a los que el agua no les pasa de los tobillos.

Sí, claro.

Una de las cosas que podrían hacer ustedes, en aras a la transparencia, es permitir el acceso de los ciudadanos a las aplicaciones informáticas que tienen ustedes en las que se puede conocer las cargas de trabajo de cada órgano judicial. Es una sugerencia…

Me parece una idea interesante. Le tomo el guante. Como es lógico, pediremos el consenso del Consejo General del Poder Judicial, porque parto del respeto institucional.

Es cierto que hay situaciones con desequilibrios territoriales. Eso es lo que hay que analizar.

Estamos con una justicia del siglo XIX.

Rasillo ve bien la reforma del Reglamento de la carrera fiscal, que es de 1969. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

¿Está usted a favor de que la Fiscalía General del Estado tenga y administre su propio presupuesto?

Habla a una de las personas que impulsó desde la Fiscalía la autonomía presupuestaria. Creo que sí, que es necesario.

La Fiscalía General del Estado ya goza de cierta autonomía. Tiene una caja pagadora. Gestiona también sus condiciones de servicio, el nombramiento de todas las sustituciones de la carrera fiscal.

Desde aquí lo que se hace es el control presupuestario.

Y sí, cuando se habla de autonomía presupuestaria hay que saber cómo y para qué, para articularlo muy bien.

Habla usted a una convencida porque es otra de las reclamaciones que el GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción, del Consejo de Europa) ha venido haciendo. Y poner en valor lo que es una realidad.

La autonomía del Ministerio Fiscal es una realidad. Funciona con criterios autónomos, pero es verdad, habría que ir avanzando en el tema presupuestario.

¿La reforma del Reglamento de la carrera fiscal, en estos momentos, ha sido un error?

No, no lo creo. La carrera fiscal está operando con un Reglamento de 1969. Ya era hora. Y no importa que sea ahora mismo.

Ya pero beneficia, principalmente, a la fiscal general del Estado que, cuando deje su cargo –si se aprueba como está– pasará a ser fiscal de Sala del Supremo.

Es una reforma que creo que es necesaria. Ahora está en trámite de reforma y de informes. Está dentro del proceso normal y habitual. De todas formas, avanzar, aunque no se llegue a concluir, es importante. Poner cosas blanco sobre negro es importante.