La exmandataria argentina está procesada en 6 causas, la mayoría por presunta corrupción.
El primer juicio a Cristina Fernández de Kirchner arranca el 21 de mayo
Por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas; se investigan 52 contratos valorados en casi 1.050 millones de euros
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24/4/2019 10:40
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Actualizado: 24/4/2019 10:44
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La Cámara Nacional de Casación Penal de Argentina ha confirmado que el primer juicio contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se celebrará el próximo 21 de mayo, según ha informado el diario ‘La Nación’.
Este primer proceso pretende dilucidar las posibles responsabilidades de Fernández y otras 15 personas más en las presuntas irregularidades registradas en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, donde se habría favorecido al Grupo Austral, del empresario Lázaro Báez.
Se investigan 52 contratos valorados en 46.000 millones de pesos (casi 1.050 millones de euros).
Este juicio estaba previsto que comenzara el pasado 26 de febrero, pero fue aplazado para dar tiempo a que uno de los magistrados se recuperara de una cirugía cardiaca.
De Kirchner, que goza de inmunidad por su actual condición de senadora, tiene otras causas abiertas, de las cuales tres están pendientes de que se ponga fecha al juicio.
Uno de los casos en los que está procesada es el denominado ‘los cuadernos de las coimas’, en el que también están investigados varios de sus funcionarios y decenas de empresarios de la obra pública.
De Kirchner está acusada de dirigir una asociación ilícita, de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo en cinco. Se trata del sexto procesamiento de la senadora.
El juez Claudio Bonadio solicitó el pasado septiembre prisión preventiva para la exmandataria argentina, a expensas del desafuero que podría aprobar el Congreso, pero señaló que antes de iniciar ese desafuero, esperaría a que el procesamiento “se homologue por la Cámara federal de apelaciones”, una instancia superior.
También ha pedido que se le embarguen 86,6 millones de euros.
La investigación arrancó el pasado 1 de agosto, a raíz de una información aportada por una persona, de la que no se ha revelado su identidad, al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, del que es titular Bonadio.
Se trata de una copia de las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Centeno, chófer del ministro de obras públicas, y del subsecretario de Coordinación del Departamento, Roberto Baratta.
En ellos, supuestamente, fue apuntando el dinero que se entregaba y se cobraba para la adjudicación de obra pública durante las Presidencias de Néstor Kirchner y su mujer.
Según señaló el juez en una resolución de 551 páginas, la investigación ha probado que se montó un aparato complejo desde el Estado, “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, valiéndose de medios oficiales”.
Según señaló, al frente de esta red estarían quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional, Néstor Carlos Kirchner, mandatario de Venezuela entre 2003 y 2007, fallecido en 2010; su viuda, Cristina Fernández, presidenta entre 2007-2015, y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido.
El juez indicó que el objetivo de esta estructura, activa entre los años 2003 y 2015, era “procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.
La expresidenta argentina también fue denunciada por el que fuera fiscal del ‘caso AMIA’, Alberto Nisman, ya fallecido, por presuntamente encubrir a los sospechosos iraníes del mayor atentado cometido en Argentina, perpetrado en 1994.
Nisman fue encontrado muerto en su piso del barrio porteño de Puerto Madero en enero de 2015, una semana después de acusar a Kirchner de encubrir un atentado.
Alberto Nisman había declarado en una entrevista al diario ‘Clarín’: “Yo puedo salir muerto de esto”.
Ese día debía comparecer ante una comisión de la Cámara de Diputados para exponer su denuncia contra la expresidenta y varios de sus colaboradores más próximos por “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de liberar a los acusados y fabricar la inocencia de Irán”.
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