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El gobierno balear lanza una campaña contra los préstamos e intereses abusivos de «webs» y negocios

Desde este departamento se han detectado algunos de hasta el 151%, lo que implicaría que para pagar un préstamo de 3000 euros habría que abonar otros 7.500Dalmau, en el centro de la imagen, presidiendo el Consejo de Consumo que tuvo lugar ayer por la mañana.
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La Dirección General de Consumo del “Govern” de Baleares ha puesto en marcha una novela campaña de inspección en materia de consumo, préstamos e intereses abusivos.

Desde hace unos días sus inspectores de consumo vigilan y acuden a establecimientos físicos o «webs» que ofrecen dinero, sin requisitos.

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La campaña estará operativa en los próximos meses.

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“Al final el consumidor se encuentra en situaciones complicadas, porque cerrada la vía tradicional de financiación bancaria que ya son elevados sus intereses, se encuentra con otra al margen de lo legal que les pide intereses mucho mayores, lo que hace que estas personas estén en situación económica peligrosa de supervivencia”, explica a Confilegal, Francisco Dalmau, director general de Consumo.

PRESTAMISTAS SIN ESCRÚPULOS 

Los prestamistas sin escrúpulos han sido un mal endémico en los últimos diez años en nuestro país creando una lista de ciudadanos anclados a créditos inasumibles y con graves problemas económicos.

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 El Congreso de los Diputados pidió hace dos años al Gobierno del PP que regulase esta práctica, aconsejado por varias asociaciones de afectados y abogados como Carlos Galán, defensores de sus intereses,  pero éste hizo caso omiso. 

Ahora de forma proactiva, La Dirección General de Consumo del “Govern” de Baleares, al igual que hiciera algunos meses con las líneas aéreas y sus condiciones leoninas de algunos viajes, se ha puesto al frente de este movimiento para frenar estas malas prácticas de consumo en cuanto a concesión de créditos.

Son préstamos muy cercanos a la usura que ofrecen establecimientos a los que ahora estamos inspeccionando”, señala Dalmau.

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En estas labores de inspección los técnicos de Consumo del “Govern” de Baleares se encontraron con un caso muy significativo que era   la aplicación de un TAE del 151%, algo que califica de «usura pura y dura».

Con lo cuál, un préstamo de 3.000 euros se convertía en una devolución de 7.500 euros.

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“Estamos analizando dichos establecimientos, quién está detrás de ellos al igual que las propias webs que también proliferan en esta Comunidad Autónoma”, comenta.

Las inspecciones se están desarrollando  principalmente a lo largo de los meses de abril y mayo, para posteriormente destinar a los inspectores de Consumoa la tradicional campaña de la temporada turística.

CHIRINGUITOS FINANCIEROS 

Para poner en marcha este tipo de “chiringuitos financieros” deben contar con una licencia municipal de actividad y que la entidad se encuentre inscrita en la Dirección General de Consumo del Gobierno de España como prestamista.

Requisito que en muchas veces no se cumple.

“Cruzaremos datos con los que tenga la Agencia Tributaria para saber realmente de dónde sale este dinero que ponen a disposición de terceros”, indica Dalmau.

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En el caso de los citados préstamos abusivos, Francesc Dalmau apunta que uno de los elementos que agravan el problema es que en diversas ocasiones los consumidores afectados están en situación de vulnerabilidad.

Al ser la que tiene los mayores problemas para conseguir financiación a través de las entidades bancarias, al tener pocos recursos económicos o deudas pendientes, lo que les lleva a la búsqueda de fórmulas alternativas de las tradicionales. “Los intereses que se aplican son muy elevados”.

El director general de Consumo señala así que las víctimas de las oficinas que ofrecen préstamos abusivos son en muchos casos personas con escaso nivel de formación y empleos precarios, que padecen dificultades para llegar a final de mes con las retribuciones que reciben.

“No podemos permitir estas practicas y estamos dedicando los recursos necesarios para frenar esta lacra”, aclara nuestro interlocutor.

INSPECCIONES Y DENUNCIAS NECESARIAS 

Para estas personas, la aparición de un gasto imprevisto les puede suponer un serio problema, dado que en muchos casos son rechazados como clientes por los bancos, lo que les lleva a buscar crédito por otras vías, y en ocasiones a aceptar unas condiciones que son claramente abusivas.

Tras la  inspección llegará el expediente sancionador y la propuesta de sanción en muchos casos “que viene dada por la vulneración de los artículos que se hayan infringido en esa mala práctica por dichos locales de acceso al crédito fácil.

La sanción grave va entre 4000 y 40.000 euros, si pasa a ser más grave ir desde 40.001 a 400.000.

Y la máxima pudiera triplicarse en el caso que hubiera algún agravante a tener consideración, al igual que la reincidencia.

En cuanto a las situaciones generadas por esa inspección, Dalmau señala que en algunas ocasiones  “las personas que regentan ese local no se identifican ni presentan la documentación que les requerimos, eso hace que tengamos que acudir a procedimientos administrativos que retrasan en el tiempo nuestra actuación».

«Pese a ello queremos ser contundentes contra estas prácticas”, señala.

La otra opción es que el consumidor  “pueda utilizar el procedimiento de reclamación telemática, ya en marcha desde hace dos años en nuestra Comunidad Autónoma para que nos cuente cualquier asunto relacionado con este sector las 24 horas de los 365 días del año».

«Queremos que nos hagan una denuncia sobre lo que hayan vivido para que luego podamos actuar frente a este tipo de situaciones que son abusivas”, advierte.

Dalmau afirma que esta vigilancia va a ser muy intensa durante los  meses antes señalados, al destinar a la misma buena parte del personal dedicado a labores inspectoras.

Asociaciones de consumidores de esta Comunidad Autónoma están de acuerdo con esta forma de trabajar y denotan el excesivo número de quejas que reciben a raíz de la concesión de préstamos con unos tipos de interés excesivos.

Para este experto en consumo “se echa en falta un organismo regulador en nuestro país, más allá del Banco de España, como autoridad financiera independiente que aún no ha cristalizado».

«Debe ser una de las prioridades del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y dotarle de recursos.

«Al mismo tiempo, señala que  hace falta  una Agencia Estatal de Consumo que aglutine todas las reclamaciones que hay sobre consumo en nuestro país. La unificación en un organismo propio agilizaría las quejas existentes, así lo tiene Reino Unido organizado en su economía”.

Para Dalmau es necesario una estructura nueva a nivel de consumo porque la realidad sobre esta actividad se ha modificado de manera notable en los últimos treinta años.