Prada denuncia ‘persecución política’ por parte del juez y la fiscal del caso Campus de la Justicia para ‘dañar’ al PP
El exconsejero madrileño también alega que los presuntos hechos delictivos ya habrían prescrito. Foto: EP

Prada denuncia ‘persecución política’ por parte del juez y la fiscal del caso Campus de la Justicia para ‘dañar’ al PP

Pide la nulidad de las actuaciones en la investigación del presunto desfalco del Campus de la Justicia
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07/5/2019 09:29
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Actualizado: 20/5/2019 14:46
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El exconsejero madrileño de Justicia e Interior y exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada (PP) ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional la nulidad de las actuaciones en la investigación del presunto desfalco del Campus de la Justicia.

Considera que es víctima de una «persecución política» por parte del magistrado José de la Mata y de la fiscal anticorrupción Myriam Segura.

Prada señala en su escrito su «relevante historial público», y los «antecedentes personales y profesionales» tanto de la fiscal como del juez instructor.

Indica que Segura fue la representante del Ministerio Público en el caso Gürtel, mientras que De la Mata ejerció como director general de Modernización de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

«La doctrina jurista más vanguardista ha introducido el concepto ‘lawfare’ y en el presente caso se dan todos los presupuestos de esta teoría jurídica, ‘la guerra jurídica’ como el uso ilegítimo interno con la intención de dañar a un oponente político», afirma el exconsejero del PP.

El pasado 3 de agosto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN, José de la Mata, admitió a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre un presunto desfalco del Campus de la Justicia, un proyecto urbanístico desarrollado por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Anticorrupción inició una investigación a raíz de una denuncia de la Comunidad.

Prada fue imputado el pasado 19 de marzo, seis meses después de que se abriese la investigación en la Audiencia Nacional.

A su juicio, la «embestida legal» en su contra es «una clara puesta en marcha de una táctica de ‘guerra no convencional’, el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación del adversario político, en el que se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al investigado y su entorno con el fin de perjudicar los legítimos intereses de la formación política a la que pertenece».

Prada añade que es «público y notorio» que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «ha utilizado en reciente campaña electoral» la citación del exconsejero en la Audiencia Nacional en calidad de investigado.

A su juicio, Sánchez utilizó esta «condición como instrumento de debate político, y no sólo en un debate televisado con índices de máxima audiencia para desacreditar a su adversario político, sino que días después lo reiteró en diversos actos públicos».

DENUNCIA LA ‘VELOZ’ DECISIÓN DE CITARLE CUANDO SE HABÍAN CONVOCADO LAS ELECCIONES ‘SIN ESPERAR’  A UN INFORME

Alfredo Prada también denuncia la «veloz» decisión del magistrado de citarle a declarar, sobre todo cuando «ya se habían convocado las elecciones generales» y «sin esperar» a un informe de la Intervención General del Estado (IGE).

Según Prada, un medio de comunicación ha publicado que fue Anticorrupción la que «pidió verbalmente» a dos interventores de la IGE ese informe acerca del «contenido punitivo» del análisis realizado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, cuyo «resultado fue negativo».

Asegura que el juez tampoco esperó para citarle al «pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, órgano constitucional encargado de determinar la responsabilidad contable de las actuaciones de la administración».

Prada subraya que los presuntos hechos delictivos ya habrían prescrito, y afirma que todo lo expuesto le lleva a pensar que se ha producido una «inconstitucional politización de la Justicia». 

Por ello, solicita al instructor la nulidad de las actuaciones.

EL CASO

Este proyecto urbanístico, inacabado, tuvo un coste superior a los 355,5 milllones de euros, de los que 324,7 millones correspondían a contratos para las diferentes construcciones del campus, que debían sustituir a 21 inmuebles que se ocupaban en la ciudad de Madrid.

De la Mata investiga presuntas irregularidades acometidas por la sociedad mercantil Campus de la Justicia SA, que podrían ser constitutivas de los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos.

Era una empresa de titularidad cien por cien pública, que nació con un capital social de 7.350.000 euros para poner en marcha el proyecto de la Ciudad de la Justicia. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el 23 de diciembre de 2004 su creación.

Prada fue presidente del consejo de administración de esta sociedad entre 2005 y 2008.

Se llegaron a pagar 91,7 millones, aunque de todo el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que iba a levantarse en Valdebebas, cerca del aeropuerto, sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, pero inacabadas y en situación de abandono.

El Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia, conocido como el ‘donuts’ de Valdebebas por su arquitectura circular.

Sus “facultades de gestión se materializaron de manera efectiva en la suscripción de contratos”, entre otros al policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando gobernó en Castilla-La Mancha y que está imputado en el ‘caso Villarejo’.

De la Mata señala que también fue quien comunicó en 2005 a la Consejería de Economía la propuesta de aumento de capital social de CJM y participó en el otorgamiento de contratos a determinadas empresas sin que se constituyera la mesa de contratación.

Además, tuvo firma autorizada en las cuentas de CJM en Liberbank y Caixabank, teniendo con cargo a esta última una tarjeta visa que estuvo operativa de 2005 a 2008.

De la mata distingue dos etapas en la actividad de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid, una hasta 2008 y otra a partir de ese año. En la primera, De Prada y los tres técnicos formaron parte de una Mesa de Contratación permanente constituida por orden del exconsejero de Justicia el 1 de julio de 2006.

En el auto con el que le citó a declarar para el pasado 27 de marzo, el juez De la Mata explica el “caos” que era esta empresa pública ya desde su propia organización.

Señala que “no seguía ningún criterio de racionalidad económico ni organizativo, y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil”.

De la Mata indica que “todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados”.

Además, dice que “no se contó prácticamente con ningún contrato de trabajo, ni siquiera con una relación fiable de trabajadores” y que tampoco aparecen los expedientes completos de despidos que llegaron a acabar judicializados.

El juez pone el foco sobre el contrato de gestión integrada del proyecto y la construcción de la urbanización y edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia en 2007.

Informa que “no se realizó un detallado estudio y justificación de la necesidad”, en algún caso no hay pliegos y “prácticamente todas las licitaciones” se han basado en criterios imprecisos que después completaban los licitadores.

UNA VISA PARA PRADA

Respecto a los gastos, De la Mata hace referencia a las retiradas de efectivo o el uso de una tarjeta Visa Platinum que habría tenido el propio Alfredo Prada a su disposición, según la denuncia de Anticorrupción, y de la que falta información y documentación básica de cobertura de los movimientos.

Informa que la cuantía de los desembolsos asciende, al menos, a 15.647,20 euros.

También hace alusión a que CJM pagó un Máster de 38.050 euros a un trabajador que había contratado, el subdirector técnico de la entidad, Mariano José Sanz Piñar; y a numerosas retiradas de efectivo en la caja de bancos, muchas retiradas en efectivo por cantidades que van desde los 1.300 hasta los 5.300 euros.

Prada, conforme explicaba la denuncia de Fiscalía, tenía firma autorizada en tanto que presidente del consejo de Administración.

Entre las operaciones y procesos de contratación objeto de investigación se encuentran la gestión integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación de la Fase 1, adjudicado en 2007 y por el que se pagaron 2,1 millones; la Aplicación de las nuevas tecnologías en el Proyecto Campus de la Justicia de Madrid, de la que constan abonados 220.375 euros; la consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de Seguridad en el Campus de la Justicia o la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación.

También se investigan la asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de la Justicia (234.000 euros); el alquiler de la lona publicitaria para la fachada de la calle Goya 66 (172.399 euros); la cobertura fotográfica del Campus de la Justicia; el mantenimiento de la sede social y servicios de vigilancia y seguridadde la sede social del Campus, en la calle Miguel Ángel; la edición y distribución del libro Foster+Partners; el servicio de asesoramiento jurídico (252.829 euros) o el patrocinio y promoción del Campus de la Justicia (63.000 euros).

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