La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la condena de 7 años de prisión para Alfredo Prada, exvicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Se le declara culpable de prevaricación administrativa y malversación agravada por las irregularidades en la construcción del Campus de la Justicia entre 2005 y 2011.
El tribuna de apelación, formado por los magistrados Manuela Fernández Prado, José Ramón González Clavijo y Eloy Velasco Núñez, como ponente, ratifica el fallo de la Sección Primera de la Sala Penal, salvo en la responsabilidad civil.
Prada y otros condenados deberán pagar 10 millones de euros a la Comunidad de Madrid, en vez de los 40 millones iniciales. La rebaja responde a que solo 13 de los 25 contratos investigados fueron claramente irregulares y sin utilidad para el proyecto.
El director financiero del Campus, Alicio de las Heras, también mantiene su condena de 3 años y 6 meses por los mismos delitos.
El director general técnico, Isabelino Baños, y el director de Seguridad, Andrés Gómez Gordo, quedan absueltos de malversación, pero siguen inhabilitados por prevaricación.
El asesor jurídico, Félix José García de Castro, ve reducida su condena a 1 año y 6 meses. Mariano José Sanz Piñar es absuelto.
Los jueces determinan que 13 contratos fueron adjudicados de forma arbitraria y sin cumplir la ley. No se destinaron a la edificación, sino a la autopromoción.
BAJO LA DIRECCIÓN DE PRADA SE DESVIARON 10,3 MILLONES DE EUROS
Entre ellos, 5 millones en publicidad, una lona gigante en Madrid, fotografías y una revista digital. En total, 10,3 millones de euros desviados, un 25 % del presupuesto del proyecto.
La sentencia (la número 12/2025, de 12 de marzo) es clara: hubo un sistema de adjudicación contractual opaco y arbitrario. Se fraccionaron pagos, se evitaron licitaciones y se duplicaron contratos.
Se destinaron millones a publicidad en lugar de construcción. Se favoreció a adjudicatarios elegidos a dedo. No se exige enriquecimiento personal para probar la malversación, basta con el perjuicio a las arcas públicas.
El tribunal concluye que el dinero desviado pudo haberse usado para construir, planificar y ejecutar el Campus de la Justicia. En su lugar, sirvió para propaganda y beneficio de unos pocos.
Una gestión corrupta con un daño evidente para lo público.
