La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado al exjefe del Centro de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, a siete años y nueve meses de prisión por adjudicar a su empresa familiar contratos de obras menores municipales.
La Sala ha considerado que es autor de los delitos de negociación prohibida a los funcionarios, fraude a la Administración, falsedad en documento mercantil y estafa.
El primo del exjefe de mantenimiento del consistorio pucelano ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por los mismos delitos.
La Audiencia además ha impuesto al hijo y al contable de la empresa familiar dos años de cárcel a cada uno por los delitos de negociación prohibida a los funcionarios y fraude a la Administración.
La Sala ha absuelto a todos los acusados de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Inhabilitación especial
La sentencia señala que «como autor criminalmente responsable de un delito continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios, en concurso de normas con un delito continuado de fraude a la Administración, ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena».
«Así como a ocho años de inhabilitación especial para cargo o empleo público. Como al pago del 8,332 % de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular», añade.
El escrito también argumenta que «como autor criminalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil por funcionario público, en concurso medial con otro delito también continuado de estafa a la Administración, ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de cinco años y tres meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena».
También sentencia «veinte meses de multa con cuota diaria de 18 € (total: 10.800 €). Cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Como el pago del 8,332 % de las costas procesales causadas, incluidas las de la Acusación Particular».
Por último, aseguran que «se mantienen las medidas cautelares reales adoptadas en la sustanciación del presente procedimiento, hasta que en él recaiga resolución firme».
