El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, ha asegurado que las «presiones a jueces y magistrados en Cataluña jamás van a conseguir el objetivo que pretenden».
El poder judicial «se mantendrá fiel a sus principios siempre y en toda ocasión y, por supuesto, a su independencia», añadió, en el marco de las 18 Jornadas Jurídicas ‘Por el diálogo’, que organiza la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el Área de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga (UMA), con el patrocinio de Unicaja Banco, y que se clausuraron ayer tras la mesa dedicada a la ‘Independencia judicial: situación de los jueces en Cataluña’.
Almenar afirmó que los jueces allí, «igual que otros funcionarios públicos, están sometidos a una presión que hasta ahora no se podía prever porque las presiones no suele provenir de los poderes públicos y del entorno de esos poderes públicos».
Pero insistió en que «los jueces mantendrán el compromiso que asumieron cuando entraron en la carrera judicial, que es guardar y hacer guardar la Constitución».
«¿Que existen presiones?, sí; pero pueden tener la absoluta seguridad de que esas presiones jamás van a conseguir el objetivo que pretenden, que es que un juez pueda prescindir de la aplicación de la ley o pueda hacer una interpretación distinta de la misma», manifestó Almenar a Europa Press.
Los jueces seguirán «cumpliendo la ley» y «deben adoptar todas las medidas para asegurar que se cumple».
Almenar añadió que «tan pronto se detecte que una determinada actuación, sea de quien sea, no responde a las prescripciones legales, actuarán en consecuencia, adoptando las medidas necesarias para restablecer la legalidad vigente; esa es la función que nos corresponde».
EL PODER EJECUTIVO DEBE TOMAR MEDIDAS PARA CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN
Según apuntó el presidente de la APM, «es responsabilidad del poder ejecutivo, y en su caso del legislativo, adoptar todas aquellas medidas para garantizar el escrupuloso cumplimiento de la Constitución».
Asimismo, se refirió a que «los últimos tiempos se ha escuchado que la democracia está por encima de la ley y que cuando hay un determinado grupo de personas, una mayoría que no comparte la ley, la ley no se aplica», un tipo de explicaciones, a las que, ha dicho, «recurren los que no quieren cumplir la ley pero tampoco asumir las consecuencias de sus actos» y que son «muy peligrosas».
«Esa pretendida contraposición entre democracia y ley es falsa, solo el respeto a la ley garantiza los derechos y libertades fundamentales, la convivencia pacífica y el Estado de Derecho», manifestó Almenar, quien ha incidido en que «sin ley no vamos a ninguna parte».
También recordó que la idea de Estado de derecho se asienta en dos conceptos: «el que todos estamos sujetos al ordenamiento jurídico y el principio de separación de poderes, en virtud del cual el judicial actúa de freno o control de los otros dos para que cada uno ejerza sus competencias y ninguno intente invadir las de los demás».
«Lo que ha sucedido en Cataluña es que lo que en un principio era un conflicto político, que existe, se ha tratado de resolver por las vías de hecho, contraponiendo artificiosamente la supuesta legitimidad democrática de un parlamento autonómico contra la legalidad constitucional en detrimento de esta«, dijo, reiterando que los jueces son «garantes de la Constitución y la ley».
ATAQUES Y ACOSO AL PODER JUDICIAL
Por su parte, el presidente de la APM en Cataluña, Pablo Baró, que participó en la mesa de debate, criticó «los ataques y el acoso al poder judicial» en dicha comunidad, aunque también ha coincidido con Almenar en que «aunque esas presiones se sienten, nuestro trabajo es la aplicación de la ley y no van a conseguir que cambiemos nuestra forma de trabajar».
Recordó que en el último año «ha habido 48 jueces que han abandonado la Comunidad, frente a los 21 del año anterior», apuntando, además, que «otro ejemplo de esta situación es que en los últimos concursos de jueces, una de cada tres plazas vacantes en toda España fue en Cataluña».
Frente a esto, incidió en «la necesidad de que el Estado sea fuerte en Cataluña», recordando que la asociación hizo como propuesta «aprobar un complemento por circunstancias especiales para los jueces en dicha comunidad y confiamos en que en la nueva legislatura se pueda aprobar para que los jueces que se queden vean recompensado su trabajo».
«Existe una independencia absoluta del poder judicial, pero lo que nos preocupa es que esas presiones vienen por parte de representantes públicos de Cataluña», señaló, reiterando que «hay que preservar esa independencia judicial».
El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva, centrósu intervención en «lo que puede inquietar a un juez a la hora de emitir una sentencia, a la influencia de su entorno, que es muy fuerte», señalando temas de importancia política, como los procesos derivados de la independencia, «tienen una relevancia».
Nieva destacó la formación que tienen los jueces y magistrados «con lo cual tienen que ser conscientes de que eso pasa, que existe y cuando es así estás mucho más en guardia y es mucho más fácil que no te afecte», por lo que ha considerado «lo más eficaz la formación en materia psicológica de lo que le puede influir». EP.
