Son datos basados en la objetividad de los números, más allá de cualquier interpretación subjetiva», afirma la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), asociación de la que forman parte jueces, fiscales, abogados, catedráticos y personas interesadas por el buen funcionamiento de la Justicia.
«Desde que el actual equipo de gobierno tomó posesión, se han cubierto 27 plazas del Tribunal Supremo (TS), de las cuales solamente 7 han correspondido a mujeres, esto es, una proporción de uno a tres«, dice la PCIJ en un comunicado, en referencia al actual Consejo General del Poder Judicial [CGPJ] en funciones, cuyo fin de mandato acabó el pasado mes de diciembre.
«En el último informe elaborado por la Comisión de Igualdad [del CGPJ] el 20 de Febrero de 2019 sobre cargos discrecionales, se comprueba que la proporción de mujeres que acceden al TS por nombramiento discrecional llega al 18,8 %«, añade.
«En diciembre de 2014 dicha proporción era del 13,4 %. Comparando con otro órgano centralizado de similar nivel de responsabilidad, la proporción de magistradas que acceden por escalafón a la Audiencia Nacional es del 44,4 %», señala la PCIJ.
Esta asociación recuerda que el artículo 3 del Reglamento 1/2010 de 25 de febrero, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales, dice: «En la provisión de las plazas a que se refiere este Reglamento se impulsarán y desarrollarán medidas que favorezcan la promoción de la mujer con méritos y capacidad”.
Un mandato que este Consejo no ha cumplido, a juicio de la PCIJ.
«¿Cómo explicar semejante asimetría cuando el porcentaje de mujeres supera al de hombres en la actual carrera judicial?; ¿Que papel ha desempeñado la Comisión de Igualdad –que no hace públicos sus informes de impacto de género– en los nombramientos discrecionales?», apunta.
Para esta asociación, los datos demuestran la vacuidad de la retórica igualitaria del máximo órgano del Poder Judicial.
«Y como éste ni siquiera es congruente con sus propios actos pues, no lo olvidemos, el principio programático citado proviene de una norma emanada del propio Consejo».
«Tal como propone la Plataforma en sus bases relativas a la provisión de altos cargos judiciales, urge reformar el mencionado reglamento y objetivar los nombramientos a fin de erradicar prácticas viciosas como el ‘intercambio de cromos’, la opacidad de las negociaciones o la supeditación de la razón jurídica a la ideología. La segregación de la mitad de la carrera judicial debería ser motivo suficiente para pasar de las palabras a los hechos», concluye.
La PCIJ está presidida por el abogado –exvocal del CGPJ y magistrado en excedencia–, Agustín Azparren. La vicepresidenta es la abogada del Estado, Elisa de la Nuez. Los magistrados Jesús Villegas y Manuel Ruiz de Lara son secretario general y portavoz, respectivamente.
