El líder de En Comú en el Congreso dice que el 1-O fue una movilización no vinculante contra un «abuso de poder»

Según ha afirmado, a propuesta de Jordi Cuixart, el Ayuntamiento de Barcelona que dirige Ada Colau llamó a los ciudadanos a participar en la votación como forma de «presión» para «establecer el diálogo» con el Gobierno de Mariano Rajoy y que, por ello mismo, él decidió acudir a votar.

En este sentido, ha explicado que aunque el 1-O fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, el consistorio llegó a un acuerdo con la Generalitat.

Este sería para promover el referéndum porque consideraba que los derechos políticos no estaban «suspendidos», tal y como se decía en un informe emitido por el secretario municipal.

«Entendíamos que era una movilización con apariencia de referéndum y por eso llamamos a la ciudadanía a participar» mediante «acciones de desobediencia civil», ha apuntado Asesns.

Al mismo tiempo que ha enfatizado que su formación política consideraba la prohibición del referéndum un «abuso de derecho».

Así, el teniente de alcalde ha añadido que con la resolución del tribunal de garantías se «dejaba sin efectos jurídicos» el referéndum, pero que aún se mantenían en pie el «derecho de reunión, el de manifestación» y el 1-O expresaba «un ejercicio cualificado de esos derechos».

Por otro lado, el testigo ha relatado que visitó varios centros de votación el mismo día de la jornada de votación como la noche previa, donde no encontró ni mesas formadas, ni urnas electorales; sino «actividades aparentemente ajenas a lo que iba a suceder al día siguiente».

En este momento de su declaración, ha lamentado la actuación policial en algunos colegios, como en el Ramón Llull de Barcelona, donde presenció «cargas policiales», a su juicio, «indiscriminadas».

Sobre las actividades extraescolares en los centros como las que se organizaron el fin de semana del referéndum ha sido preguntada la actual secretaria general de Educación de la Generalitat, Nuria Cuenca, que ha sido la primera persona en comparecer esta tarde.

Esta testigo ha ratificado a preguntas del abogado y exconsejero Francesc Homs que la administración autonómica no era la responsable de autorizar la celebración de este tipo de actividades.

Después, a preguntas del fiscal Jaime Moreno ha dicho desconocer si se han vuelto a organizar convocatorias parecidas durante «un día y una noche».

Ha negado que en el tiempo que lleva como responsable educativa en Cataluña la nueva consejera de Educación se haya atribuido para sí todas las competencias del departamento, cosa que hizo en vísperas de la consulta ilegal su antecesora, ahora huida de la Justicia, Clara Ponsatí.

MÁS TESTIGOS DE LAS DEFENSAS

Esta tarde también ha comparecido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien se ha limitado a confirmar que la huelga celebrada en Cataluña el 3 de octubre de 2017 cumplió con los servicios mínimos habituales en cualquier otra convocatoria de este tipo.

Se recurrió a los acuerdos que tradicionalmente se pactan entre los sindicatos y el Gobierno autonómico.

El siguiente ha sido Joan Vallvé, integrante de Òmnium Cultural, asociación de la que formó parte de la junta directiva hasta hace quince días, cuando dimitió para formar parte, de forma simbólica, de la lista Lliures per Europa (Junts) que lidera Carles Puigdemont en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo.

Según ha declarado, en la concentración del 20 de septiembre de 2017 por los registros en la Consejería de Economía de la Generalitat no hubo «ningún tipo de violencia», sólo «personas indignadas» que estaban ejerciendo su derecho de manifestación y opinión.

Del mismo modo ha calificado la protesta del día siguiente junto al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ha dicho que «en absoluto» se trató de «coaccionar o intimidar al poder judicial».

Vallvé, que en 2017 era vicepresidente tercero de Òmnium, ha asegurado que en el ejercicio de estas funciones nunca escuchó hablar del documento Enfocats, considerado una hoja de ruta del ‘procés’ que fue encontrado en casa de Josep Maria Jové, ex número dos de Oriol Junqueras.

SIN ANTECEDENTES EN EL PUERTO DE PALAMÓS

También ha comparecido el actual secretario de Infraestructuras y Movilidad, Ricard Font, que en el momento de los hechos juzgados era responsable de Puertos de Cataluña.

Según este testigo, el buque «Moby Dada» –conocido como ‘Piolín‘ por mostrar una representación de este personaje de dibujos animados y en el que viajaban policías movilizados por el 1-O– no pidió autorización formal para atracar en el puerto de Palamós como buque de Estado.

Según este testigo, el capitán del «Moby Dada» sólo consultó la posibilidad de permanecer en dicho puerto unos 20 días para reparar camarotes.

Esto fue rechazado por las autoridades portuarias dado que no había precedentes de una actividad similar en dicho puerto y además por la presencia en las instalaciones de varios de buques de crucero que ocupaban todo el espacio en los muelles.

Por otro lado, la que fuera concejal socialista en Barcelona y miembro del comité ejecutivo del Pacte Nacional pel Referéndum Itziar González ha señalado que entró en esta plataforma tras una llamada del expresidente Carles Puigdemont.

Este se lo pidió expresamente después de que el Parlament instara al Govern a promover esta organización, de la que se buscaba que tuviera una representación lo más plural y transversal posible.

Le dijo también que el Govern se limitaría a impulsar su creación y que por ello aceptó.

El Pacte era financiado por entidades privadas y en los trabajos del mismo coincidió con el que fuera presidente de Òmnium Cutural Jordi Cuixart, a quien ya conocía de otros foros ciudadanos diferentes, como el que promovió unos años antes el pacto social contra la corrupción.

CONCENTRACIONES CONTRA EL 20-S

En un sentido parecido ha declarado el secretario general de UGT en Cataluña Camil Ros i Duran, que ha justificado la participación del sindicato junto con ANC, Ómnium Cultural, federaciones deportivas, rectores universitarios y otros en la denominada ‘Taula per la Democracia’.

Creía que eran «desproporcionadas» las medidas que se tomaron por la justicia el 20 de septiembre de 2017 con las detenciones y registros en sedes de la Generalitat.

En este ámbito el testigo mantuvo reuniones con Cuixart y también con el presidente de ANC Jordi Sánchez y ha manifestado a preguntas de las defensas que las concentraciones públicas esos días no eran para coaccionar a la Justicia.

Apunta que eran una respuesta «pacífica, democracia y no violento frente a unas acciones judiciales» que creían que no ayudaban al clima existente en Cataluña. Por lo que se refiere al paro de país del 3 de octubre de ese año, fue convocado por la Taula, no por el Govern.

Las últimas testigos del día han sido dos mujeres que participaron en el cordón de voluntarios de la ANC que se formó frente a la Consejería de Economía el 20-S.

Según han declarado, ayudaron a bajar a manifestantes de los coches de la Guardia Civil y han acreditado que los ‘Jordis‘ desconvocaron la concentración poco antes de la medianoche, sugerencia que la mayoría de gente aceptó salvo un grupo de jóvenes «más eufóricos y efervescentes», que les abuchearon por querer dar por finalizada la protesta.