Con 20 kilos menos, bronceado y con muchísimas ganas de hablar, Luis Pineda, presidente de Ausbanc, en libertad provisional desde el 16 de abril pasado, tras 3 años de prisión preventiva, fue contundente en sus manifestaciones: La destrucción de Ausbanc y su encarcelamiento es el resultado de un complot llevado a cabo por el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, por encargo del anterior presidente del BBVA, Francisco González, porque estaba ganando casos judiciales por cláusulas bancarias abusivas.
«Existió un plan. Un encargo. Unos pagos», afirmó en rueda de prensa, flanqueado por sus abogados, Miguel Durán, socio director de Durán & Durán Abogados, y Luis de Las Heras, jefe del Departamento Penal de la firma, y responsable directo del caso.
De acuerdo con Pineda, Villarejo cobró del BBVA «6 millones de euros por el asunto de Ausbanc».
«Él [Villarejo] para intentar librarse de un delito de blanqueo de capitales, en un acto de soberbia, dijo, ‘¿Cómo blanqueo de capitales? Esto me lo pagó el BBVA para acabar con Ausbanc», añadió. «Villarejo cobró ilegalmente y ocultó el concepto porque sabía que no podía recibirlo por ser policía y porque el encargo era criminal».
Desde el punto de vista de Pineda, el BBVA iba a por Ausbanc por el daño que sus actividades estaban infligiendo a las cuentas del banco.
«En 2010 conseguimos que las cláusulas de redondeo fueran nulas por abusivas. Y en 2016, estando ya detenido, conseguimos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarando la retroactividad total de las cláusulas suelo. Eso lo consiguió Ausbanc. Hemos defendido al consumidor durante más de 30 años», afirmó Pineda.
«Había que acabar con Ausbanc y conmigo. Lo tengo claro», añadió.
El abogado Luis de las Heras reveló que el pasado 20 de febrero habían presentado una denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular el magistrado Manuel García Castellón, «por cohecho y organización criminal contra Villarejo, Francisco González y todos los que pudieran estar involucrados».
El letrado especificó que a Pineda se le atribuyen 27 delitos de extorsión.
La Fiscalía, solicita, por ello, 118 años y 5 meses de prisión para él, casi 25 para Miguel Bernad, presidente de Manos Limpias, y cerca de 12 años para la abogada que ejerció la acusación popular en nombre de Manos limpias contra la infanta Cristina, Virginia López Negrete.
Sobre el caso Nóos, Pineda aseguró que no tiene nada que ver con el tema y que jamás pidió dinero por retirar la acusación contra la infanta.
Y en relación con Manos Limpias y Bernad, aseguró que la única relación económica era que le compraba lotería en Navidad.
«Y que cuando llevamos alguna defensa en temas bancarios no les cobrábamos. Es mentira que hayamos hecho aportaciones económicas a Manos Limpias», añadió.
ACUSACIONES INFUNDADAS
«Las acusaciones son totalmente falsas e infundadas que tienen el único propósito de neutralizar a Pineda y sus acciones judiciales en favor de miles de perjudicados por dicho banco. ¿La acusación popular de Podemos? Oportunismo», explicó Durán.
Pineda ha pasado, en total, tres años en prisión preventiva.
Recuperó la libertad tras abonar 200.000 euros de fianza, a la espera de la celebración del juicio, previsto para el próximo 23 de septiembre, que enjuiciará el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, que presidirá la magistrada Ángela Murillo, junto a los magistrados Teresa Palacios y Juan Francisco Martel.
Este tribunal, precisamente, rechazó que se citara a Villarejo en el juicio.
Una decisión que Miguel Durán espera que el tribunal rectifique y el comisario jubilado sea llamado a declarar. «Porque va de suyo», añadió.
