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La Administración puede ser demandada por el atasco en la regularización de extranjeros
Mariano Calleja, del despacho Winkels Abogados, explica en este artículo que la Administración puede ser responsable del atasco en la regularización de extranjeros.
25/5/2019 06:15
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Actualizado: 24/5/2019 20:42
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Cuando la Administración tiene previstos procedimientos de regularización de extranjeros, pero no se facilita el acceso a los mismos, es como si no existieran.
Nos referimos a los constantes y reiterados periodos en los que lograr a una cita para realizar un trámite de extranjería, se convierte en una especie de Gymcana en la que, por mucho que vayas superando las pruebas, no llegas nunca al final deseado: la obtención de la cita.
Es cierto que en el tema de las renovaciones, la existencia de procesos telemáticos han conseguido mejorar el sistema, y ya no se producen tremendas situaciones anteriores que llevaba incluso a que en algunas ocasiones, los extranjeros que ya estaban en situación regular en España perdieran dicha condición por los injustificables retrasos en la obtención de las citas.
Pero en el tema de las solicitudes iniciales, seguimos como hace veinte años.
Al principio fueron las interminables colas que se formaban a diario en la puerta de las oficinas de atención a los extranjeros, con sus inevitables consecuencias:
Cuando el solicitante o su letrado habían conseguido superar las inclemencias meteorológicas, se encontraba con que se había acabado el periodo de atención.
Inacabable competición
Ello les obligaba a acudir al día siguiente más temprano, lo que derivaba en una inacabable competición de ver quien llegaba primero a la fila, dándose la circunstancia de que el primero de fila del día era el último de la fila del día anterior.
Y todo ello sin mencionar aquellos impresos autocopiativos -que no eran fotocopiables– y acabaron siendo una especie de moneda de cambio muy cotizada, por la que había auténticas peleas.
Este engorroso problema ha sido solucionado de manera aparentemente simple: el interesado es obligado a pasar horas y horas frente al ordenador, rellenando una y otra vez sus datos, para que leer finalmente que “en ese momento no hay citas disponibles”.
Esta situación supone, a juicio de quien esto firma, un supuesto claro de discriminación, pues el administrado -y el extranjero, aún en situación irregular o en espera de regularizarla, lo es-, no puede acceder a un proceso que le llevaría a adquirir un estatus que varía de manera radical su situación en España.
Los responsables de este despropósito no son desde luego los esforzados funcionarios que, en condiciones precarias y sufriendo una evidente falta de personal, sobrellevan a diario su cometido, supliendo estos dislates con altas dosis de paciencia y eficacia.
Pero también resulta comprensible que se produzcan situaciones de conflicto, cuando quien ha triunfado en su propósito de conseguir una cita, encuentra que el expediente no está correcto por alguna razón, y debe volver a presentarlo.
La paradoja es que este tipo de solicitudes llevan aparejado el pago de una tasa, y la esencia de la tasa es el pago de un servicio.
Por ello, no sería descabellado proponer que se aplique realmente el pago de esas tasas para la mejora de las condiciones de accesos a este tipo de procedimientos, pues no sólo no cuestan dinero a la administración, sino que son financiadas por el propio solicitante.
Por último, el autor de este artículo quiere destacar que este atasco de solicitudes puede provocar tal perjuicio a los usuarios que deriven en procesos de responsabilidad patrimonial de la Administración.
Como ya sucedió en las renovaciones tras los procesos de regularización del año 2000, y en las más que probables sanciones de la Unión Europea, para recordarnos una vez más, que los extranjeros no deben ser tratados como gente de segunda.
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