La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha detectado una serie de irregularidades tras la auditoría realizada en el Centro Integral de Formación Permanente, un centro perteneciente a la universidad que se dedicaba a avalar cursos externos de experto universitario, y ha remitido estas conclusiones a la Fiscalía para que decida si abre una investigación.
Así lo informó ayer el rector de la URJC, Javier Ramos, durante la celebración del claustro de la universidad para informar de las conclusiones de la labor de auditoría que se ha realizado en los centros de la institución.
Este centro compartía gran parte de su plantilla con el extinto Instituto de Derecho Público.
Fuentes de la universidad han indicado que ya se han completado las conclusiones de la auditoría del extinto Instituto de Derecho Público que dirigió el catedrático Enrique Álvarez Conde, ya fallecido, uno de los principales implicados en el ‘caso Máster’.
EL INFORME CORROBORA LAS SOSPECHAS DE IRREGULARIDADES CONTABLES
El informe de auditoría ha corroborado las sospechas de irregularidades contables en este organismo, cuyo informe se remitirá al Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid que instruye la causa por presunta malversación en el IDP, tal y como denunció la propia URJC.
En el caso del Centro Integral de Formación Permanente de la Universidad Rey Juan Carlos, la auditoría ha detectado una serie de incumplimientos de la normativa y de las funciones de control de gasto que podrían implicar un «grave» perjuicio para las arcas de la propia universidad.
Se ha remitido esa información al Ministerio Público para que decida si es pertinente abrir una investigación para depurar posible comisión de delitos.
La URJC ha iniciado ya un proceso de transformación de este centro para que sea de gestión interna de cara a desplegar actividad formativa propia de la universidad.
Desde la institución se procedió a hacer una auditoría de todos sus centros, con especial atención a los que tenían CIF propio como se detectó en el IDP.
Así, se revisó también el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales, donde el estudio perifial ha determinado que todo está correcto.
Con estas auditorías la universidad ha completado todo el proceso de escrutinio de los centros propios y adscritos de la URJC, con lo que se inicia «una nueva etapa», han indicado las mismas fuentes.
LA FISCALÍA PIDE TRES AÑOS Y TRES MESES DE CÁRCEL PARA CIFUENTES
Tras el escándalo del ‘caso Máster’, la universidad cerró el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, y abrió un expediente al catedrático Enrique Álvarez Conde, exdirector del Máster, quien estaba de baja médica desde que estalló la polémica y falleció el pasado abril como consecuencia de un cáncer de pulmón que padecía desde hace tiempo.
A finales de noviembre de 2018, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid dictó aun auto de procesamiento contra la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes (PP), Álvarez Conde, la profesora de la URJC Cecilia Rosado y la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito.
La Fiscalía reclama 3 años y 3 meses de cárcel para Cifuentes por un presunto delito de falsedad documenta, al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su Máster de Derecho Autonómico, de la URJC, cosa que nunca tuvo lugar, mientras que la acusación que representa a la universidad pide 4 años de cárcel.
El Ministerio Público señala a la profesora Cecilia Rosado como presunta autora de la falsificación del acta y ha pedido para ella 21 meses de prisión; una pena inferior a la Cifuentes porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.
Para la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito ha solicitado 3 años y 3 meses.
Aún no se ha fijado la fecha para este juicio, que se celebrará en un Juzgado de lo Penal de Madrid al ser las penas que se piden inferiores a los cinco años.
Cifuentes ha fichado recientemente al abogado Cristiano de Ronaldo, José Antonio Choclán, para que la defienda.
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