Ivan Espinosa de los Monteros con Macarena Olona, secretaria general del grupo parlamentario de Vox, en rueda de prensa. Foto: EP.
Vox propone compensar a los denunciantes de corrupción con el 10 % del dinero recuperado, como en EE.UU.
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11/6/2019 06:15
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Actualizado: 11/6/2019 00:34
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Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que pretende proteger de forma integral a los denunciantes de corrupción y compensar su contribución con el 10% del dinero recuperado.
Con esta iniciativa, Vox pretende, en primer lugar, dar una protección «eficaz» a los denunciantes de prácticas corruptas –»Whistleblowers», en terminología internacional– «el eslabón más débil en la cadena», para así estimular que revelen las información de la que disponen sin temor a represalias y a que se les vea «casi como a héroes», según ha apuntado en rueda de prensa el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
La idea, aunque no es nueva, se aplica, desde hace años, en Estados Unidos en la lucha contra la corrupción.
La planteó públicamente Hervé Falciani en 2016 a través de Confilegal.
«Como medio para compensarles ya que no van a poder encontrar trabajo. La compensación económica es un método muy eficaz porque la persona necesita vivir, comer y tiene familia. En aquel país la ley obliga a las empresas a dotarse de sistemas para proteger a los trabajadores que denuncien irregularidades de cualquier tipo de represalia», explicó.
Este antiguo empleado del banco internacional HSBC, en su sede de Ginebra, Suiza, desveló en 2015 la identidad y los registros bancarios de unos 130.000 evasores fiscales que ocultaban más de 100.000 millones de euros en aquella oficina de la entidad bancaria en el país helvético.
AUTORIDAD INDEPENDIENTE PARA PROTEGER A LOS «WHISTLEBLOWERS»
Vox también plantea crear una Autoridad Independiente que los proteja y que sea «una figura de reconocido prestigio en la lucha contra la corrupción» y ponen como por ejemplo la que fuera instructora de los ERE en Andalucía, la magistrada Mercedes Alaya, «si ella quisiera».
Con esta iniciativa, Vox pretende, en primer lugar, dar una protección «eficaz» a los denunciantes de prácticas corruptas, «el eslabón más débil en la cadena», para así estimular que revelen las información de la que disponen sin temor a represalias y a que se les vea «casi como a héroes», según apuntó ayer en rueda de prensa el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
En segundo lugar, también quiere reconocer su contribución para «prevenir daños y detectar amenazas o perjuicios para el interés público» con el fin de atajar una lacra que, según un estudio de 2017 de la Comisión Europea, supone una pérdida de beneficios por la falta de protección de los denunciantes de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales, sólo en el ámbito de la contratación pública en el conjunto de la UE.
UNA DIRECTIVA PENDIENTE DE APROBACIÓN FINAL
Esta propuesta supone, en definitiva, «un paso decisivo para poner fin a la situación de absoluto desamparo en la que, en la actualidad, se encuentran los denunciantes de corrupción», y en línea con el proyecto de Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción, aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 16 de abril, y que todavía tiene que ser aprobada por la Comisión.
En la pasada legislatura, Ciudadanos ya presentó una ley ómnibus contra la corrupción y por la protección de los denunciantes, pero la iniciativa, que fue tomada en consideración por el Pleno en febrero de 2017, no llegó a completar su tramitación.
En concreto, Vox sugiere en su texto la creación de un Estatuto de protección de los denunciantes de corrupción para asegurar su inmunidad personal, profesional y familiar, esto es, regular por ley que no se persiga al denunciante por corrupción, pero tampoco a los periodistas o a los medios que publiquen información relativa a posibles prácticas corruptas.
La proposición recoge sanciones de que van desde los 200 a los 400.000 euros en función de la gravedad.
La Autoridad Independiente se encargará de estudiar las denuncias presentadas y de dar traslado a la Fiscalía de la posible existencia de un posible delito y de informar del peligro para la persona, libertad o bienes del denunciante o de su entorno con el fin de que la autoridad judicial puedan adoptas las medidas de protección oportunas. Pero este organismo de nuevo cuño, según plantea Vox, también podrá ejercer la acusación particular.
A FAVOR DE DEROGAR EL ARTÍCULO 324 DE LA LECRIM
En su texto, los de Santiago Abascal proponen, en sus disposiciones adicionales, la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece plazos máximo de duración de la instrucción.
Esta es una reivindicación de las tres asociaciones de fiscales, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
Vox coincide con ellas en derogarlo puesto que esta medida favoreció el archivo automático de diversas causas penales del PP.
También quiere modificar la Ley de Indulto, que data de 1870, para prohibir esta medida de gracia en delitos de terrorismo, de financiación ilegal de partidos, o contra la Administración Pública, la Administración de Justicia, la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
En esta lista, Vox también incluye los delitos cometidos contra la Constitución, las instituciones del Estado y la comunidad internacional; los de traición y contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la Defensa Nacional; así como los de rebelión y sedición, y contra el orden público.
QUE CUMPLAN SUS PENAS EN LAS COMUNIDADES DONDE NO TENGAN REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA
También propone reformar la Ley Orgánica General Penitenciaria para que los condenados cumplan sus penas en comunidades en las que no tengan representación parlamentaria partidos que hayan respaldado públicamente actuaciones contrarias al orden constitucional, la unidad de España y las instituciones del Estado, cuando se trate de internos condenados por delitos de terrorismo, contra la Constitución, las instituciones del Estado, la comunidad internacional y/o traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional, rebelión, sedición y contra el orden público.
Con esta medida, según explicó la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, buscan poner fin a la «alarma tan extraordinaria» que supone el «trato privilegiado» recibido, por ejemplo por Oriol Pujol, y para evitar también que se les de el mismo a los parlamentarios independentistas que se encuentran en prisión preventiva por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
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