PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

El abogado de Bassa: Escupitajos, insultos y patadas no ponen en jaque el sistema constitucional

Descarta la rebelión porque "llamar a votar de forma ordenada y pacífica no es lanzar a la gente contra la Policía"Mariano Bergés afirma que el 'procés' fue un "pulso político", no un alzamiento violento.
|

El abogado Mariano Bergés, que defiende a la exconsejera Dolors Bassa, ha descartado que los hechos ocurridos en el otoño de 2017 en Cataluña constituyan un delito de rebelión, de sedición o de conspiración para la rebelión.

Ha señalado que hacer llamamientos a la población para «votar de forma ordenada y pacífica no es lanzar a la gente contra la Policía» y que algunos incidentes en los que los votantes lanzaron «escupitajos, insultos, miradas de odio y patadas» contra los agentes «no ponen en jaque el sistema constitucional».

PUBLICIDAD

En su informe de conclusiones definitivas en el juicio del ‘procés’, en el que ha solicitado la libre absolución para su clienta, Bergés ha acusado a la Fiscalía de hacer un «planteamiento artificioso» de lo que ocurrió, introduciendo «nuevos conceptos» como el de «violencia soft», pues ha constatado que en 2017 el orden constitucional «no corrió grave peligro» en Cataluña ni se «aniquiló» la Constitución.

PUBLICIDAD

Ha querido dejar claro que Dolors Bassa no participó en ninguna de las reuniones en las que los mandos de los «Mossos d’Esquadra» advirtieron de incidentes el 1-O, y «tampoco existen mensajes alentando a la ocupación de edificios públicos o el uso de violencia».

También ha dicho que en las ocho horas en las que las acusaciones estuvieron exponiendo sus informes de conclusiones, la exconsejera sólo fue mencionada tres veces y en todo el juicio su nombre ha aparecido en «cuatro o cinco» ocasiones «a lo sumo».

PUBLICIDAD

«Sin esa participación, no se puede hablar de autoría», ha aseverado.

Asimismo, ha recalcado que Bassa «no defendió el uso de colegios o de material electoral», y ha defendido que la huelga general del 3 de octubre consistió en un «puro ejercicio de huelga sindical», de modo que al gobierno catalán «no le quedó más remedio que convocar servicios mínimos».

EXAGERACIONES

Bergés ha manifestado que si hubiese tenido lugar la rebelión que defienden los fiscales, «al Consejo de Ministros no le habría quedado más remedio que declarar el estado de sitio», ya que la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna no habría sido suficiente.

PUBLICIDAD

«Los hechos no fueron suficientemente graves y no supusieron una amenaza suficiente para el orden constitucional. El artículo 155 carecía de la capacidad lesiva que requiere el delito de rebelión», ha argumentado.

También ha expuesto que el 155 «no encontró ninguna resistencia» cuando entró en vigor el 28 de octubre de 2017 y que «tuvo un efecto inmediato con la convocatoria anticipada de elecciones» autonómicas.

PUBLICIDAD

Bergés ha subrayado que en el otoño de 2017 «no corrieron peligro vidas, no se aislaron comunicaciones, no se ocuparon centros neurálgicos, no se necesitó desplegar equipamiento militar» en Cataluña.

Según ha afirmado, todos estos supuestos son los que preveía el golpe de Estado del 23-F.

«Eso sí es una rebelión y lo demás son exageraciones e intentar encajar lo que no es en un delito», ha sentenciado.

Para este abogado, lo que pasó en Cataluña fue una convocatoria del gobierno catalán para votar.

«Y convocar para votar de forma ordenada y pacífica no puede interpretarse como lanzar a la población contra las fuerzas del orden. Eso es una interpretación fuera del principio de legalidad», ha agregado.

PUBLICIDAD

El letrado ha expuesto que según el Código Penal, para cometer un delito de rebelión «la violencia debe formar parte del diseño del plan rebelde», pero ha manifestado que lo ocurrido el 1 de octubre de 2017 «fueron hechos sobrevenidos resultado de episodios no planificados».

Según Bergés, «no existe ningún mensaje de los acusados que llamara a la violencia» y la actitud de los votantes en algunos colegios durante el referéndum ilegal «no fue más que una presión legítima, el núcleo duro de los derechos de reunión y manifestación».

De ahí que deduzca que fue la intervención policial la que «interrumpió el nexo causal entre la conducta de los acusados y lo que ocurrió» el 1-O.

En cualquier caso, considera que el 1-O no se produjo la violencia que requiere el delito de rebelión.

Tampoco cree que haya concurrido el delito de sedición. 

«No hubo alzamiento tumultuario», ha expuesto, a lo que ha añadido que «lo que la Guardia Civil llama barricadas son cuatro mesas escolares mal puestas que tardaron segundos en retirarse».

«La resistencia pasiva no merece de 10 a 15 años de prisión», ha destacado.

Tras remarcar que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) fue un «acto político pacífico» y que no tenía «valor jurídico», Bergés ha insistido en que todo lo que ocurrió en el otoño de 2017 en Cataluña respondió a «un pulso político porque el 80% de la población reclamaba la celebración de un referéndum».

A su juicio, lo que pide la Fiscalía al tribunal es que «actualice el tipo de delito de rebelión».

El juicio por el proceso independentista en Cataluña llega hoy a su fin justo el día en que se cumplen cuatro meses desde su comienzo, e los que se han celebrado 52 sesiones.

Finalizados los informes de conclusiones de las defensas, los 12 acusados tendrán la opción de utilizar el turno de última palabra que les concede el tribunal para exponer cualquier asunto que consideren que no se ha dicho en la sala y que crean importante remarcar de cara a la deliberación de los magistrados.

SANTIAGO VILA

Juan Segarra, abogado del exconsejero de Empresa Santiago Vila, que se enfrenta a siete años de prisión por malversación de caudales públicos y desobediencia, ha insistido este miércoles en el juicio por el proceso independentista en el Tribunal Supremo que su cliente dimitió «frustrado» al no conseguir una «solución dialogada» para declarar la independencia de Cataluña. Asimismo, ha destacado que en el gobierno de Carles Puigdemont no existía «consenso».

La defensa de Vila ha sido la última en exponer sus conclusiones finales, en la que ha pedido la absolución de su defendido subrayando que no es posible «presumir y sostener el conocimiento, el consentimiento y el acuerdo para una actuación conjunta de todos los acusados», tal y como , según ha dicho, han hecho las acusaciones.

«Esto es desconocer abiertamente la verdad», ha añadido Segarra.

El abogado ha hecho un alegato defendiendo que Vila se desmarcó de las intenciones unilaterales de declarar la independencia. Asimismo, ha diferenciado las funciones de cada uno de los acusados y ha recordado que no era diputado del Parlamento de Cataluña, sino que tan sólo formaba parte del Gobierno.

«Las acusaciones no distinguen porque no les interesa quién aprueba las leyes y quien aprueba los decretos», ha dicho.

En este sentido, ha indicado que es independiente que el Parlament aprobase unas leyes y a raíz de ello el Govern aprobase un decreto.

A Vila sólo le responsabiliza de dos acuerdos de Gobierno, los relativos a la convocatoria del referéndum y de la aprobación de gastos para la votación desde las consejerías, ha recordado, al mismo tiempo que ha destacado que estos decretos eran de «naturaleza meramente política y representativa» y que nunca fueron de aplicación porque no modificaba las competencias administrativas, ni de autorización de gasto.

Según Segarra, el acuerdo conjunto firmado el 6 de septiembre para sufragar los gastos del referéndum tan solo era «escenificar el consenso que realmente no existía y para la tranquilidad de aquellos como Vila, que pensaban que se financiaría con recursos privados», pues así se lo dijo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha recordado.

Al hilo, el letrado ha recordado que el exconseller dimitió el 26 de octubre, un día antes de la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), «frustrado por no haber podido sellar una solución dialogada en ese contexto de divergencia constante».

Por último, la defensa ha recalcado que Vila no ha tenido ninguna «aportación relevante» en los hechos, pues, según ha dicho, «no existe ninguna decisión en virtud de este acuerdo», ni tampoco hay «una supuesta desviación previsible» porque no conocía, «ni podía conocer», la existencia de «supuestos» gastos en otras Consejerías de la Generalitat.

Asimismo, ha hecho referencia a las reuniones que supuestamente se celebraron para hablar de la organización del referéndum, según aparece en las anotaciones de la agenda Moleskine de Josep María Jové, ex ‘número dos’ del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras –sin hacer mención expresa a esas notas–, y ha recalcado que Vila estuvo al margen de estos encuentros «extraoficiales» porque «nunca fue invitado».

Segarra ha concluido su alegato agradeciendo la labor de uno de los magistrados del tribunal, Luciano Varela, por sus resoluciones en defensa de los derechos, ya que concluye su etapa profesional con este juicio.