Judith Gené, defensa de la exconsejera catalana Meritxel Borrás en el juicio por el proceso independentista, ha reprochado hoy a la Fiscalía que solicite para su cliente 7 años de cárcel por malversación basándose en su apoyo a un acuerdo político que nunca fue ejecutado.
La abogada se refiere al acuerdo del gobierno de Carles Puigdemont el 6 de septiembre de 2017 en el que todos los consejeros se comprometían a asumir de forma solidaria los gastos para hacer frente al referéndum de independencia, que fue suspendido un día más tarde por el Tribunal Constitucional.
«Pero ningún gasto fue adoptado ni comprometido con posterioridad a esa fecha, se trataba de un acuerdo que quedó en el plano político y no debe sorprender que los políticos hagan cosas políticas», ha señalado durante su alegato.
Gené ha indicado que incluso si se quiere hablar del citado acuerdo como de una especie de «complicidad psíquica» de todos sus miembros, debería probarse que dicha complicidad ha tenido alguna influencia sobre los que deberían haber aprobado el gasto, algo que tampoco ha ocurrido.
La defensa de Borrás también ha rechazado la petición de condena por organización criminal que ha realizado contra su clienta VOX, que ejerce la acusación popular.
Además, ha reprochado a VOX que eliminara su petición de condena por este delito y el de malversación para otro de los encausados que se encuentran en libertad, Santiago Vila, haciendo una mera «discriminación ideológica sin justificarlo».
La abogada también ha hecho mención de los gastos para el referéndum ilegal obrantes en los escritos de acusación para tratar de desacreditarlos en su conjunto y tratar de demostrar que su patrocinada no tuvo intervención directa en ninguno de ellos.
Se ha detenido especialmente en los gastos atribuidos al Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), ya los abogados se han repartido por bloques la defensa en profundidad de cada uno de los diferentes capítulos de la presunta malversación.
Ha señalado que quizá el nombre de la institución «no es afortunado» o no ha sabido explicar bien su actividad, aunque ha dicho que hay que tener en cuenta que es un organismo autónomo que lleva años organizando visitas de diferentes cargos extranjeros a Cataluña.
Gené ha afirmado que no puede hablarse de malversación por el hecho de que la presencia de algunas visitas o encargos académicos coincidieran con la jornada del referéndum.
Ha concluido su intervención diciendo que Borrás comunicó a sus subalternos la resolución del Tribunal Constitucional que prohibió destinar presupuesto a la consulta suspendida y que tampoco aparece en la agenda Moleskine incautada a Josep María Jové, mano derecha del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, ni se vio que encargara gasto alguno en los más de 10.000 correos electrónicos que se le intervinieron.
El presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, le ha recordado en dos ocasiones el tiempo que le quedaba para concluir su intervención, ya que en la sesión de ayer la letrada cedió 15 minutos de su hora de informe definitivo al abogado del exconsejero catalán Joaquim Forn, Javier Melero.
«Voy a tener que volar», ha contestado Gené.
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