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La abogada de Cuixart: ‘La defensa de la unidad de España no puede suponer el sacrificio de derechos fundamentales’

El juicio del proceso independentista llega hoy a su fin con los últimos informes y el turno de última palabra para los acusados, justo el día en que se cumplen cuatro meses de duraciónMarina Roig dice que no está "minimizando" los hechos ocurridos en el otoño de 2017 en Cataluña, sino "situándolos en su justo término".
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Marina Roig, abogada del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha defendido en su alegato final ante el tribunal que juzga el proceso independentista las manifestaciones, concentraciones y protestas que tuvieron lugar en el otoño de 2017, en el marco de la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y ha dicho que todas esas movilizaciones se enmarcan en el derecho de reunión.

Y ha señalado «la defensa de la unidad de España no puede suponer el sacrificio de los derechos fundamentales».

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«En 2017 se produjo un conflicto político de gran calado en las relaciones entre Cataluña y España y una parte de la ciudadanía respondió a ese conflicto como corresponde a una sociedad democrática, saliendo a la calle para pedir a los políticos que actúen con responsabilidad y afronten el conflicto, y lo hizo sin violencia», ha expuesto Roig.

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La letrada ha indicado al tribunal que con esta exposición no está «minimizando» los hechos ocurridos en el otoño de 2017 en Cataluña, sino «situándolos en su justo término».

«Debemos sentirnos orgullosos de la ciudadanía que salió a la calle», ha afirmado.

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Roig ha mencionado varios informes internacionales para hacer un alegato sobre el derecho de reunión y ha reprochado a las acusaciones que entiendan las movilizaciones que tuvieron lugar en Cataluña como protestas de «contenido antidemocrático» y que las «utilicen» como prueba.

«La acusación no puede arrogarse la propiedad de la Constitución. No hay Constitución sin democracia y no hay democracia sin movilización ciudadana», ha manifestado.

La letrada ha citado varias veces el informe emitido por un grupo de trabajo de la ONU contrario a la prisión provisional de los acusados, en el que se pedía la puesta en libertad de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart para decir que su cliente se encuentra en prisión desde el 16 de octubre de 2017 por ejercer su derecho a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación política.

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Ha pedido al tribunal su absolución, y su «inmediata» puesta en libertad.

Cabe recordar que el embajador de España en Ginebra, Cristóbal González-Aller Jurado, protestó ante la ONU por los «errores» y «distorsiones» que contiene dicho informe y que el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, se ha quejado por escrito a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por este grupo de trabajo que ha apoyado a Junqueras, Sànchez y Cuixart.

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Roig también ha asegurado que la Fiscalía ha partido de la «evidencia de que todos los acusados comparten la aspiración del ejercicio de la autodeterminación de Cataluña», y ha recalcado que no hay pruebas suficientes contra el presidente de Òmnium y que ni siquiera los documentos que las acusaciones vinculan al proceso independentista, como el documento ‘Enfocats’ o la agenda Moleskine, hallados en el domicilio Josep María Jové, mano derecha del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, «instrumentalizan la movilización ciudadana como insurrección».

DICE QUE CUIXART SÓLO CONVOCÓ EL 20-S

La abogada ha señalado que de los «graves incidentes» que a juicio de la Fiscalía ocurrieron el 19 y 20 de septiembre de 2017, Cuixart «convocó y participó única y exclusivamente» en la concentración ante la Consejería de Economía en Barcelona, que está «encardinada y debe estar protegida por el derecho legítimo a la reunión».

«Es tan legítima la protesta contra una actuación del Poder Legislativo o Ejecutivo como contra una resolución del Poder Judicial», ha agregado.

Asimismo, ha dicho que el 1 de octubre Cuixart sólo animó a los ciudadanos a mantener la «resistencia pacífica» ante la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, a su entender, debe considerarse como «reunión pacífica».

Ha señalado que si hubo algún incidente entre manifestantes y agentes fue algo «aislado», no compartido por la totalidad de las 2.300.000 personas que acudieron a los colegios electorales, de los cuales «170.000 personas votaron que ‘no’ a la independencia» y que todos ellos eran conscientes de que estaba prohibido por el Tribunal Constitucional.

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En este sentido, Roig ha criticado que la Fiscalía califique los meses de septiembre y octubre de 2017 como un «periodo insurreccional», como lo calificó en sus atestados el teniente coronel Daniel Baena, jefe de la investigación policial sobre el referéndum.

«Baena paso a servir en bandeja una terminología más acorde con el delito de rebelión» porque hablar de una «desafección a las autoridades» resultaría una acusación «descafeinada», ha afirmado la abogada.

Insistiendo en que «manifestarse suele ser la opción política que utiliza la ciudadanía» en busca de ciertos «cambios» y que «determinados poderes del Estado» aborda las protestas «como si fueran una amenaza», de lo que, a su juicio, es ejemplo la acusación contra Cuixart, la letrada ha defendido que los hechos no encajan ni en el delito de rebelión ni en el de sedición.

Para la defensa del presidente de Òmnium Cultural, ni en la concentración ante la Consejería de Economía ni el día del referéndum ilegal se dio «la violencia idónea que requiere el delito de rebelión», del que acusan la Fiscalía y la acusación popular VOX.

Pero «tampoco fue un intento de impedir actuaciones judiciales, que es lo que requiere el delito de sedición», que imputa la Abogacía del Estado.

INDICA QUE NO SE CREE QUE CANTAR ‘EL SEGADORS’ ANTE CUARTELES ‘SE PUEDA ENTENDER COMO UN ACTO DE ACOSO O VIOLENCIA’

También ha manifestado que no cree que cantar ‘Els Segadors’ -himno catalán- ante cuarteles de la Guardia Civil o en los hoteles donde se alojaron los policías que fueron desplazados a Cataluña «se pueda entender como un acto de acoso o de violencia».

Según ha afirmado Roig, lo que «acreditan» las imágenes que se han visto en el juicio es que los agentes de la Policía y Guardia Civil es que «atacaron sin previo aviso y utilizando las defensas indiscriminadamente». «No podíamos imaginar el uso desproporcionado de la fuerza», ha añadido.

Tras el alegato final de la defensa del líder de Òmnium Cultural, seguirá el de los letrados de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y la exconsejera Dolors Bassa.

Cerrarán esta fase del procedimiento las defensas de los también exconsejeros Meritxell Borràs y Santi Vila, quienes a diferencia de los anteriores, sólo están acusados de un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Aunque todos tienen aproximadamente una hora para intervenir, los letrados de estos dos últimos utilizarán menos tiempo porque cedieron unos minutos al abogado de Joaquim Forn, Javier Melero.

El juicio por el proceso independentista en Cataluña llega hoy a su fin justo el día en que se cumplen cuatro meses desde que arrancó. Se han celebrado 52 sesiones.

El presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, lo declarará visto para sentencia después de los últimos informes de conclusiones de las defensas y el turno de última palabra que se concede a los acusados.

Quienes deseen hacer uso de este turno de intervención dispondrán de unos 15 minutos cada uno.

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