Olga Arderiu, abogada de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, ha manifestado hoy en el juicio del proceso independentista que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y VOX acusan a su cliente «por ser quien es» y «no por lo que ha hecho».
Les ha reprochado la «diferencia de trato» que, en su opinión, ha recibido de las acusaciones con respecto al resto de miembros de la Mesa de la Cámara catalana, que han sido sacados de este procedimiento y sólo se les imputa un presunto delito de desobediencia.
Arderieu ha argumentado como prueba de que se acusa a Forcadell «por ser quien es», como asegura, que en la legislatura anterior a su presidencia también se presentaron y admitieron en el Parlamento catalán iniciativas de grupos parlamentarios sobre la independencia de Cataluña y ninguna de ellas fue suspendida por el Tribunal Constitucional, lo cual achaca a que entonces no había una mayoría de diputados para aprobarlas.
Es cuando se conformó esa mayoría, ha apuntado, cuando «se empieza a criminalizar a la Mesa» de la Cámara catalana, lo cual, ha añadido, esto le lleva a concluir que «todo responde a una estrategia política».
En este punto ha mencionado al expresidente del tribunal de garantías Francisco Pérez de los Cobos, hermano del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que ejerció de coordinador del dispositivo policial del 1-O.
En su alegato final ante el tribunal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, también ha afeado al Ministerio Público, la Abogacía del Estado y VOX que acusen a Forcadell de un presunto delito de rebelión y que lo «intenten justificar» con «situaciones inventadas» en sus respectivos escritos de conclusiones, las cuales se basan en declaraciones de testigos que, según ha asegurado, ya han sido desmentidas en la vista oral.
También ha señalado que pese a la celebración del juicio, las acusaciones mantienen la versión que habían dado sobre Forcadell en sus escritos provisionales.
Ha puesto como ejemplo la concentración ante la Consejería de Exteriores el 20 de septiembre de 2017, en la que un testigo afirmó que la expresidenta del Parlamento catalán había pasado en un coche oficial y había alentado a los manifestantes.
O su presencia en la protesta frente a la Consejería de Economía aquel mismo día, en la que la secretaria judicial que tuvo que salir por la azotea declaró ante el tribunal que oyó una voz de mujer dirigirse a los ciudadanos y que creyó distinguir la voz de Forcadell; o que Forcadell hizo llamamientos a votar en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Según Arderiu, ninguna de estas situaciones es «en absoluto verdad» y a pesar de ello «se sigue mintiendo».
SOSTIENE QUE FORCADELL NO PARTICIPÓ EN NINGUNA REUNIÓN DEL GOBIERNO DE PUIGDEMONT
La letrada también ha señalado que por mucho que su defendida aparezca en documentos como ‘Enfocats’, la hoja de ruta secreta para la independencia de Cataluña, o en la agenda Moleskine, incautados al ‘exnúmero dos’ de Oriol Junqueras, «no participó en ninguna reunión» del gobierno de Carles Puigdemont y que aunque el mayor de los «Mossos d’Esquadra» Josep Lluís Trapero la citara para el encuentro con Carles Puigdemont, Junqueras y otros mandos policiales el 28 de septiembre, ella «ni fue convocada ni tuvo conocimiento de la reunión hasta el juicio».
«No nos valen conjeturas e invenciones. No participó en la toma de decisión de convocar el referéndum, tampoco en reuniones con las fuerzas de seguridad. La Fiscalía saca punta al comentario del mayor Trapero de que querían que estuviese Forcadell en la reunión», ha manifestado.
Por otra parte, Arderiu ha afeado al fiscal Fidel Cadena que hablara de que la tramitación de todas las iniciativas que permitió la Mesa, por ejemplo, las llamadas leyes de desconexión, supuso una «violencia normativa», lo cual «ni siquiera aparece en el Código Penal».
A su juicio, «si se fuerzan los principios legales, se destroza el principio de legalidad».
«El Constitucional ha declarado inconstitucionales multitud de resoluciones de otros parlamentos o gobiernos autonómicos sin que en esos casos se hablara de violencia normativa», ha apuntado.
Además, la defensa de Forcadell ha indicado que los requerimientos que el Tribunal Constitucional envió a la Mesa del Parlamento catalán advirtiendo de determinadas iniciativas conllevan una «censura» del debate y «limita» la libertad de expresión.
Según Arderiu, el Constitucional pedía a los miembros de la Mesa que «hicieran algo fuera de sus competencias», pues mantiene que este órgano no puede rechazar las iniciativas que les presentan los grupos políticos, y ha recalcado que «no se puede confundir Parlament con Carme Forcadell», pues ésta «no es responsable de la actividad de los grupos parlamentarios» y afirmar lo contrario es «desconocer cómo funciona el poder legislativo».
La letrada ha pedido la absolución su clienta y ha solicitado al tribunal la libertad provisional de ella tras «446 días en prisión» mientras delibera el fallo.
