La nueva presidenta y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, elegida en el XXXIV Congreso de la asociación, Teresa Peramato, fiscal ante el Tribunal Constitucional. Foto: Twitter.
La Ejecutiva de la UPF apoya la modificación del Código Penal para que sea acorde con el Convenio de Estambul
La ejecutiva de la UPF
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16/6/2019 06:15
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Actualizado: 16/6/2019 10:20
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El Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) aboga por que el nuevo Gobierno aborde la regulación de los tipos penales que castigan determinadas formas de violencias contra las mujeres «de una forma más acorde a las obligaciones adquiridas por España (desde el año 2014) en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre las mujeres de 7 de abril de 2011″.
Aunque la UPF no describe los tipos penales, sí lo hizo recientemente la ministra de Justicia, Dolores Delgado –fiscal de carrera y miembro de esa asociación– cuando describió como prioritaria la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal para adaptar nuestra legislación al Convenio de Estambul.
Una de ellas es supresión de la calificación de ‘abuso sexual’, lo que caracterizará como agresiones sexuales todos los actos de contenido sexual realizados contra una persona sin su consentimiento, y como violaciones, los casos más graves.
También adelantó que se cambiarían las multas por penas de cárcel en las agresiones sexuales y se incluiría la circunstancia agravante de género para castigar con mayor dureza los delitos sexuales cuando se comentan contra quien sea o haya sido esposa o haya estado ligada al autor de los hechos por una relación de afinidad.
Por último, destacó que se impedirá que los responsables de estos delitos puedan acceder a los beneficios penitenciarios, permisos de licencia, clasificación en tercer grado y el cómputo del tiempo para la libertad condicional hasta el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena impuesta.
La UPF también hace un llamamiento al próximo Gobierno para que ponga en marcha las medidas que se acordaron en el Pacto de Estado, «en especial atención a aquellas que van encaminadas a la prevención y protección a las víctimas, con la implantación inmediata de la unidades de valoración integral de la violencia de género, allí donde no las hay con personal formado y especializado, en número suficiente para atender a todos los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer en funciones de guardia».
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