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El Ayuntamiento de Madrid niega la devolución de la plusvalía municipal pagada a contribuyentes que obtuvieron pérdidas

La plusvalía municipal conforma uno de los principales fuentes de ingresos tributarios de los AyuntamientosEl Palacio de Comunicaciones, antigua sede de Correos, hoy alberga al Ayuntamiento de Madrid, sobre el que versa la columna del economista, David Martínez. Foto: Wikipedia.
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Como nuestros lectores sabrán, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal) es un Impuesto que se paga al Ayuntamiento por el vendedor cuando se trasmite un inmueble.

Dicho impuesto se calcula aplicando unos porcentajes y tarifas a la parte del valor catastral que se haya atribuido por el Catastro al terreno del inmueble transmitido.

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La plusvalía municipal conforma uno de los principales fuentes de ingresos tributarios de los Ayuntamientos, junto con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y su recaudación se ha visto favorecida en los últimos años en el Municipio de Madrid por dos hechos singulares:

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1) La revisión catastral que entró en vigor el 1 de enero de 2012 la cual, en medio de la peor crisis económica de nuestra democracia, aumentó de forma significativa los valores catastrales de los inmuebles y, en consecuencia, el importe sobre el que se calculaba dicho impuesto

2) La supresión de la reducción del 40% sobre el valor catastral revisado que figuraba en la Ley de Haciendas Locales, a efectos de calcular el Impuesto durante los cinco primeros años de vigencia del nuevo valor para mitigar su impacto a lo largo de varios años, y que el Gobierno convirtió de obligatoria en potestativa en el mismo año 2012.

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La paradoja de que este impuesto hubiera que pagarlo independientemente de si se había obtenido una ganancia por la transmisión del inmueble o, por el contrario, se había producido una pérdida fue resuelta por el Tribunal Constitucional en la sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017.

Mediante la cual declaró la nulidad de varios artículos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, respecto de aquellas transmisiones en las que no se hubiera puesto de manifiesto un incremento de valor del terreno urbano objeto de transmisión.

El Tribunal Supremo interpretó dicha sentencia fijando que los valores consignados en las escrituras públicas, en tanto sean expresivos de que la transmisión se ha efectuado por un precio inferior al de adquisición, constituyen un sólido y ordinario principio de prueba.

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Esto, sin poseer un valor absoluto sí que bastaría, por lo general, como fuente de acreditación de que no se había producido un incremento de valor de terreno y, por tanto, que no debería pagarse nada en concepto de plusvalía municipal al Ayuntamiento.

El Supremo desplaza, en consecuencia, al Ayuntamiento, como gestor y liquidador, la carga de acreditar en contrario, de modo bastante, que los precios consignados son falsos o no se corresponden con la realidad de lo sucedido y que sí se ha producido un incremento de valor del terreno urbano transmitido.

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A este respecto, recientemente ha aparecido en varios medios de comunicación que, tras varios años en que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido paralizados la práctica totalidad de los expedientes de solicitud de devolución de ingresos indebidos por las plusvalías municipales pagadas e ingresadas que se habían presentado por los contribuyentes por haberse producido una pérdida y, no existir, por tanto, incremento del valor del terreno (aportando como prueba las escrituras de transmisión y adquisición del inmueble).

Ya se está procediendo a comunicar por dicho Ayuntamiento a todos aquellos que hayan acreditado haber tenido una pérdida por la transmisión del inmueble que no deben pagar la plusvalía municipal.

¿Es esto cierto? Pues no, es una verdad a medias

Puesto que no se está devolviendo la plusvalía municipal a todos aquellos contribuyentes que, mediante la aportación de sus escrituras, hayan acreditado que han tenido una pérdida, sino solo a aquellos que, según una metodología que usa el Ayuntamiento, hayan tenido una pérdida como resultado de la misma.

Esta metodología pone en relación tanto el valor de adquisición y transmisión del inmueble como el valor catastral del terreno en el momento de su adquisición y transmisión y, como veremos, es claramente favorable a los intereses recaudatorios del Ayuntamiento de Madrid.

Pongamos como ejemplo un caso real de una clienta de nuestro despacho que compró una vivienda en el Municipio de Madrid durante la burbuja inmobiliaria en 2005 por 1.000.000 €.

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En 2016 (11 años después) consiguió vender dicha vivienda por 935.000 €, obteniendo por tanto una pérdida de 65.000 € por dicha transmisión.

En base a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo, se solicitó una devolución de la cantidad ingresada en concepto de plusvalía municipal.

Recientemente, tras casi tres años, hemos recibido la desestimación de nuestra pretensión en base a que, a efectos de calcular la pérdida el Ayuntamiento tiene en cuenta el valor catastral del terreno en el momento de la adquisición y transmisión.

El Ayuntamiento expone, en primer lugar, que el valor catastral en el momento de la adquisición del inmueble era de 270.911,58 € (de los cuales 203.387,67 €, un 75,08 %, se correspondían con el valor del terreno).

Y en el momento de la transmisión era de 430.377,05 € (de los cuales 352.229,09 €, un 81,84 %, se correspondían con el valor del terreno).

En base a ello, el Ayuntamiento multiplica el valor de adquisición y transmisión (1.000.000 € y 935.000 €, respectivamente) por los porcentajes anteriores (un 75,08% y un 81,84%, respectivamente) y, así, obtiene un valor de adquisición del terreno ponderado de 750.800 €.-

Y un valor de transmisión del mismo igualmente ponderado con el valor catastral de 765.204 €, resultando, por tanto, que sí ha existido un incremento del valor del terreno de 14.404 € según esta creativa metodología y no ha lugar a la devolución de la plusvalía municipal pagada.

Como base para adoptar este criterio toma una resolución del Tribunal Económico-Administrativo (TEAR) de Madrid de 26 de julio de 2018 que indica que, en ausencia de un valor específico del suelo debidamente acreditado por el contribuyente, debe aplicarse el criterio ya descrito que ha utilizado el Ayuntamiento de Madrid.

Hasta aquí todo correcto si no fuera porque, con posterioridad a esta Resolución del TEAR pero antes de que se resolviera esta solicitud de ingresos indebidos, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su Sentencia de fecha de 27 de septiembre de 2018, como el Tribunal Supremo en sentencia de fecha de 6 de noviembre de 2018 ya determinaron que la comparación de valores catastrales, como método para determinar si ha habido un incremento del valor del terreno y, por tanto, una manifestación de capacidad económica del contribuyente para cobrar el impuesto de plusvalía municipal, no es admisible.

Ya que esto solamente puede determinarse comparando valores de mercado, no valores catastrales y en modo alguno se puede considerar que un valor catastral se pueda considerar de mercado, correspondiendo al Ayuntamiento en todo caso la carga de la prueba de probar tal circunstancia.

Por lo anterior, la metodología empleada por el Ayuntamiento que utiliza como prueba, a efectos de determinar si ha existido pérdida o no, el porcentaje que representa el valor del terreno sobre el valor catastral total en el momento de la adquisición y trasmisión del inmueble no es válida.

No aporta prueba alguna de que ese porcentaje es de mercado con respecto al inmueble transmitido en fecha de adquisición y trasmisión porque, como ya hemos mencionado, el valor catastral.

Y de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo, no se puede tomar a priori como un valor de mercado de referencia, tanto de una forma absoluta como si lo es a efectos de establecer una proporción entre valor catastral del terreno y el total, si el Ayuntamiento no lo prueba y aquí no lo ha probado en absoluto.

En definitiva, el Ayuntamiento de Madrid, usando una muy discutible metodología que aprovecha el Ccatastrazo de 2012, no solo infló artificialmente los valores catastrales, sino que aumentó de manera significativa la proporción que tenía el valor del terreno sobre el valor catastral total, determina que no ha habido pérdida y niega la devolución de la plusvalía municipal a numerosos contribuyentes.

No deja de ser curioso que el Ayuntamiento, a la hora de aplicar su metodología, haya tenido en cuenta una Resolución del TEAR de Madrid pero no haya tenido en cuenta la existencia de numerosas sentencias de, entre otros, el Juzgado de lo Contencioso Nº 6 de Valencia, por ejemplo, la de 19 de enero de 2018.

Y del Nº 2 de Zaragoza (por ejemplo, la del 3 de octubre de 2018), que resuelven que debe aplicarse el IPC al valor de adquisición a efectos de determinar si ha habido pérdida o no, ya que no es idéntico lo que puede comprarse con una cierta cantidad de dinero en un año y once años después, como ocurre en nuestro caso.

Finalmente, debemos tener en cuenta que se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad para determinar si la plusvalía municipal puede tener para ciertos casos un carácter confiscatorio al representar el importe a pagar una parte muy importante de la ganancia obtenida o ser, incluso, superior a esta.

Por ejemplo, en el caso de nuestra clienta, esta ha tenido una pérdida patrimonial de 65.000 € que el Ayuntamiento ha convertido, metodología discutible mediante, en una ganancia de 14.404 euros.

Denegando, así, la devolución de la plusvalía pagada que asciende a 25.536,61 €, esto es, casi un 180% de dicha supuesta ganancia, resultando que se ha producido, en cualquier caso, no ya una confiscación de la ganancia obtenida sino una expropiación pura y dura de su patrimonio personal.

Huelga decir que vamos a recurrir la resolución de desestimación recibida hasta donde sea necesario para que se reconozca el derecho legítimo de nuestra cliente a que se le sea reembolsado, y con intereses de demora, la totalidad del importe que ingresó indebidamente por plusvalía municipal.

El nuevo equipo de Gobierno entrante en el Ayuntamiento de Madrid tiene en su mano corregir esta injusticia y devolver a muchos sufridos contribuyentes lo que en justicia les corresponde.