El palacio de don Javier González-Longoria, más conocido como palacio Longoria, es un palacio modernista español del siglo XX construido en el distrito Centro de Madrid, en la confluencia de las calles Fernando VI y Pelayo, donde tiene su sede la Sociedad General de Autores (SGAE). Foto: MadridDigital24horas.
La SGAE busca recuperar sus señas de identidad tras negar la AN a Cultura su intervención
Los expertos reclaman a la dirección de la SGAE que actúen de forma diligente y ofrezcan un modelo de gestión distinto del actual que realmente proteja los derechos de autores y creadores
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21/6/2019 06:15
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Actualizado: 21/6/2019 00:22
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La intervención de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), solicitada por el Ministerio de Cultura, habrá de esperar.
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional «ha rechazado la intervención temporal de la SGAE solicitada por el Ministerio de Cultura», según la nota publicada por la entidad de gestión.
En la misma resolución -sigue la nota- la Audiencia Nacional deniega asimismo «la autorización de remoción de los órganos de representación» de la entidad de gestión, «igualmente solicitada por el Abogado del Estado».
Ante la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sobre la petición del Ministerio de Cultura y Deporte de autorizar la intervención temporal de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), el Ministerio constata que, en el auto de la Sala, ésta no se considera competente para dirimir sobre esta materia y no entra a evaluar la cuestión de fondo sobre la pertinencia o no de la intervención.
“Los problemas que tenía la SGAE sin solventar los sigue teniendo”, ha dicho el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao en una atención a medios en Lisboa.
“El auto rechaza autorizar la intervención del Ministerio por una cuestión formal, no de fondo”, ha explicado el ministro.
Hay que recordar que el Ministerio de Cultura y Deporte envió el pasado mes de febrero a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a través de la Abogacía General del Estado, la petición de autorización para intervenir de forma temporal la SGAE, entre la que incluía el nombramiento de un gestor interino para la entidad.
La SGAE señala que la petición se realizó en el marco de un procedimiento judicial en curso, en el que la entidad de gestión había, a su vez, presentado un recurso contencioso-administrativo contra un apercibimiento del propio Ministerio.
«Es evidente entonces que la remoción de órganos de representación y la intervención temporal de la entidad gestora son en todo caso, y por expresa previsión legal, actos posteriores al apercibimiento», señala el auto de la Sala que se declara no competente para resolver sobre la intervención solicitada.
El Ministerio de Cultura y Deporte estudiará acudir a otras instancias judiciales si estos problemas no se resuelven cuanto antes y explorará todas las vías que la ley establece para garantizar el correcto ejercicio de su deber de supervisión sobre la actividad de las entidades de gestión colectiva.
“La vía que se nos presenta es acudir a otra vía judicial o retirar la autorización como entidad de gestión a la SGAE. Es algo que nunca hemos querido hacer”, destaca el ministro.
“Y hemos optado por una vía moderada que pasara primero por los requerimientos y, cuando la SGAE no ha respondido adecuadamente a los mismos, hemos acudido a la vía judicial”.
Desde el 15 de julio de 2018 los estatutos de la SGAE no se ajustan a la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI). Por ello, el 27 de septiembre de ese año, el Ministerio apercibió a la entidad ante los incumplimientos legales detectados que, al no corregirlos.
Esta cuestión motivo la petición de intervención temporal de la SGAE a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el 15 de febrero de 2019.
El apercibimiento permanece en vigor y siendo plenamente aplicable y la finalidad del mismo es corregir el incumplimiento de tres temas concretos, básicamente:
En primer lugar, la aprobación de unos estatutos por la Asamblea General de la entidad de gestión que se adecúen a Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI).
Junto con ello se pide la constitución de una junta directiva, a través de un procedimiento que respete todos los derechos de los socios, incluido el voto electrónico.
Por último, se trataría de la adopción de un reparto de los derechos de propiedad intelectual por la comunicación pública de obras de su repertorio en televisión que se ajuste a la Ley, y en base a un reglamento de reparto previamente ratificado por la asamblea general.
Como el Ministerio de Cultura y Deporte ha venido manifestando en todo este tiempo, la SGAE es una entidad privada y desearía que se dieran las circunstancias para no necesitar acudir a otras instancias judiciales para solicitar que se autorice la intervención de esta.
La presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, expresaba su satisfacción por la resolución de la Audiencia Nacional, que llega cuatro meses después de la petición de intervención del Ministerio.
A la vez que ha reiterado su «compromiso con la legalidad vigente, la modernización de la sociedad y la defensa de los derechos de autor de los 127.000 creadores y editores que forman parte de la SGAE», según un comunicado de la entidad.
A finales del pasado mayo, la Confederación Internacional de Autores decidió expulsar durante un año a la SGAE por el «trato discriminatorio de titulares de derechos» y «la aplicación de procedimientos de reparto de manera no equitativa».
Cambio de modelo en la SGAE
Para los expertos del sector, como Patricia Gabeiras, socia directora de Gabeiras & Asociados, despacho volcado al llamado derecho de la cultura “la SGAE tiene una nueva oportunidad de hacer las cosas de otra forma. Necesita un cambio de 180 grados y una refundación».
«Es importante que apueste por la transparencia y por las políticas de gestión internas claras”.
A su juicio seria dramático que desapareciera porque su papel, salvo en los últimos diez años, metida en diferentes crisis de dirección, ha sido clave para la gestión de los derechos de autor de muchos creadores de nuestro país.
En opinión de dicha jurista “los creadores necesitan una entidad de gestión, solvente y transparente que proteja los derechos de los autores”.
La abogada experta en derecho de cultura Patricia Gabeiras.
Para Gabeiras hay que hacer todo lo posible para superar esta situación de crisis. Los autores lo necesitan y se lo merecen. Hay decisiones de gestión tomadas en el seno de esta entidad colectiva que no han sido muy afortunadas”, aclara.
Esta jurista pide que la propia SGAE y su actual directiva actúe de forma rápida para solventar la situación errática actual.
Al final “lo más importante sería evitar cualquier tipo de intervención que perjudicaría su desarrollo y evolución. Creo que el archivo de este auto de la Audiencia Nacional es una segunda oportunidad”.
Gabeiras cree que los problemas entre el Ministerio de Cultura y la propia SGAE podrían tener un arreglo por vía de la mediación, con experto reputados que conozcan el sector de la cultura y las peculiaridades de ambas instituciones.
Ahí el papel de Cyamic, Corte Iberoamericana de Arbitraje y Mediación de las Industrias Creativas. podría ser tenerse en cuenta. En su opinión, es el momento de profesionalizar su gestión.
Esta experta recuerda el papel que ha tenido la SGAE en la protección de los derechos de los autores “y ahora es el momento de cambio porque la gestión de determinadas personas ha generado muchos problemas internos”.
En todas esas, situaciones como la polémica gestión de uno de sus presidentes, Teddy Bautista y otros asuntos, relacionados con las editoriales o el sistema de reparto de esos derechos la transparencia ha brillado por su ausencia. “Es una entidad que debe mejorar mucho pero no debe dinamitarse”.
Para Gabeiras es importante que la SGAE cierre ese pasado tan conflictivo que ha tenido en la última década para poder enfrentarse a los retos futuros, donde la tecnología va a ser un elemento importante a tener en cuenta.
“Hay que estar preparado para afrontar asuntos como la concentración de los titulares de derechos; el desarrollo de las plataformas tecnológicas y si realmente son necesarias tantas entidades de gestión como las que hay en nuestro país”.
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