La enfermera de Alcalá de Henares, declararada culpable del asesinato de una paciente

La enfermera de Alcalá de Henares, declararada culpable del asesinato de una paciente

El jurado popular la absuelve de la muerte de otra y de una tentativa de asesinato

26 / 06 / 2019 13:23

Actualizado el 26 / 06 / 2019 13:43

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Un jurado popular ha declarado culpable a la auxiliar de clínica del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid) Beatriz López Doncel de un delito de asesinato en 2017 de una paciente, de 92 años, a la que introdujo gas en las venas a través de jeringuillas o de una máquina de oxígeno.

La absuelve de la muerte de otra paciente que murió en 2015 y de la tentativa de asesinato de otra.

El caso ha sido juzgado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Tercera).

El tribunal del jurado ha dictaminado la no culpabilidad del asesinado de la otra anciana porque considera que los indicios del homicidio no tienen la fuerza para incriminarla.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, donde trabajaba desde 2004 la condenada; sus funciones eran el cuidado y atención de los pacientes.

Con la acusada presente y atenta a la lectura, el portavoz del tribunal del jurado, formado por dos mujeres y 9 hombres, ha leído esta mañana el veredicto.

En la última sesión, la vista oral dio un giro por completo al modificar el fiscal y las acusaciones su relato de los hechos antes las dudas de si la enfermera uso jeringuillas o una máquina de oxígeno para dar muerte a sus presuntasvíctimas, una circunstancia que no se habría investigado en la instrucción.

La duda razonable se planteó en la última sesión del juicio al modificar el fiscal y las acusaciones su relato de los hechos en el sentido de que la enfermera pudo usar una máquina de oxígeno y no unas jeringuillas para dar muerte a sus presuntas víctimas.

La defensa hizo uso de esta «duda razonable» para plantear más culpables, incluso apuntando a una posible «mala praxis» en el servicio de enfermería por el mal uso de utensilios y la hipótesis de que alguien pudo meter aire a los cadáveres.

«Solo se investigó a mi clienta porque se pensaba que el hecho se cometió con jeringuillas, lo que descartaba al resto de personas. El uso de oxígeno abre la posibilidad a otros culpables», aseveró el abogado de la condenada.

El jurado cree que este hecho no empaña las pruebas para destruir su inocencia en cuanto a uno de los asesinatos, al igual que opina el fiscal y las acusaciones.

Los miembros del jurado dan por probado que la auxiliar de enfermería introdujo el gas en el cuerpo de Consuelo, una de sus víctimas mortales, para «provocar su muerte».

«A consecuencia, sufrió embolia que provocó su muerte como atestiguan médicos y peritos forenses», han señalado.

El tribunal del jurado cree que hay indicios respecto a la muerte de la fallecida de 2015, pero sostiene que no tiene la fuerza para determinar que la procesada introdujera el gas.

La enfermera defendió en el juicio su inocencia e insistió en que a ella le gusta dar vida y no quitarla.

«Beatriz, alias el ángel de la muerte» como se le ha apodado «no ha matado a nadie», sino que ha dado «vida y paz a sus pacientes», afirmó.

«Me voy a morir, me quiero morir», ha gritado tras conocer el veredicto.

LA FISCALÍA PIDE 20 AÑOS DE CÁRCEL Y EL DEFENSOR DEL PACIENTE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

El fiscal se refirió en su informe final a que pudo ser el hecho de que sea «una persona que piense que la eutanasia tiene que ser legalizada», una motivación que fue respaldada por las psicólogas que examinaron a la procesada en la cárcel.

La Fiscalía solicitó 40 años de cárcel por la muerte de dos ancianas, mientras que la Asociación El Defensor del Paciente, que ejerce la acusación popular, reclamó que fuese condenada a prisión permanente revisable.

El fiscal ha mantenido hoy la petición de pena de 20 años de prisión y la medida de libertad vigilada para que no desempeñe ejercicio médico durante diez años.

Además, ha replicado al jurado que sí hay indicios sobre la muerte de la mujer que falleció en 2015.

Por su parte, El Defensor del Paciente ha mantenido la solicitud de prisión permanente revisable ante la vulnerabilidad de las víctimas, mientras que la particular que representa a la fallecida en 2017 reclama veinte años de cárcel.

La defensa ha solicitado la puesta en libertad de su clienta hasta que haya sentencia firme.

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