La Audiencia Provincial de Valladolid ha acordado la prórroga de la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza para los condenados por el crimen de la pequeña Sara hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia.
Se trata de Davinia Muñoz, madre de esta niña de 4 años fallecida el 3 de agosto de 2017 tras recibir una brutal paliza y ser violada, y de su expareja, Roberto Hernández, que no es el padre de la niña.
El tribunal señala en sendos autos, dictados hoy, que no se han modificado las circunstancias que en su día motivaron el acordar la prisión provisional de los acusados.
Además, entiende que éstas se han agravado con la existencia de una sentencia condenatoria por asesinato, entre otros delitos, con imposición de penas tan importantes como prisión permanente revisable respecto a él y 25 años de prisión respecto a ella.
Ha emitido su verectido apenas unas horas después de la vistilla que se ha celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia para revisar la medida de prisión provisional que se mantiene sobre ambos, si bien tenía de plazo hasta el 2 de agosto para resolverlas.
LA SENTENCIA HA SIDO RECURRIDA POR LOS CONDENADOS Y POR LA FISCALÍA
El pasado 5 de junio, la Audiencia de Valladolid sentenció a 27 años y 11 meses de cárcel a Davinia Muñoz, y a su expareja.
A su expareja, Roberto Hernández, lo condenó a prisión permanente revisable, por un delito de asesinato -no homicidio-, con las agravantes de alevosía y ensañamiento.
Además de prisión permanente revisable, la condena incluye otras penas que suman 22 años de prisión por cuatro delitos de maltrato a persona especialmente vulnerable, un delito de maltrato habitual y un delito de agresión sexual a menor de 16 años, y considera que en todos los delitos concurre la circunstancia agravante de odio por el origen rumano de la niña. El padre es rumano.
La sentencia aún no es firme.
La defensa de la madre ya ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), y la de Roberto Hernández ha anunciado que recurrirá el fallo esta semana.
La Fiscalía también ha recurrido, exclusivamente en lo relativo a la no imposición de la pena de privación de la patria potestad a la madre respecto a la otra hija.
LO ALEGADO HOY POR LOS CONDENADOS
A la sesión para revisar la medida de prisión provisional que se mantiene sobre ambos ha acudido Roberto Hernández, acompañado de su abogado, mientras que Davinia Muñoz ha comparecido por videoconferencia desde la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid), donde permanece internada.
Hernández no ha querido hablar. Por su parte, la madre de la pequeña ha solicitado su libertad provisional para poder ver a su otra hija, que ahora cuenta con 14 años, después de casi dos años sin poder hacerlo.
El próximo 2 de agosto se cumplirán dos años desde su detención.
Además, ha justificado su petición de libertad provisional, hasta que cobre firmeza la sentencia, en que cuenta con arraigo familiar y está dispuesta a cumplir cualquier medida preventiva como entregar su pasaporte, según han informado fuentes jurídicas.
Frente a la petición de ambos, tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones populares (Clara Campoamor y Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Valladolid, Adavasymt) habían solicitado que se mantuviera la prisión, al igual que en el caso de Roberto Hernández había reclamado la acusación particular que representa al padre de la niña, que sólo dirigió su acción contra él.
Sobre todo en el caso del condenado han advertido del riesgo de fuga, al argumentar que carece de arraigo familiar y laboral.
EL CASO DE SARA
Este caso fue juzgado entre los meses de abril y mayo pasados.
Ha sido el juicio con jurado más largo de los celebrados hasta ahora en la historia judicial vallisoletana y que en algunas fases, como el día de la pericial forense, se celebró a puerta cerrada debido a la crudeza de las fotografías de la autopsia de la pequeña.
El 11 de julio de 2017, la madre de Sara, una militar destinada en el Palacio Real de Valladolid, decidió llevar a la pequeña al Servicio de Pediatría del Hospital Campo Grande para ser atendida de un fuerte hematoma en los labios y allí los facultativos, alertados por la cantidad de lesiones hallados en todo el cuerpo de la niña activaron el protocolo de malos tratos.
«Tenía el culete, literalmente, cosido a hematomas», dijo gráficamente en el juicio una médico que la atendió.
Los Servicios Sociales de la Junta recibieron el encargo de Fiscalía de iniciar una investigación, por correo ordinario, 15 días después; el 25 de ese mes.
El 2 de agosto, las técnicos de los Servicios Sociales llamaron a Davinia Muñoz por teléfono para comunicarle que se hacían cargo de la tutela de la pequeña.
Entonces, la madre les informó que su hija yacía entubada, en muerte cerebral, en la UCI pediátrica del Clínico Universitario.
Falleció al día siguiente a causa de un traumatismo craneoencefálico. Según los forenses, fruto de un mecanismo de zarandeo contra una superficie roma o bien al recibir en la cabeza el golpe de un objeto contundente, lo que provocó un fuerte edema cerebral.
Los forenses explicaron en el juicio que la pequeña presentaba el síndrome del niño apaleado, más un abuso sexual, en referencia a la infinidad de hematomas, erosiones y equimosis en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies.
