Además de María Victoria Pinilla, exalcaldesa de La Muela, han sido condenados Fernando Barba, Antonio Fando, Julián de Miguel, Ignacio Unsain, Julio de Miguel y David de Miguel, y absueltos Francisco Aramburu y Alberto Lozano. Foto: EP
Condenada a 16 años de cárcel la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza) por 11 delitos de corrupción
También tendrá que pagar una multa de 8,4 millones de euros
|
03/7/2019 10:56
|
Actualizado: 03/7/2019 15:32
|
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza) María Victoria Pinilla a más de 16 años de prisión por 11 delitos de corrupción, diez de ellos como autora, por el denominado ‘caso de La Muela’, la mayor trama de corrupción urbanística de Aragón.
Además, le ha impuesto multas que suman un total de 8.454.540 euros.
También la ha condenado a 56 años de años inhabilitación para empleo o cargo público, y a la imposibilidad, durante 13 años, de obtener subvenciones o ayudas públicas y al derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
Su abogado, Santiago Palazón, ya ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.
El letrado Santiago Palazón, con su representada. Foto: EP
El tribunal considera a Pinilla autora de un delito continuado de cohecho; un delito continuado de blanqueo de capitales; un delito contra la Hacienda Pública; prevaricación, fraude a la Administración, un delito continuado de fraude a la Administración, tráfico de influencias, un delito continuado de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones, y de un delito continuado de malversación de caudales públicos.
Además, la ha condenado por un delito contra la Hacienda Pública, como cooperadora necesaria, y la ha absuelto de un delito de tráfico de influencias.
La sentencia, fechada a 28 de junio y conocida hoy, está firmada por los magistrados Rubén Blasco Obedé, Alfonso Ballestín Miguel y Carlos Lasala Albasini.
El ‘caso de La Muela’ se destapó en 2009. María Victoria Pinilla Bielsa (Zaragoza, 1957) estuvo detenida del 19 al 22 de marzo de 2009, y en prisión preventiva desde el 23 de marzo al 21 de julio de ese año.
EL SUPREMO ANULÓ LA CONDENA DE 2017 Y ORDENÓ REPETIR EL JUICIO
María Victoria Pinilla fue condenada en septiembre de 2016 por la Audiencia de Zaragoza a 17 años de prisión.
El abogado de la exalcaldesa solicitó la nulidad de dicha sentencia alegando «indefensión», y en mayo de 2018 el Tribunal Supremo acordó la anulación parcial de la sentencia, y ordenó repetir el juicio del mayor caso de corrupción urbanística en Aragón, al considerar que se vulneró su derecho de defensa al no aceptarse la renuncia de su abogado en la vista oral.
La Audiencia de Zaragoza había condenado a Pinilla y a otras 28 personas por varias operaciones urbanísticas y adjudicaciones irregulares en este municipio entre finales de los 90 y 2009.
Entonces quedó absuelta del delito de fraude a la administración, por el que ahora ha sido condenada a dos años y un día de prisión.
El Supremo anuló todo lo referido a Victoria Pinilla y a otros 6 acusados, con la consecuencia de que la Audiencia de Zaragoza debía juzgarles de nuevo, con diferente composición del tribunal, por los delitos por los que fueron condenados la primera vez.
El motivo de la nulidad parcial que afectaba a estos 7 de los 29 acusados fue que el Supremo entiendió que la Audiencia de Zaragoza no justificó la no aceptación durante varios días de la renuncia presentada por el abogado defensor de Victoria Pinilla, lo que privó a ésta de defensa efectiva en la práctica y es causa de nulidad de actuaciones, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial, tanto en su manifestación de derecho a la asistencia de letrado como a la de utilizar los medios de prueba que estime oportunos.
El tribunal consideró que se había conculcado el derecho de defensa efectiva de la exalcaldesa durante el juicio oral, al no aceptarse, de forma injustificada, la renuncia de su abogado defensor.
El tribunal concluyó en la sentencia, de la que fue ponente el magistrado Luciano Varela, que se había vulnerado no solamente el derecho del letrado a renunciar a la defensa, sino también el derecho de ésta a una defensa letrada ejercitada de manera efectiva en la práctica.
El nuevo juicio tuvo lugar desde noviembre de 2018 al pasado febrero.
LOS OTROS SEIS CONDENADOS
La Audiencia Provincial de Zaragoza también ha condenado a Antonio Fando García, representante legal y socio de ente gestor de Nuevas Tecnologías del Agua S.L.(NTA) a 6 años y 7 meses de prisión, como autor de un delito continuado de cohecho, otro de malversación de caudales públicos, y un delito continuado de falsedad documental en concurso medial con un delito de fraude de subvenciones.
Además, Fando ha sido sentenciado a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público y a la pérdida, durante 4 años, de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, además de multas por valor de 458.000 euros.
A Julián de Miguel Ortega, administrador único de Aranade y de Tudela Inmobiliaria y Gestión S.L. y gestor de la Sociedad Urbanística de La Muela, lo ha condenado como autor de un delito continuado de fraude a la administración, a dos años y un día de prisión, a dos años y un día de inhabilitación para el cargo de administrador, apoderado o representante de cualquier mercantil, sociedad, fundación o de cualquier persona jurídica o física y a siete años, seis meses y un día, de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.
En el caso de este acusado, los magistrados no aminoran la condena en un grado argumentando que Julián de Miguel era el encargado de gestionar el suelo público y participó «al cien por cien en la corrupción urbanística».
A Juan Ignacio Unsain Azpiroz, administrador del grupo Construcciones SAGAIN se le han impuesto, como autor de un delito continuado de fraude a la Administración, dos años y un día de prisión, dos años y un día de inhabilitación para el cargo de administrador, apoderado o representante de cualquier mercantil, sociedad, fundación o de cualquier persona jurídica o física; y a siete años seis meses y un día de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.
A Julio de Miguel Santander y a David de Miguel Santander, hijos de Julián de Miguel Ortega y socios de Tudela Inmobiliaria y Gestión S.L., el tribunal les aplica la atenuante de dilaciones indebidas y la analógica de reparación del daño al haber consignado en el anterior juicio oral 100.000 euros cada uno para el pago de posibles responsabilidades civiles.
El tribunal condena a cada uno como autores de un delito contra la Hacienda Pública a seis meses de prisión, les impone una multa de 175.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas o públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.
A Fernando Barba Marcén, exconcejal de Aguas del Ayuntamiento de la Muela, lo ha sentenciado a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y ocho meses de multa con una cuota diaria de 6 euros hasta llegar a 1.440 euros, como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa por anular el contrato con Gestión de Aguas de Aragón y su adjudicación a NTA y de otro de falsedad documental por imprudencia, por las memorias y facturas presentadas para la obtención de una subvención.
El tribunal lo ha absuelto de fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos que se le imputaban.
También ha absuelto a Alberto Lozano, director de la Oficina de Cajalón en La Muela entre los años 1991 y 2009 del delito de blanqueo de capitales porque la oficina bancaria que dirigía no fue utilizada por María Victoria Pinilla y su familia para blanquear los más de tres millones de euros recibidos en cohechos, y la actuación negligente «que pudo tener el acusado», de ser considerada delito, habría de ser calificada como, «imprudencia, y no como un delito doloso».
Los magistrados señalan que, de considerarse que la actuación de Alberto Lozano hubiese sido delictiva, ya que autorizó el ingreso de 300.000 euros incumplimiendo el deber de control de blanqueo de capitales que debía llevar a cabo ante una operación como la indicada, el delito habría prescrito.
Alberto Lozano fue detenido el 26 mayo de 2010 y puesto en libertad, y en el momento de dirigir contra él el procedimiento judicialmente ya habían transcurrido tres años, tiempo que el Código Penal vigente establecía como el tiempo de prescripción del delito que se le imputaba.
El tribunal también ha absuelto a José Francisco Aramburu, socio de Construcciones Sagain, por el delito de tráfico de influencias por haber sido retirados los delitos que el Ministerio Fiscal le imputaba, el único que dirigía acciones penales contra él.
EL AYUNTAMIENTO TENDRÁ QUE SER INDEMNIZADO CON MÁS DE 1,5 MILLONES
La exalcaldesa de La Muela deberá resarcir al Ayuntamiento por: gastos en comidas, la factura de una óptica y por gastos de teléfono, en 2.753,17 euros; por un viaje a la República Dominicana en 16.431,63 euros y por un viaje a Santo Domingo, en 3.939 euros, además de las indemnizaciones que se deriven de las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia por la adjudicación de la construcción de una pasarela sobre la autovia A-2 sin la autorización del Ministerio de Fomento.
También deberá indemnizar al Consistorio, conjunta y solidariamente junto a Julián de Miguel Ortega e Ignacio Unsain Azpiroz con 1.300.000 euros por la venta de dos parcelas en La Muela, que se corresponden con un olivar de secano y una parcela en el Polígono Centrovía.
Habrá de hacer efectiva la cantidad de 398.880,096 euros de forma conjunta y solidaria con Antonio Fando García y Juan Carlos Rodrigo Vela, correspondiente a la entregada por la corporación municipal de La Muela al Instituto Aragonés del Agua en devolución de la subvención indebidamente percibida en 2008. Vela, exconcejal de obras fue condenado en septiembre de 2016.
Asimismo, todos ellos habrán de compensar al Ayuntamiento por los intereses de demora y recargos devengados de esta cantidad desde la fecha en que la corporación municipal devolvió el dinero al Instituto Aragonés del Agua y hasta la fecha en que sea reintegrada por los condenados al Ayuntamiento, cuantía que se fijará en ejecución de sentencia.
Pinilla, Antonio Fando García y Juan Carlos Rodrigo Vela también tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente al Instituto Aragonés del Agua por los intereses devengados de los 398.880 euros que les fueron concedidos de subvención, desde que la subvención fue asignada y hasta el momento en que fue pagada al instituto por el Ayuntamiento .
Para la Hacienda Pública se establece una indemnización solidaria de Pinilla y otros condenados, cuya suma total asciende a 498.073 euros.
Esta cantidad corresponden a dos conceptos: 176.219,96 euros a indemnizar, solidariamente junto a Laureano Pablo Gimeno, Antonio Gimeno Melús y Juan Antonio Embarba Laborda (exmarido de Pinilla) -condenados en la primera sentencia del caso, por lo defraudado en 2008 en el impuesto de sociedades de Inmuebles el Raso SL., cantidad de la que responde subsidiariamente ‘Inmuebles El Raso’ que también figura como condenada.
Por el segundo concepto, el delito fiscal en el IRPF cometido en 2005, Pinilla debe indemnizar en 321.853,14 euros, solidariamente con Julián de Miguel Ortega.
De esta segunda cantidad responden igualmente las mercantiles condenadas: Tudela Inmobiliaria y Gestión, Aragón Navarra de Gestión, y las sucesoras de esta última por escisión de aquella Aragón Navarra de Gestión SLU y Aranade Proyectos e Inversiones S.L.U.
Por otra parte, David de Miguel Santander deberá indemnizar a la Agencia Tributaria con 349.412,50 euros y Julio de Miguel Santander con 349.888,68 euros por las cantidades que ambos defraudaron en el IRPF de 2006.
Noticias Relacionadas:
