En plena Semana del Orgullo Gay Ciudadanos registraba este miércoles una nueva proposición de ley en el Congreso de los Diputados para regular «el derecho» a la gestación subrogada en España en la que se contempla que la mujer gestante pueda tener relación de consanguineidad con los futuros padres, como una de las novedades más importantes.
La responsable de Mujer y LGTBI de Cs, Patricia Reyes presentaba este miércoles la Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por sustitución y reclama al Gobierno en funciones que “deje de insultar a las familias que han optado por esta opción”.
Al mismo tiempo considera que es “una apuesta naranja por la igualdad y la libertad”.
“Creemos en un modelo de gestación subrogada altruista y garantista como el de Canadá en el que se tome la decisión con absoluta libertad”, ha afirmado.
A la vez que ha explicado que es una proposición que “admite todo tipo de mejoras” para “avanzar y mejorar en los derechos de las personas”, indicaba Reyes.
En una comparecencia en el Congreso, Reyes reclamó que el resto de grupos políticos que “no cierren los ojos a la realidad” porque hay personas que han formado su familia gracias a la gestación subrogada fuera de España.
La futura norma se estructura en siete capítulos, que acoge veintisiete artículos una disposición derogatoria y cuatro finales.
“Mucha gente se ha plantado en el insulto para cerrar todo tipo de debate”, ha criticado la responsable de Mujer y LGTBI, que ha reclamado al PSOE una rectificación para que “no se insulte a las familias y niños que ya están en España”.
“Los prejuicios no pueden ser una barrera para el progreso en nuestro país”, ha considerado.
Sin apoyos de otros partidos
Pese a esta insistencia, y aunque han incorporado cambios en el texto, la mayoría de partidos no apoyan esta ley.
El Partido Popular la rechaza de forma mayoritaria.
Mientras el PSOE y Unidas Podemos se posicionan abiertamente en contra al denominarla como “vientres de alquiler”.
Igualmente, Vox propone más políticas de adopción y acogimiento “como alternativas al aborto y a los vientres de alquiler”.
En la actualidad, la gestación subrogada no está permitida en España, pero algunos españoles recurren a terceros países para buscar que una mujer extranjera sea gestante de su hijo.
La legislación española establece la nulidad de los contratos de vientres de alquiler, pero no sanciona la práctica, por lo que resulta insuficiente para evitar que los ciudadanos españoles con recursos económicos viajen al extranjero y recurran a este proceso.
Para Reyes el objetivo es «ayudar a esas personas que quieren cumplir su sueño de ser padres o madres» pero no pueden serlo por motivos médicos, por ejemplo, mujeres que han sido tratadas de cáncer o parejas de hombres homosexuales.
También comentó que es necesario regular la gestación subrogada en España para evitar problemas que surgen del hecho de que ciudadanos españoles viajen a terceros países para acceder a esta práctica, previo pago de las gestiones exigidas por agencias intermediarias.
“Nos encontramos problemas como la inscripción de esos niños en el registro o la existencia de agencias intermediarias que no operan con seguridad en países donde no se respetan los derechos humanos”, ha lamentado, por lo que ha reclamado que con la Proposición de Ley de Ciudadanos se abra el debate de la gestación subrogada.
“Reflexionen y debatan con nosotros”, subrayó.
En esa proposición de ley de veinte páginas firmada por Melisa Rodríguez, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos y de la propia Patricia Reyes se insiste en que la iniciativa incorpora “algunos cambios y mejoras técnicas” que según esta diputada sirven para “dotar de mayor seguridad a la ley”.
Por ejemplo, en el artículo 4, apartado 3 de esta futura norma se permite la relación de consanguineidad o familiar entre la mujer gestante y los padres, aunque especifica que “salvo que haya informes psicológicos previos preceptivos que lo desaconsejen”.
También en texto se habla de mujer gestante. Se unifica la denominación en todo el texto a “mujer gestante”.
Otra cuestión importante es que el articulo 6, apartado dos habla de la interrupción del embarazo de la mujer gestante, dentro de los supuestos reconocidos por la legislación general, en pleno ejercicio de su autonomía y sin consecuencia negativa alguna para ella”.
Materialmente no modifica nada de la Ley, puesto que no existía ninguna consecuencia negativa para la gestante por la interrupción del proceso. Pero de esta forma se deja claro.
Al mismo tiempo, se incluye en el apartado 7 al artículo 9 que regula los contratos: “La mujer gestante deberá recibir asesoría legal que garantice la compresión de todo el proceso y sus implicaciones. Esta asesoría será independiente de la de el o los padres subrogantes”.
Reyes invitó al resto de partidos representados en la Cámara a debatir sobre esta cuestión: «A mí me consta que en otros partidos hay gente que es partidaria de reflexionar o, al menos, de abrir este debate. Esta ley pretende avanzar en los derechos de las personas», aseguró en su comparecencia.
