La acusada de quedarse con casi 17.000 euros de su abuela enferma, de la que era su tutora, ha reconocido que lo hizo «presionada» por el que era su pareja desde los 17 años, quien, según ha dicho, la amenazaba, maltrataba y pedía dinero.
Así lo ha señalado hoy en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Cantabria, en el que la Fiscalía ha mantenido la pena de cuatro años de prisión que pedía para ella por un delito continuado de apropiación indebida.
En su declaración, la acusada, que ahora tiene 25 años, ha reconocido que sacaba el dinero de la cuenta de su abuela, que tenía demencia senil, para afrontar los gastos de la casa y para mantener a su expareja, que al igual que ella no tenía trabajo, y al hijo de ambos.
Así, ha asegurado que la pensión de la abuela era el único ingreso que tenían y que sabía que lo que hacía «no estaba bien», pero «no que era delito», además de que «tenía miedo» a su novio por las amenazas de muerte hacia ella y su hijo, del que se quedó embarazada con 18 años.
«Si no, no lo hubiera hecho», ha sentenciado.
Asimismo, ha contado que se ha intentado suicidar en «tres o cuatro ocasiones por lo menos» porque «no quería seguir viviendo así», ya que incluso ha terminado «inconsciente en el hospital» varias veces por las palizas que recibía de su pareja.
Él, que ha estado cuatro años en prisión por haber intentado cortar el cuello a un guardia con una botella de cristal, ha testificado también en el juicio –por videoconferencia, ya que tiene una orden de alejamiento– y ha confirmado todo lo relatado por ella.
En concreto, ha dicho que sabía que le tenía miedo y que los problemas entre ellos surgieron cuando la acusada «se dio cuenta de que estaba haciendo algo mal».
Además, ha reconocido que la amenazaba, la pegaba, era conocedor de los intentos de suicidio y que la relación se terminó cuando ella «se cansó de las palizas que la daba».
También ha manifestado que su situación no les permitía cuidar de la abuela «como se merecía» y que convivieron con ella unos cuatro años, antes de que entrara en una residencia en 2016, que dejaron de pagar, según la Fiscalía, al vaciar la cuenta.
Asimismo, el hombre ha afirmado que le pedía dinero a la acusada porque estaba «acostumbrado» a disponer de la pensión y «no me lo podía quitar así como así», ha apostillado.
Por otro lado, ha indicado que fue algunas veces al banco y que habló con los responsables de la residencia, pero que no le contaba a la que era su novia que había «problemas» por el dinero, además de que «no le convenía» que fuera a visitar a su abuela.
En este sentido, una de las trabajadoras de la residencia, que también ha testificado, ha asegurado que tenían problemas de pagos y que la nieta «nunca se hizo cargo de nada» relativo a su abuela y «nunca cogía el teléfono».
Por ello, el centro contactó con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), que fue quien realizó los pagos y traspasó la tutela de la mujer a la Fundación Valdecilla a finales de 2017, según ha contado.
En la misma línea, la representante de esta Fundación, que también ha prestado declaración, ha señalado que cuando la institución pasó a ser tutora de la abuela quedaban dos euros en la cuenta y se habían sacado antes unos 1.400 euros.
Además, ha dicho que pudieron comprobar que la «tónica habitual» anterior era hacer una disposición de efectivo de la cuenta cuando se cobraba la pensión, y que por la información que les trasladó la residencia «no se proporcionaba ropa y útiles de aseo» a la señora, que falleció el pasado mes de marzo.
En este sentido, ha dicho que era su hijo «el único» que la visitaba –a pesar de que la acusada ha manifestado que iba una vez a la semana– y llevaba «alguna cosa», haciendo «un gran esfuerzo» debido a su situación económica.
HECHOS
Según la Fiscalía, desde que en mayo de 2016 la abuela ingresó en la residencia, la acusada, que entonces tenía 18 años, se apoderó de 16.950 euros de la cuenta en la que se le ingresaba la pensión, realizando un total de 30 actos de disposición por importes superiores a 400 euros en la mayoría de las ocasiones.
Así, la cuenta era «sistemáticamente vaciada», llegando incluso a provocar «descubiertos» en la misma hasta el punto de «impedir» el pago de la residencia y provocarle una «grave situación económica», por no disponer de más medios que la pensión.
Tras escuchar a los testigos y a la acusada en el juicio, el fiscal ha considerado probado que la sustracción se hacía de forma «consciente y voluntaria» y el dinero se utilizaba para gastos propios.
Por ello, considera que los hechos constituyen un delito continuado de apropiación indebida y mantiene la petición de una pena de cuatro años de prisión y multa de 3.000 euros, así como una indemnización de 16.950 euros, la cantidad supuestamente sustraída.
Por su parte, la defensa sostiene que no existe infracción penal porque la acusada «entendía que no estaba cometiendo ningún delito» y además tenía «auténtico pánico» por los malos tratos que sufría. «No tenía ni idea de las facultades ni obligaciones» que conlleva una tutela, ha insistido.
Además, la letrada ha criticado que el hijo que las testigos han dicho que la visitaba en la residencia dejara a la acusada, «una niña de 18 años embarazada», a cargo de su abuela, a la que «cuidó durante cuatro años».
Por último, ha dicho que sí es cierto que existe una deuda civil por el impago de la residencia, pero «no hay intencionalidad, ni dolo ni perjuicio para nadie», ya que la abuela seguía estando atendida.
Así, ha instado a que se aplique el atenuante de reparación del daño al haber realizado la acusada un pago de parte de la responsabilidad civil.
