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Oriol Pujol Ferrusola o como la justicia no es igual para todos

El hijo del exhonorable expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, estaba llamado a ser el heredero político de su padre en el Parlamento autonómico; fue condenado a dos años y seis meses de prisión por cobrar comisiones ilegales.
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Pedro Pacheco, el que fuera alcalde de Jerez, acuñó una famosa frase que pasó a la posteridad: «La Justicia es un cachondeo».

Estaba equivocado. Muy equivocado. Y lo ha descubierto en sus propias carnes.

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La justicia no es un cachondeo.

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Es una lotería.

Depende del juez que te toque, primero, y a qué partido político pertenezcas, después, sobre todo en lo relativo a los casos en los que están implicados exdiputados condenados. Exdiputados autonómicos catalanes, se entiende.

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Y lo digo desde el dolor personal más profundo, que es lo que me ha producido la noticia de la concesión del tercer grado encubierto a Oriol Pujol Ferrusola, el hijo del exhonorable expresidente del gobierno autonómico catalán, Jordi Pujol Soley.

Es la constatación de que en España, en principio, todos somos iguales, pero hay unos que son «más iguales que otros», recordando la frase que acuñó George Orwell en su celebérrima fábula-novela «Rebelión en la granja».

La decisión tomada por la magistrada titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 2 de Barcelona, María José González González, tumbando el recurso de la fiscalía, y avalando la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, opera a modo de disolvente sobre la confianza de la ciudadanía en el poder judicial. 

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Porque ese artículo sólo puede utilizarse en situaciones excepcionales. 

Y en el caso de Oriol Pujol Ferrusola la «situación excepcional» es que es hijo pequeño del expresidente de la Generalitat, que quiso forrarse aprovechándose de sus contactos políticos. 

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No hay otra.

Recordemos que la función de la pena es doble: El castigo, por una parte, para pagar el delito cometido. Y la prevención general, el «aviso para navegantes» para el resto de la ciudadanía. Sin olvidar la lección para el propio interesado.

Con su puesta en libertad no se cumple ninguna de esas funciones.

Al contrario, como decía el fiscal en su recurso ante la magistrada González, el mensaje que se ha enviado a la sociedad es que «la actividad delictiva sale a cuenta, dando la apariencia de impunidad para determinadas conductas y determinados delincuentes, en este caso los políticos y delincuentes económicos«.

Se nos intenta, además, engañar como ciudadanos con «el relato» de que el fin principal de la pena es la reinserción del condenado en la sociedad.

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Y no es cierto.

Es uno de los fines. No es el único ni el principal. Lo ha dejado muy claro el Constitucional en su profusa doctrina.

Porque tan importante, o más, es que el condenado pague a la sociedad y la sociedad reciba el mensaje alto y claro.

HA SALIDO GANANDO

En el caso de Oriol Pujol Ferrusola éste ha salido, además, ganando.

Porque al aplicársele el 100.2 del Reglamento tiene una hora más al día de libertad que si hubiera estado en el tercer grado que se le quiso imponer a los 57 días de estar en la cárcel. 

Pujol Ferrusola fue condenado a dos años y medio de prisión por el caso ITV en julio del año pasado en un juicio previsto por tribunal popular que no se celebró porque pactó, previamente, con la fFscalía declararse culpable de tres delitos: uno de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

En total acordó dos años y seis meses de prisión y dos multas que, juntas, suman 72.000 euros. Sentencia firme.

El hijo del exhonorable hizo uso de su innegable influencia política –en 2011 era presidente del grupo parlamentario de Convergencia i Unió en el parlamento autonómico catalán y secretario general de Convergencia Democrática (el partido que creó su papá)– para favorecer a empresarios en el caso del amaño del concurso para obtener conexiones de ITV.

La sentencia dice que “la intervención de Oriol Pujol tanto en el inicio de la operación como en su desarrollo y en su final fue intensa, decisiva y claramente beneficiosa para los tres implicados, gracias a los relevantes cargos políticos que ostentaban”.

La «mordida» o el «convoluto», como diría el desaparecido embajador de Alemania en España, Guido Brunner, sumó un total de 381.450,40 euros, que cobraba la señora de Pujol Ferrusola, Anna Vidal, condenada igualmente a 15 meses de prisión. 

Por esa misma regla de tres, a Estanislao Rodríguez-Ponga o a Antonio del Rey, condenados a 3 años y 2 meses y a 2 años y 6 meses por el caso de las tarjetas «black», por poner dos casos que me vienen a la mente, se les tendría que aplicar también el 100.2.

Rodríguez-Ponga, exsecretario de Hacienda con el PP, y Del Rey, exdirigente del sindicato CC.OO. se gastaron 255.000 y 191.500 euros, respectivamente, con las famosas tarjetas.

Ambos llevan ya 8 meses de cárcel.

¿Por qué Oriol Pujol Ferrusola sí y Rodríguez-Ponga y Del Rey, no?

O el propio Iñaki Urdangarín. 

¿Por qué no?

Ah, es que sus respectivos papás no se llaman Jordi Pujol Soley ni están vinculados con las fuerzas que componen el separatismo catalán, a la que contribuyó tanto el exhonorable.

Debe ser eso. Porque no encuentro otra razón.

Isabel Pantoja, recordemos, entró en prisión en noviembre de 2014 tras ser condenada a 2 años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales.

La Pantoja, que hoy «triunfa» en Supervivientes, se pasó un total de 16 meses tras las rejas.

Sin olvidar a las miles de personas que han sido condenadas a penas similares y que hoy están cumpliendo sus respectivas penas en las diferentes cárceles españolas.

La juez de Vigilancia Penitenciaria, María José González González, a mi humilde entender ha ido más allá de la tibieza. 

Ha dado un tratamiento de privilegio puro al menor de los Pujol Ferrusola.

Me gustaría conocer sus verdaderas razones, porque las oficiales, las que ha escrito en su auto, no me las creo.

Sin embargo, su decisión –¡menos mal!– no es final.

La Fiscalía va a recurrirla en apelación ante el tribunal de la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona, competente para resolver todas las resoluciones que se presenten contra las decisiones de los jueces de Vigilancia Penitenciaria de la provincia.

Veremos por donde tiran. Cualquier decisión que sea mantener a Pujol Ferrusola en su actual situación supone atacar en su base la confianza de la que está hecha la justicia. 

Si hace una semana me hubieran preguntado si en España hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, hubiera dicho que no.

Hoy no lo tengo tan claro. Hoy, y siento decirlo, creo que en España algunos ciudadanos son más iguales que otros.

Y este es uno de ellos. Se llama Jordi Pujol Ferrusola.