La razón dada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo es que ese desistimiento impediría el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza.
Recordemos que la Sala dictó el pasado día 7 de mayo una providencia en la que preguntaba a las partes y al Ministerio Fiscal si procedía elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Esto en la medida en que “la resolución del recurso de reposición se ve afectada por el nuevo marco normativo surgido con la modificación de la Ley de Caza y no puede ser desconocido a la hora de resolver el citado recurso de reposición, porque la medida cautelar se proyecta hacia el futuro, durante la sustanciación del proceso”.
Cuando la Sala estaba a la espera de que las partes (PACMA, Junta de Castilla y León, y Ministerio Fiscal) se pronunciaran sobre la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la reciente modificación de la Ley de Caza, la Administración Autonómica presentó dicho desistimiento.
Suspensión cautelar
La nueva decisión del Tribunal conlleva que el recurso de reposición presentado por la Junta contra la suspensión cautelar tenga que ser resuelto y, por lo tanto, que siga adelante la tramitación de la cuestión de inconstitucionalidad, algo sobre lo que deberá pronunciarse la Sala próximamente.
La Sala considera que «nos parece fuera de toda duda que existe un relevante interés público en la resolución del recurso de reposición interpuesto por la representación de la Administración de la Comunidad Autónoma».
Aseguran que «es con ocasión del mismo que la Sala ha acordado oír a las partes sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de la Comunidad de Castilla y León».
Por tanto, la Sala acuerda no admitir el desistimiento interesado por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en relación al recurso de reposición por ella interpuesto frente al Auto de fecha 21 de febrero de 2019 que acuerda la medida cautelar de suspensión del Decreto 10/2018, de 26 de abril.
Y por último, las costas del incidente se imponen a la Administración de la Comunidad de Castilla y León. El auto no es firme, y cabe recurso contra él.
