«Denunciamos al Mosso de d’Esquadra Albert Donaire por las injurias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vertidas en redes sociales», así comienza su comunicado el Sindicato Profesional de Policía (SPP), que se ha mostrado indignado con los comentarios del agente de los ‘Mossos’.
El mosso d´Esquadra Albert Donaire, a través de redes sociales, ha realizado acusaciones contra Policía Nacional y Guardia Civil, llamándoles terroristas e insinuando que pudieran estar detrás de los atentados terroristas yihadistas de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017.
En el vídeo (que se puede ver en diversas redes sociales), el coordinador de «Mossos per la República» ha vertido frases como las siguientes:
“Igual que los policías nacionales de Tarrasa que avisaban a presuntos yihadistas que los Mossos les estaban controlando”España…” pone todas las trabas que puede a las comisiones de investigación”.
“A un pueblo como el español le preocupa cualquier otra cosa más que el terrorismo de estado…” y por eso “oculta todo lo que pasó en Ripoll porque les está dejando en evidencia”.
“Yo sinceramente del Estado Español me lo creo todo, después de que nos enviaran el 1 de octubre a terroristas uniformados».
«Terrorismo de Estado uniformado»
«Si la palabra terrorista quiere decir conseguir mediante las armas y el terror alguna finalidad política, y aquel día el Estado español pretendía mediante el terror conseguir que los catalanes no votaran y evitar un referéndum de independencia, por lo tanto, si podría entrar perfectamente en la palabra terrorismo: terrorismo de Estado Uniformado.”
El Sindicato Profesional de Policía presentó ayer una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se abran diligencias de Investigación por parte de dicha Fiscalía a fin de depurar las posibles responsabilidades penales.
El objetivo es determinar si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Desde el sindicato mayoritario de mandos de la Policía Nacional, reclaman la adopción de las medidas y consecuencias jurídicas que fueran necesarias y «a las que haya lugar en Derecho ante las graves ofensas cometidas contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
