El presidente catalán, Quim Torra, ha señalado hoy que no pagará las multas que le ha impuesto la Junta Electoral Central (JEC) por los mensajes que emitió durante la campaña de las elecciones generales del 28 de abril, y ha anunciado que las recurrirá.
«No pienso pagarlas. La libertad de expresión está en cuestión ahora mismo en el Estado español. Siempre que se castigue la libertad de expresión la volveremos a ejercer y seremos consecuentes», ha afirmado.
La JEC lo ha multado con 5.500 euros por los mensajes el día de Sant Jordi, el pasado 23 de abril, a favor de los políticos separatistas en prisión preventiva por el ‘procés’ y los huidos de la Justicia, y contra el 155, por quebrantar el principio de neutralidad que deben respetar los poderes públicos durante los periodos electorales.
En concreto, la JEC le ha impuesto una sanción de 3.000 euros por un mensaje difundido por los canales institucionales de la Generalitat con motivo del día de Sant Jordi en el que criticaba a la «represión del Reino de España» y calificaba a los líderes independentistas encarcelados como «presos políticos» y como «exiliados» a los que residen en el extranjero para evitar comparecer ante el Tribunal Supremo.
Además, lo ha multado con 2.500 euros por enviar ese mismo día un correo electrónico a los funcionarios de la Generalitat en el que hizo referencia al «nefasto 155» y tse refirió a Carles Puigdemont como presidente.
Torra ha manifestado que la JEC actúa «de nuevo como un órgano censor, represor y politizado», y se ha reafirmado en lo que dijo en esos mensajes.
«La libertad de expresión la defenderé con todas las consecuencias. A cada derecho negado me reitero con que el 155 fue nefasto, en que sí hay presos políticos y exiliados, y en que no pienso pagar las multas», ha espetado.
Además, el presidente catalán ha defendido la necesidad de «mantener la coherencia en el discurso de la defensa de todos los derechos», y ha dicho que volverá a ejercer cualquier derecho que sea vulnerado.
«Si se niega la libertad de expresión, volveremos a expresarnos; si se niega el derecho a la protesta, volveremos a protestar; y si se niega el derecho a la autodeterminación, volveremos a autodeterminarnos», ha expresado.
EL TSJCAT LO HA IMPUTADO POR PRESUNTA DESOBEDIENCIA A LA JEC POR NO RETIRAR LOS LAZOS
Este es el segundo litigio que Torra mantiene con la JEC. El primero fue por no acatar la orden de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos durante la campaña de las elecciones generales.
En junio, le fue impuesta otra multa de 3.000 euros por este caso.
La JEC trasladó el 21 de marzo a la Fiscalía General del Estado el expediente abierto al presidente catalán por el “incumplimiento consciente y reiterado” por parte de Torra de los acuerdos de la Junta de 11 y 18 de marzo de 2019, que le ordenaban retirar de los edificios públicos de la Generalitat las ‘esteladas’ y lazos amarillos por ser contrarios a la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral.
Al día siguiente, el Ministerio Fiscal remitió a la Fiscalía catalana el informe del órgano supervisor y el 27 de ese mes el fiscal superior Francisco Bañeres Santos presentó una querella.
El pasado 27 de junio, el magistrado instructor de la causa, Carlos Ramos Rubio, dio por concluida la fase de instrucción del caso e imputó a Torra.
El magistrado ha determinado que los hechos investigados pueden ser un presunto delito de desobediencia o, subsidiariamente, de denegación de auxilio a la autoridad competente.
El 12 de julio dictó apertura de juicio oral contra él.
El artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales multa de tres a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años.
La Fiscalía Superior de Cataluña pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente catalán.
Reclama que se le inhabilite durante ese periodo para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito «local, autonómico, estatal o europeo».
Además, pide que le imponga una multa de 30.000 euros.
VOX, que ejerce la acusación popular, reclama una multa de 72.000 euros y la «inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años, que incluye su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cualquier otro cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo» durante ese tiempo.
