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El TSJCat imputa a Torra por presunta desobediencia a la JEC con los lazos amarillos

Da diez días a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral o el archivo de la causaEl Palacio de Justicia de Barcelona, donde tiene su sede el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Sala de Gobierno; en la foto pequeña Torra.
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha encausado al presidente catalán, Quim Torra, por presunta desobediencia a la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y las ‘esteladas’ de los edificios públicos durante la campaña electoral.

El artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales multa de tres a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años.

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Según ha informado el TSJCat en un comunicado, el magistrado instructor de la causa, Carlos Ramos Rubio, ha dado por concluida la fase de instrucción del caso y ha abierto la fase de procedimiento abreviado, paso previo al juicio.

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Ha determinado que los hechos investigados pueden ser un presunto delito de desobediencia o, subsidiariamente, de denegación de auxilio a la autoridad competente.

El juez da diez días a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o solicitando el archivo de la causa.

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Ramos ha desestimado la petición anterior a este trámite de sobreseimiento presentada por el abogado de Torra.

Este procedimiento se abrió a raíz de una querella presentada por el fiscal superior Francisco Bañeres Santo el pasado de marzo 27, ordenada por la fiscal general del Estado, María José Segarra.

Fue admitida a trámite por el tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCat, formado por los magistrados Jesús M. Barrientos Pacho, Mercedes Armas Galve y Carlos Ramos Rubio.

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Los hechos se remontan al 21 de marzo, cuando la Generalitat cubrió la pancarta del lazo amarillo con otra con un lazo blanco.

Las pancartas con el lazo amarillo y con el lazo blanco con el lema ‘Libertad presos políticos y exiliados’ que colgaban de la fachada del Palacio de la Generalitat.

El supervisor electoral se reunió aquella tarde y decidó abrir un expediente sancionador al presidente catalán ante el «incumplimiento» de los acuerdos del organismo los días 11 y 18 de marzo, que le ordenaban retirar de los edificios públicos de la Generalitat las ‘esteladas’ y lazos amarillos por ser contrarios a la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral.

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La JEC trasladó el caso a la Fiscalía General del Estado, y ésta a su vez lo remitió a la Fiscalía de Barcelona, dado que el caso le compete a ella por tratarse de un aforado y de un presunto delito cometido en esa comunidad autónoma.

El presidente catalán declaró ante el tribunal el pasado 15 de mayo por esta causa, donde fue acompañado de sus abogados Gonzalo Boye y Jaume Alonso-Cuevillas.

En paralelo, a finales de ese mes,el Tribunal Supremo archivó la querella del presidente catalán contra la JECpor los acuerdos que le ordenaron la retirada de lazos amarillos y esteladas de los edificios públicos en la campaña de las generales del 28-A.

Torra se querelló contra la JEC por presunta prevaricación.

La Sala de lo Penal del Supremo no ve ilícito penal alguno en los acuerdos de la Junta Electoral Central.

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Recuerda que ésta dirigió una serie de requerimientos a Torra «como máxima autoridad del Estado en la Comunidad autónoma de Cataluña» y que se ajustan a derecho.