Inocente Orlando Montano, excoronel del Ejército Salvadoreño, responderá a final de año ante un tribunal español de las muertes de 5 sacerdotes españoles, 1 salvadoreño y dos mujeres.
30 años después, el asesinato del padre Ellacuría y 7 personas más, tendrá Justicia Universal
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05/8/2019 10:21
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Actualizado: 06/8/2019 18:39
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Ignacio Ellacuría Beascoechea acababa de cumplir 58 años el 16 de noviembre de 1989. Ese día fue asesinado junto con sus compañeros jesuitas Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, y Elba Julia Ramos, persona de servicio, y Celina Mariceth, de 15 años, hija de esta, por un pelotón del batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador.
Ocurrió en el Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador, de la que Ellacuría era rector.
Hoy, casi 30 años después, uno de los responsables de aquella masacre, Inocente Orlando Montano, ex coronel y exviceministro de Defensa de aquel país, va a responder judicialmente por aquello, sucedido a 8.607 kilómetros de distancia, ante un tribunal español.
El exmilitar fue extraditado desde EE.UU., a donde huyó. Llegó a España en noviembre de 2017, donde se encuentra en prisión preventiva. La vista oral está prevista que se celebre a final de año.
Sólo se le podrá juzgar a él.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador rechazó, en 2016, la entrega de cuatro militares, tal como solicitó el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
En concreto, España había solicitado la extradición para su enjuiciamiento en España por delitos de asesinatos terroristas y crímenes contra la humanidad del coronel Alfredo Benavides Moreno, responsable del batallón Atlacatl, que habría ordenado asesinar a los sacerdotes; el sargento Tomás Zarpate Castillo, que se confesó autor de disparos a dos de las víctimas; el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, que causó la muerte directa de dos sacerdotes y ordenó matar a dos personas más y Ángel Pérez Vásquez, cabo del mismo batallón Atlacatl, que confesó haber asesinado a uno de los sacerdotes.
El Supremo salvadoreño denegó la extradición, sobre la base de que el artículo 5 del tratado de extradición bilateral contempla que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa y que el periodo para ejercer acciones penales en el caso de homicidios es de diez años.
El sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría fue asesinado en 1989 en San Salvador, junto a 7 personas más, en lo que fue un complot llevado a cabo por el Ejército salvadoreño.
150 AÑOS DE PRISIÓN
El fiscal solicita una pena de 30 años por cada una de las víctimas españolas -150 años (uno de los sacerdotes no tenía nuestra nacionalidad) y convoca a 23 testigos para la vista oral de la causa.
En noviembre de 2008, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), representada por el abogado Manuel Ollé, y The Center For Justice & Accountability (CJA), con la letrada Almudena Bernabéu a la cabeza, presentaron una querella en la Audiencia Nacional para esclarecer y determinar cómo y quiénes asesinaron al padre Ellacuría y el magistrado Eloy Velasco la admitió a trámite, siguiendo el principio de Justicia Universal.
La acusación popular está representada por los abogados Almudena Bernabéu, ex letrada del CJA y que hoy dirige el despacho Guernica Group; Manuel Ollé, ex presidente de la APDHE y profesor de Derecho en la Complutense, y José Antonio Martín Pallín, ex fiscal del Tribunal Supremo.
La acusación popular y particular pide ampliar la pena a las ocho víctimas, a las cinco españolas y las tres salvadoreñas. Por lo que solicita para Montano 240 años.
En este juicio un periódico español, El Mundo, jugará un papel central porque reveló el «acta del asesinato» elaborado por el Estado Mayor de El Salvador para «eliminar y sin testigos» a uno de los ideólogos de la Teoría de la Liberación.
Este es una de las siete causas de justicia universal que está «viva» tras la reforma de 2014 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limitó la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos en los que los españoles sean víctimas.
Con esta reforma se imposibilitó a la Audiencia Nacional continuar investigando causas abiertas en virtud de la jurisdicción universal, entre ellas la del genocidio en el Tíbet o el asesinato del cámara José Couso, en 2003, mientras cubría la guerra de Irak.
La instrucción llevada a cabo por el magistrado Eloy Velasco ha hecho posible que se celebre este juicio contra el ex coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, por el asesinato del padre Ellacuría y siete personas más. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
CÓMO SE LLEVARON A CABO LOS ASESINATOS
Miércoles. Son las 10.00 horas del 15 de noviembre de 1989. Y el Estado Mayor de El Salvador se encuentra reunido y decide eliminar a los opositores o rebeldes. Entre ellos, según los militares, está el padre Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA).
Los jefes y oficiales levantan acta de la reunión y en ella se refleja, entre otros datos, la conversación entre el coronel Inocente O. Montano, viceministro de Defensa, y el general Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor.
El primero informa al segundo que «el padre Ellacuría está en la UCA», que ha vuelto a El Salvador desde España, y el segundo da la orden de que «hay que proceder a su eliminación sin testigos».
Y acaba su intervención con una orden sobre quién y cómo «eliminar» al sacerdote jesuita: «Que el coronel Camilo Hernández planifique la operación, él tiene experiencia en esos trabajos».
Y la operación «de su eliminación» se llevó a cabo al día siguiente por el comando Atlacatl, que mandaba el coronel Guillermo Benavides. Junto a Ignacio Ellacuría fueron asesinados cinco sacerdotes, todos ellos profesores de la UCA y jesuitas, y dos mujeres, Julia Elba, que era la empleada doméstica, y su hija Celina.
De los seis jesuitas asesinados, cinco eran españoles. La orden de Ponce de «sin testigos» no se ejecutó a la perfección.
ACTA DEL ASESINATO. El documento donde el general Emilio Ponce ordena acabar con el padre Ellacuría «sin testigos», encabezado como «Reunión Posterior» y que EL MUNDO publicó el 22 de noviembre de 2009.
20 años después del atentado de la UCA, EL MUNDO consiguió el escrito original y manuscrito de la reunión que mantuvo el Estado Mayor salvadoreño para eliminar al rector de la UCA.
El acta del asesinato (que ilustra esta página y está clasificada como «Reunión Posterior-mismo local»), que fue publicada el 22 de noviembre de 2009, fue requerida judicialmente e incorporada como prueba de la planificación de la masacre en el sumario que instruye la Audiencia Nacional.
Entre esos testimonios y pruebas se incorpora el de Antonio Rubio, ex subdirector de EL MUNDO, y el acta del asesinato que levantó el Estado Mayor y publicó este diario.
Bernabéu, reconocida abogada internacional y comprometida con la Justicia Universal y los Derechos Humanos, considera que «este caso ha sido el esfuerzo de más de 10 años de trabajo de un grupo de abogados que buscaban justicia».
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