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Vulneración de la tutela judicial efectiva y derecho a la intimidad: Así recurrirá en amparo Fuster-Fabra el archivo del «espionaje» de los «Mossos»

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«Lo tenemos muy claro. Con el archivo de la querella contra los ‘mossos’ que formaron parte del operativo que espiaron tanto a mí como a una serie de personas, y los que dieron las órdenes, se ha producido una doble vulneración: Una vulneración de la tutela judicial efectiva, del artículo 24 de la Constitución, y una segunda de vulneración del derecho a la intimidad, del artículo 18 de la Constitución. Sobre esas bases vamos a interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional el próximo mes de septiembre».

José María Fuster-Fabra lo tiene muy claro. Y espera que el máximo tribunal de garantías también lo vea así. 

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«No es de recibo que se cierre en falso una instrucción, por parte del titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, José Emilio Vilá Mayo, en la que sólo se haya tomado declaración, en calidad de testigo al comisario jefe de la Comisaría General de Información de los ‘Mossos’, Manel Castellví«, explica Fustér-Fabra.

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«Durante ese interrogatorio no se me permitió hacerle preguntas como sobre si es costumbre la elaboración de dosieres sobre abogados, periodistas o políticos, tampoco se consideró pertinente que fueran interrogados los agentes del operativo que llevó a cabo el trabajo ni tampoco que declarara el comisario jefe de la Policía Nacional que analizó en profundidad los documentos rescatados, que iban a ser destruidos», cuenta el abogado.

Dicha interceptación, a bordo de una furgoneta de los «Mossos», se produjo el 26 de octubre de 2017, un día antes de la llamada Declaración Unilateral de Independencia.

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Se había dispuesto su incineración.

Fuster-Fabra, letrado públicamente conocido por su oposición al «procés» y su defensa de la Constitución y de España, además de defensor de numerosos «mossos» –es el representante legal de Octavi, el «mosso» que dijo que la Republica no existía– merced a su colaboración con el Sindicato de Policies de Catalunya, presentó una querella por prevaricación, malversación de caudales públicos, descubrimiento y revelación de secretos y obstrucción a la justicia contra los agentes de la policía autonómica catalana que realizaron los seguimientos y que elaboraron los informes como contra los que dieron la orden de llevarlos a cabo.

«Dentro de los documentos recuperados, y que no pudieron ser incinerados, hay la transcripción de una conversación de David Heredia, de Ciudadanos, en plena calle, en la que se reproducen frases literales. ¿Si utilizaron medios electrónico. No puedo demostrarlo, pero…», señala.

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Además de Heredia también fueron supuestamente objeto de investigaciones el exlíder de Sociedad Civil Catalana, José Ramón Bosch; los sindicalistas de Mossos David José y David Miquel; el detective Julián Ángel Peribañez; Sergio Santamaría, también de Ciudadanos, como Heredia, y el periodista de Antena 3 Televisión, Albert Castillón.

El magistrado Vilá Mayo sobreseyó libremente el caso –lo que equivalió a un archivo definitivo–.

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«No puede concluirse que las investigaciones no estuvieran guiadas por el propósito de salvaguardar el interés público y por lo tanto no son una desviación de poder», zanjó Vilá Mayo, que así restó credibilidad a los informes de la Policía Nacional, que habían alimentado la causa contra los exjefes de los Mossos.

Sin embargo, el tribunal de apelación de la Audiencia Provincial de Barcelona, formado en este caso por los magistrados Jorge Obach Martínez, José Manuel del Amo Sánchez y José Luis Ramírez Ortiz, lo bajó un escalón, dejándolo en sobreseimiento provisional.

El fiscal solicitó a este tribunal que ordenara a los Mossos que presentaran la autorización administrativa que avalaba la quema de documentos en la incineradora, y que se tomara declaración a todos los agentes de la policía catalana que aparecían en los papeles que rescató la Policía Nacional como autores de los seguimientos.

El objetivo del fiscal no era otro que determinar «las razones, causas y fines» de la investigación de los Mossos, así como «la forma en que se decidía a quién investigar y la forma y el tiempo durante el que se habría llevado a cabo el seguimiento si existió», para acreditar, esta vez sí, que las pesquisas de la policía catalana «se ajustaban a los requisitos» legalmente establecidos para poder considerar legítima la intromisión policial en la vida privada de los supuestos espiados.

El tribunal de apelación respondió de la forma citada.

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Ahora la pelota pasará al Tribunal Constitucional.