Firmas
Micky Molina: desinformación y derecho penal
El actor Micky Molina, a quien su familia ha salido a defender en bloque.
09/8/2019 06:15
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Actualizado: 10/8/2019 10:30
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El pasado 2 de agosto ardieron los medios con la noticia del conocido actor Micky Molina.
El caso llegó a las redes sociales y la condena social estaba servida de forma instantánea y global, en crudo: podíamos estar ante un delito del artículo 379.1 del Código Penal, por ofrecer una tasa de alcohol superior a 0,60 mg/l, enfrentándose a unas penas de hasta 6 meses de prisión, y la retirada del carnet durante un año.
Además, de ser los hechos del atropello ciertos, desde la reforma de 2019, estaríamos ante un delito de lesiones por imprudencia.
Por último, si el actor, en efecto, se dio a la fuga, dejando a la víctima en un estado de riesgo, estaríamos hablando de un tercer delito: la omisión del deber de socorro, del artículo 195 del Código Penal con una pena de prisión de 6 meses a 4 años dependiendo del resultado de las lesiones.
UN COMUNICADO DE LA FAMILIA INUSUAL Y VALIENTE
Sin embargo, ante la alarma social inicial y el linchamiento, emergió un valiente, necesario e inusual comunicado de la familia de la víctima, ofreciendo una versión completamente
De ser esto cierto, la calificación penal sería totalmente diferente.
De haberse introducido en el vehículo en estado de embriaguez, realizando acciones que implican la conducción del mismo, estaríamos, de manera irrefutable, ante un delito contra la seguridad vial.
Por ello, ante las diferentes versiones y los hechos investigados se inicia un proceso judicial donde Molina deberá
Y que sea la justicia, como pilar de un Estado de Derecho, la que establezca con todas las garantías su culpabilidad o inocencia.
SOCIEDAD DE LA DESINFORMACION
Seguramente y porque vivimos en una sociedad en la que la información, la desinformación, y las «fake news» nos invaden, a una velocidad fugaz y de manera ininterrumpida, en un flujo 24/7, es fundamental discernir entre el reproche penal de la conducta y lo estrictamente moral o ético.
Y sobre todo, se ha de evitar la condena basada en rumores, con el único fin de buscar el titular o la primicia, porque el daño para la dignidad y el honor del interesado de ser falsa la información es irreparable.
En el presente caso, el punto de partida para cualquier reflexión debe ser el del análisis con rigor de la verdad de lo sucedido.
Si fue un simple accidente, o si fue una acción con reproche penal, y en su caso con que consecuencias aplicando con proporcionalidad lo que estable la ley. Aún así, la cuestión no es baladí: “si bebes, no conduzcas”.
Más, cuando en España hay cerca de 300 muertos al año como consecuencia de la conducción en estado de embriaguez.
Es muy probable que el procedimiento que atañe al actor, de haber conducido en estado de embriaguez, se resuelva con la retirada de carnet y una multa económica.
En el reino de la ‘posverdad’, incluso los debates jurídicos se tornan complejos y adquieren nuevas dimensiones, sensibles, que, como juristas, estamos profesionalmente obligados a explorar: ante nuestros propios clientes, y ante la ciudadanía en general.
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