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Diez cosas que deberían de ser, y que no son, en materia de Justicia

Diez cosas que deberían de ser, y que no son, en materia de Justicia
Juan Gonzalo Ospina es el socio director de la firma Ospina Abogados, especializada en penal y, específicamente, en penal económico.
03/6/2023 06:29
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Actualizado: 03/6/2023 07:49
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Desde que empecé a ejercer la abogacía hace 10 años, nunca pensé que el mal endémico me fuera acompañar durante tanto tiempo.

Nunca pensé que los retrasos injustificados, esos que ocurren cuando te citan a las 10:00 pero empiezas a las 13:00, iba a ser lo ordinario.

Nunca pensé que podría ser normal que un juez faltase tanto a la educación a mi cliente y a mí, cuando ante dos citaciones simultáneas se despacharía aduciéndome que yo tenía el don de la ubicuidad.

Lo denuncié y no le pasó absolutamente nada.

La justicia en España funciona mal.

Y no lo digo yo, lo dicen los encuestados en el Eurobarómetro del Parlamento Europeo del año 2021 que ya alertaba de una situación de hartazgo.

El sondeo revela que el 53 % de los españoles no está muy satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia.

Y funciona mal no sólo porque no haya medios económicos que también, sino también porque no hay voluntad política para que tengamos la justicia que todos nos merecemos.

Una justicia ágil, rápida y cómo no, justa en forma y fondo.

Nunca pensé que las víctimas de delitos económicos en España casi nunca ven satisfechas sus pretensiones resarcitorias, pese a que no pocos procesos duran hasta 10 años y el condenado no pisa la cárcel pese a su insolvencia.

A decir verdad, nunca pensé que todas las quejas agónicas de mis compañeros cuando empecé a ejercer, hoy, diez años después, son peores.

LAS DIEZ COSAS

Se habla de hacer un gran pacto de Estado en Justicia, y lejos del título, esta realidad debería de ver la luz con medidas claras y concretas que mejoren la percepción de la justicia y su calidad.

1.- Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deben de ser elegidos en los términos que el constituyente concibió.

2.- La Ley de Enjuiciamiento Criminal –que es de 1882, siete años antes de que se hiciera la primera proyección de cine en el mundo (1895)– tiene que introducir mecanismos de agilidad y oportunidad, que permita conformidades parciales con la fiscalía, en cualquier fase del procedimiento, y la posibilidad de imponer multas económicas a los delincuentes económicos en sustitución de las privativas de libertad.

3.- Hemos de introducir mecanismos de eficiencia y eficacia, apoyándonos en la procura para que esta pueda realizar citaciones con todos los ribetes formales como en los EEUU, y tramitar las ejecuciones.

4.- Hemos de reformar el Código Penal no a golpes de titular, sino como expresión del principio de concordia mínima.

5.- Las defraudaciones informáticas son un grave problema que afecta a decenas de miles de ciudadanos, España registró más de 305.000 delitos informáticos solo en 2021, cifra que va en aumento, por lo que hay que asumir un pacto de Estado para otorgar verdaderos mecanismos de protección del ciudadano frente al fraude informáticos y desplegar sistemas eficaces recuperación de activos.

6.- Las competencias autonómicas en materia de justicia no pueden comportar que haya un bloqueo sistemático de comunicaciones telemáticas entre órganos jurisdiccionales.

7.- Hemos de introducir nuevas medidas de transparencia y control en la elección del fiscal general del Estado, que genere mayor confianza en nuestras instituciones.

8.- Los 43.696 compañeros del Turno de Oficio, así como la medicina o la educación en un estado democrático de calidad, tiene que dejar de ser vilipendiados y olvidados, actualizándose sus baremos, y agilizando el abono de todas sus actuaciones en todas las Comunidades Autónomas (algunas ya pagan mensualmente).

9.- El expediente electrónico tiene que ser una realidad y no una tomadura de pelo como en la actualidad, en donde te exigen meter las copias en papel, o tener algunos juzgados que no escanean los expedientes.

10.- La utilización de medios telemáticos, con vistas por videoconferencia para asuntos menores o de trámite deberían de ser la norma y no la excepción. Como la necesaria introducción de un sistema de control del horario judicial con el fin de saber si la citación va en hora o retrasada o suspendida.

Este decálogo entre otras tantas medidas es necesario para que la justicia sea un servicio del que nos sintamos orgullosos y no avergonzados o frustrados en lo que es un pilar del estado. Sin seguridad jurídica no hay progreso económico.

Y sin justicia no hay libertad.

El próximo 23 de julio gane quien gane tiene la oportunidad de mirar al futuro con ilusión o seguir en el pasado con resignación.

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