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Rocío Monasterio (VOX) dice que el problema de su vivienda es por la burocracia agravada por un ‘denunciante rencoroso’

Explica que "ante la campaña de intoxicación de ciertos medios" se ha decidido a relatar el "tortuoso proceso" que viene sufriendo desde 2013 para lograr la licencia de funcionamiento para su despacho profesionalEl Ayuntamiento notificó este verano el precinto de la oficina, salvo que obtengan en este plazo tanto la licencia de funcionamiento como la reactivación de la licencia de obra caducada.
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La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido hoy que la clausura y precinto de una parte de su vivienda se debe a años de un «laberinto burocrático agravado por un denunciante rencoroso».

«Muchos españoles conocen la sensación de que la burocracia les asfixia pese a sus intentos por crear, trabajar, crecer, mejorar, avanzar. Este es sólo un ejemplo de ello, pero uno más que explica por qué en Vox hablamos siempre de simplificar procesos y reducir la burocracia», ha señalado en Twitter.

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Monasterio ha publicado un hilo de tuits con una serie de explicaciones ante «la campaña de intoxicación de ciertos medios, que acompaña con fotos de las solicitudes de licencias.

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La arquitecta explica que se ha decidido a relatar el «tortuoso proceso» que ella y su marido, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, vienen «sufriendo desde 2013 para lograr la famosa licencia de funcionamiento para mi despacho profesional».

La portavoz de VOX ha explicado que llevan 9 años «cumpliendo con cada paso de la ordenanza para intentar llegar al final del proceso» y «años pagando todas las tasas necesarias (alguna, dos veces)».

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También afirma que han pagado el IBI actualizado, sin la licencia actualizada y que han estado «perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo para obtener definitivamente la licencia de primera ocupación y funcionamiento».

«Llevamos años también haciendo perder el tiempo a ímprobos funcionarios del Ayuntamiento, que están constreñidos por procelosos procesos burocráticos», ha lamentado.

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Monasterio explica las «trabas burocráticas» desde el año 2010, cuando adquirieron «una vieja casa», que pese a que les «suele gustar más la rehabilitación de espacios antiguos» en este caso cree que lo mejor que tenía la casa que compraron era «una edificabilidad no agotada».

Así que diseñaron «con mucha ilusión» una casa nueva para su «creciente familia».

Relata que en 2011 acometieron la demolición de la casa con la preceptiva licencia. Mientras, pagaron y esperaron la obtención de la licencia de obra nueva, y pidieron «varios presupuestos a constructores para empezar la nueva casa».

Asimismo, en agosto de ese mismo año les otorgaron la licencia de obra que habían pedido para construir la nueva casa «con despacho profesional en una parte del sótano».

Con ello, pagaron las respectivas tasas administrativas más el impuesto de construcción.

EN 2013 SURGE EL PRIMER CONFLICTO CON LA CASA

Después, en 2012-2013, tras seleccionar a un constructor recomendado por un tercero, aseguran que aguantaron «dos largos años de obra» y que pese a «errores graves cometidos por el constructor», le pagaron el 95% del presupuesto acordado, e «innumerables extras que le van saliendo».

Al final de 2013, según Monasterio «surge el primer conflicto con el constructor por las cantidades restantes, y sale de la obra sin rematarla», por lo que un año después tienen que meter a nuevos contratistas «para rematar y corregir lo que no ha hecho o ha hecho mal el anterior».

«Por fin terminamos la obra, pagamos por primera vez las tasas de licencia de primera ocupación y funcionamiento. El Ayuntamiento nos exige el certificado de fin de obra, suscrito por el arquitecto y el aparejador. Preparamos el nuestro, pero el aparejador, que es del entorno del constructor, no responde», ha expuesto.

Así, en 2015 ante la evidencia de que han acabado la obra, que tienen una nueva vivienda, y que están intentando obtener la licencia de primera ocupación, realizan la correspondiente nueva inscripción en el Catastro.

Entonces, el Ayuntamiento de Madrid les cobra un nuevo Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por la totalidad de los metros cuadrados construidos. En 2016 siguen sin que el aparejador responda y en julio vuelven a pagar la tasa para potente la licencia de ocupación .

Ya en 2017 un técnico del Ayuntamiento inspecciona la obra y en 2018 les requieren que actualicen los planos, y modifiquen la licencia original.

LITIGIO CON EL CONSTRUCTOR

«Cumplimos con todo para adecuarnos a la ordenanza municipal. Se interrumpe la licencia de ocupación, mientras se modifica la licencia. Parecía que al fin obtendríamos la licencia. Nada más lejos de la realidad. El litigio con el constructor se judicializa. Y además el propio constructor nos denuncia ante el Ayuntamiento por la falta de licencia de actividad en el despacho*que él mismo ha estado bloqueando», ha relatado.

Mientras tramitan esa licencia, el Ayuntamiento les exige cerrar el despacho, por lo que recurren administrativamente y el Ayuntamiento lo acepta, «pues comprueba que está en trámite la modificación de la licencia».

«Y así llegamos al verano de 2019, donde el Ayuntamiento notifica el precinto de la oficina, salvo que obtengamos en este plazo tanto la licencia de funcionamiento como la reactivación de la licencia de obra caducada», ha lamentado Monasterio.

«Ahora que Rocío ha explicado los detalles técnicos de esta historia, vamos a dar un poco de contexto a ciertas cosas que están pasando, y conocer mejor los ‘privilegios’ que hemos tenido», ha publicado después en la misma red social Iván Espinosa de los Monteros.

Dice que lo que están sufriendo «es lo que sufre cualquier español de a pie, que paga religiosamente sus impuestos, y al que la farragosa burocracia, lejos de facilitar su vida, le asfixia».

«En nuestro caso, agravado por misteriosas actuaciones en varios frentes«, añade, y las desgrana en su tuit.

Ha señalado que la clausura y precinto de una parte de su vivienda se debe a que «la burocracia parece diseñada para impedir los avances y la creación de riqueza y empleo», un «calvario» que «se une la persecución política» que dicen estar sufriendo.

Espinosa de los Monteros ha asegurado que han intentado poner en orden la situación con la casa. Todo ello en «vano», dedicando «en balde tiempo y esfuerzo», «secuestrados por un laberinto burocrático que no tiene fin».

De hecho, según relata, «muchos funcionarios del Ayuntamiento ven la situación y no salen de su asombro», pero «tampoco pueden hacer nada pues el laberinto burocrático es obstaculizante para casi cualquier solución o iniciativa», excepto «para cobrar impuestos».

«En resumen, si la burocracia parece diseñada para impedir los avances y la creación de riqueza y empleo, en notable contraste con la eficacia recaudadora, en nuestro caso a este calvario se une la persecución política. Todo esto sólo se produce porque nuestro discurso le da miedo a las oligarquías políticas, mediáticas y financieras. En eso tienen razón; porque en Vox hemos venido a defender el sentido común y a los españoles de a pie, a la ‘España Viva’. Y ese sí es nuestro gran privilegio», ha concluido en esta red social.