Independientes de la Guardia Civil (IGC), la cuarta asociación profesional de la Benemérita en número de socios, ha presentado una querella criminal contra los 155 migrantes.
El pasado 30 de agosto, accedieron a Ceuta saltando en grupo su vallado fronterizo en la que pide al Juzgado de guardia su ingreso en prisión provisional sin fianza «hasta proceder a su expulsión» por el «riesgo de sustracción a la acción de la Justicia«.
En el escrito, IGC ha reclamado el encarcelamiento «de todos los atacantes».
Piden que dicha medida «sea firme hasta proceder a su expulsión en aplicación del Convenio Bilateral suscrito entre los Reinos de España y Marruecos en 1992 con prohibición absoluta de entrada en el territorio nacional y quedando reseñados por si volvieran a intentar otro ataque coordinado».
La querella les atribuye cinco presuntos delitos, concretamente atentado a agentes de la Autoridad «por la utilización de objetos y líquidos peligrosos».
También incluye lesiones, desordenes públicos «por el empleo de instrumentos peligrosos y el riesgo para la integridad física de los atacados», integración a un «grupo criminal», y contra la salud pública «por la utilización de heces y sustancias tóxicas».
Instrumentos letales, tóxicos y peligrosos
De acuerdo con el relato de los hechos de IGC, los migrantes, «debidamente organizados y preparados con instrumentos letales, tóxicos y peligrosos destinados a producir el máximo daño posible a las Fuerzas de Seguridad», protagonizaron un asalto «planificado».
«Empleando tácticas paramilitares y con una cuidadosa distribución de funciones para perpretar un violento ataque colectivo contra la valla fronteriza de Ceuta con el fin de penetrar ilegalmente en la ciudad empleando la máxima violencia».
«Los guardias lesionados –once– fueron ampliamente sobrepasados por el número de atacantes y la alarma social generada ha trascendido de nuestras fronteras con un claro sentimiento de indignación e indefensión por parte de la ciudadanía».
«Incrédula ante el hecho de que España no sea capaz de proteger sus fronteras exteriores y entren por la fuerza individuos de probada peligrosidad», recoge la querella.
El Ministerio del Interior solo ha aceptado hasta este viernes seguir tramitando, según Europa Press, una de las solicitudes de protección internacional formalizadas ya en entrevistas por la mitad de los 155 extranjeros de origen subsahariano, la mayoría procedentes de Guinea Conakry.
El resto de las que han recibido contestación en el plazo máximo de cuatro días establecido han sido inadmitidas.
Esto abre un plazo de dos días para recurrir y otro igual para que la Administración responda definitivamente, cuando ya solo cabrá apelar en caso de rechazo por sus abogados a la Audiencia Nacional.
El Tratado con Marruecos de 1992 establece que España tiene «diez días» para solicitar al Reino alauita la readmisión de migrantes irregulares, pero el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha rechazado aclarar si ya ha cumplimentado esa petición o si piensa hacerlo para quienes no sean menores ni vean aceptadas sus reclamaciones de asilo. EP.
