Miembros de la Fiscalía Anticorrupción viajarán esta semana a Londres para tomar declaración a la empresaria alemana Corinna Larsen -de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein–, en relación a las comisiones de hasta 80 millones de euros que presuntamente mediaron en la adjudicación a una UTE española de la construcción del AVE a la Meca, en Arabia Saudí.
El Ministerio Público solicitó a la oficina antifraude británica, la Serious Fraud Office (SFO), colaboración para tomar declaración a Corinna, como testigo, en el marco de las diligencias de investigación incoadas a raíz de la publicación de unos audios en los que ésta afirmaba que en la adjudicación de esa macro infraestructura en 2011 habían mediado ‘mordidas’.
En julio de 2018 se difundieron una serie de audios grabados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo -en prisión provisional por el ‘caso Tándem’– en una conversación con el empresario Juan Villalonga y la consultora germano-danesa.
Corina Larsen afirmaba en ellos que el Rey emérito Juan Carlos I había cobrado comisiones por la negociación de aquella adjudicación y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartir el ‘pastel’.
La investigación sobre las presuntas comisiones ilegales del AVE a la Meca fue abierta por Anticorrupción formalmente a finales del pasado año, tras cerrarse en la Audiencia Nacional la pieza denominada ‘Carol’ del ‘caso Tándem’ que investigaba la conversación mantenida entre la empresaria y Villarejo.
En septiembre del año pasado se archivaron las actuaciones respecto de Don Juan Carlos porque, por un lado, las afirmaciones sobre él se consideraban «extremadamente débiles» y, por otro, en aquella época aún reinaba y así, era inviolable.
No obstante, el juez dio traslado a Fiscalía Anticorrupción para investigar la adjudicación del AVE, pues en la conversación se identificaba tanto el contrato, como las personas, los importes y las posibles mordidas en una información que se complementaba con «otros documentos hallados» durante la instrucción judicial.
A finales de 2018, el Ministerio Público abrió diligencias secretas de investigación por la sospecha de presuntos delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias.
Se trata de una fase de investigación previa en la que se dirime si la cuestión debe archivarse o si hay materia como para dar traslado a un juzgado.
EL SUPREMO ARCHIVÓ LA QUERELLA DE IU CONTRA EL REY
El Partido Comunista de España, Izquierda Unida y la Asociación de Abogados y Abogadas de Izquierdas (Fairade) presentaron el pasado febrero una querella contra el Rey emérito, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, entre otros, por los citados audios.
Los acusaban de un total de 13 presuntos delitos, entre ellos organización criminal, malversación o tráfico de influencias.
El tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo sentenció en abril que los hechos ya se investigaron en la Audiencia Nacional y se archivaron, y archivó la querella.
En julio, el Tribunal Supremo confirmó su archivo, al rechazar el recurso de súplica de los querellantes.
DICE QUE SE HAN COMETIDO ABUSOS CONTRA ELLA DESDE ‘ALTOS ESTAMENTOS’ DEL PAÍS
La empresaria no ha puesto impedimento alguno para declarar y, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, tiene mucho interés en comparecer ante las autoridades españolas para colaborar con la Justicia y de paso, exponer los abusos que asegura que se han cometido contra ella desde «altos estamentos» del país.
Villarejo aseguró en junio de 2017, en una entrevista en el programa Salvados, que Corinna había sufrido amenazas de muerte por parte del ahora exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, porque le reclamaba unos documentos sensibles que ella había a su vez recibido del Rey emérito.
Aquella afirmación le valió a Villarejo una denuncia por injurias contra Sanz Roldán que se dirime en el Juzgado de lo Penal número 48 de Madrid, ante el que el comisario jubilado ha presentado una declaración jurada de la propia Corinna en la que defiende la veracidad de aquellos comentarios y advierte de que tiene a buen recaudo una serie de cajas con documentación sobre los negocios del Rey emérito.
Ella, testigo de la defensa, ha remitido un escrito en el que ratifica la versión del comisario en relación a las amenazas y pide declarar por videoconferencia al sentir que su seguridad no está garantizada si viaja a España.
La Fiscalía pide para Villarejo 2 años de cárcel.
