La totalidad de los grupos parlamentarios defendieron en el Pleno del Congreso la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que limita el plazo para la instrucción de los procesos a 6 meses y que contempla ampliarlo a 18 meses más, si son investigaciones declaradas complejas e, incluso, a otro periodo de 18 meses más.
Sólo el PP se opuso, absteniéndose.
«Nosotros defendemos la modificación y mejora del 324, lo que no nos parece lógico es derogar el 324 sin alternativa», dijo su diputada, María Jesús Moro. «La salida válida es reformarlo en la línea planteada en la XII Legislatura».
Según el resto de los grupos parlamentarios, la reforma, llevada a cabo por el Gobierno del PP en 2015 ha servido para dar alas a la impunidad en las causas de corrupción.
El Congreso ya aprobó en mayo de 2017, con el voto en contra de los ‘populares’, la toma en de consideración de esta misma propuesta de Podemos y sus confluencias para derogar aquella reforma.
Esta iniciativa sufrió hasta 67 ampliaciones de los plazos de presentación de enmiendas sin que llegara siquiera a despegar.
Y esta tampoco podrá despegar ante la convocatoria de nuevas elecciones para el 10 de noviembre próximo.
La práctica totalidad de partidos criticaron que el PP y Ciudadanos acordaran la presentación de estas prórrogas, un reproche con el que incluso han coincidieron grupos colocados en posturas ideológicas tan dispares como son Vox y Unidas-Podemos, impulsor de la iniciativa legislativa.
En palabras de la diputada encargada de su defensa, la diputada Victoria Rosell, durante el Gobierno del PP se realizaron reformas que fortalecieron la idea de una justicia «fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes», como fueron esta de los plazos de instrucción, la denominada «ley mordaza» y la de tasas judiciales, que fue finalmente anulada por inconstitucional.
Miriam Nogueras i Camero, del Grupo Mixto, se limitó a señalar que apoyaban la iniciativa de Podemos porque «fijar límites tiene que ser siempre en beneficio de los ciudadanos como no puede haber límites sin recursos asociados».
Postura con la que coincidió Mikel Legarda, del PNV, que lamentó que esta iniciativa, pese a prosperar, terminará de nuevo en el cajón si decae la semana que viene la legislatura.
También Carolina Telechea i Lozano, de ERC, manifestó que una reforma como la que hizo en su día el PP no puede llevase a cabo sin dotarse a los jueces de los medios, «y lo peor, a sabiendas de esa falta de medios», demostrando que lo único que le interesa es que los casos que les afectan sigan impunes.
Durante su intervención, la diputada de Vox Macarena Olona -abogada del Estado en servicios especiales– expresó su apoyo a la propuesta aunque su grupo se encuentre «en las antípodas de la exposición de motivos» defendido en la sesión por la diputada de Podemos.
Macarena Olona fue premio Hay Derecho 2018 por su lucha contra la corrupción
La parlamentaria, para ilustrar la defensa de la impunidad que a su juicio propicia la «partitocracia» hizo alusión a un capítulo de su vida profesional cuando, como abogada del Estado, fue asesora y miembro del Consejo de Administración de la Autoridad portuaria de Pasajes, Vizcaya.
Al advertir sobrecostes no justificados en la construcción de la lonja de pescados del puerto, en abril de 2016 informó de las irregularidades al Ministerio Fiscal que, un mes después, presentó denuncia por 6 supuestos delitos relacionados con prácticas en apariencia corruptas.
Dichas afirmaciones le valieron las críticas tanto del PP, cuya diputada, María Jesús Moro, las calificó de uso del hemiciclo para «vendettas personales»; como del PNV.
Su portavoz, Aitor Esteban, recordó que Olona no ganó un solo caso de corrupción en el País Vasco y que «eso pasa con quienes más que funcionarios son militantes de una ideología».
El diputado de Ciudadanos Marcial Gómez Balsera anunció su apoyo a la iniciativa a pesar de criticar duramente al PSOE y a Unidas-Podemos por pactar junto al PSOE la renovación del órgano de gobierno de los jueces, por lo que a su juicio «ni este Gobierno ni sus socios preferentes tienen credibilidad cuando hablan de independencia judicial».
El PSOE, por su parte, ha mostrado por boca de su portavoz Juan Carlos Campo su apoyo a la propuesta, si bien aprovechó para reclamar a los morados su apoyo a un Gobierno de Pedro Sánchez, «para que esta iniciativa no caiga en saco roto».
Si no se produce este apoyo, ha añadido, dentro de varios meses el asunto volverá al Congreso «y muchos se habrán ido de rositas».
Finalmente, la diputada del PP María Jesús Moro fue la única en defender la reforma de 2015, que ha desvinculado de las causas de corrupción al señalar que, dada su condición de complejas en muchos casos, no están afectadas por la reforma.
«Nunca imaginé que una aburrida norma procesal sirviera para la demagogia política», ha añadido, para concluir que su grupo no se iba a oponer a la toma en consideración de la propuesta, aunque no está de acuerdo con que se derogue el artículo y no se ponga ningún plazo.
«No se puede volver atrás, el derecho se construye hacia adelante», afirmó Moro.
