El juez del caso Gürtel envía a Camps al banquillo por prevaricación, fraude y tráfico de influencias
Camps asegura que las adjudicaciones a esta empresa fueron “correctas”. Foto: EP.

El juez del caso Gürtel envía a Camps al banquillo por prevaricación, fraude y tráfico de influencias

Por las presuntas irregularidades en la adjudicación de los contratos de Fitur a Orange Market en 2009
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19/9/2019 15:12
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Actualizado: 19/9/2019 15:53
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El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra el expresidente valenciano Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación de los contratos a la empresa del Grupo Correa Orange Market para el montaje del stand Grandes Proyectos en Fitur 2009.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN envía a Camps al banquillo por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y tráfico de influencias.

Rechaza hacerlo por malversación, al no haber sido investigado en esta pieza, la 5 del caso, por ese delito.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Camps de prevaricación y fraude y pide 2 años y medio de prisión.

La acusación popular, que ejerce el PSOE, reclama 9 años al añadir a estos delitos el de tráfico de influencias. Además, reclama 15 años de inhabilitación absoluta y 16 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El juez considera acreditado que “con el fin de favorecer los intereses económicos de Orange Market, tal y como había ocurrido en las ediciones anteriores de Fitur, y para contentar a sus gestores ante la elevada deuda acumulada hasta el año 2008 en favor de dicha mercantil por la celebración de actos del PP en dicha comunidad autónoma, Álvaro Pérez Alonso y Cándido Herrero Martínez, bajo la superior dirección de Francisco Correa Sánchez y de Pablo Crespo Sabaris, se concertaron con Camps para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del ‘stand de Grandes Proyectos’ fuera directamente adjudicado a Orange Market, al margen de la tramitación de procedimiento de contratación alguno”.

Señala que actuaron para que dicha adjudicación ilícita no la asumiera la Agencia Valenciana de Turismo como hasta entonces, sino directamente Presidencia de la Generalitat a través de la Dirección General de Promoción Institucional, como centro directivo «bajo la autoridad del Presidente», conforme al Reglamento Orgánico y Funcional de la Presidencia de la Generalitat y de la Consejería de Presidencia (Decreto 115/07, de 27 de julio), y el Reglamento Orgánico y Funcional de la Presidencia de la Generalitat y de la Consejería de Presidencia aprobado en 2008 (Decreto 193/2008, de 5 de diciembre).

‘UN ARSENAL DE INDICIOS, MUY CONSISTENTES’

De la Mata detalla en la resolución los indicios acumulados y señala que no estamos ante una declaración aislada e inconexa de unas personas investigadas cuyo testimonio, como invoca la defensa de Camps, por el hecho de serlo o por oscuros interese personales, resulta inverosímil.

Subraya que “estamos ante un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar» que Camps «participó en el direccionamiento del contrato de Grandes Eventos Fitur 2009 a favor de Orange Market como parte del más amplio contrato Fitur 2009”.

Y todo ello, según el instructor, “lo hizo para favorecer a Orange Market, como venía haciendo desde 2005, a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana tenía con Orange Market, y su colaboración al aceptar las ilegales fórmulas de pago que el PP utilizaba para ir cancelando la indicada deuda».

Afirma que la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars Sancho «sí recibió indicaciones de sus superiores en la Generalitat, y más concretamente de Camps», para que actuara en la forma que lo hizo en relación con la adjudicación del stand de Grandes Eventos en Fitur 2009.

Una vez analizados los hechos, el magistrado manifiesta que encajan dentro del delito de prevaricación, en tanto que la adjudicación a Orange Market se basó en “actos verbales, que aprobaron lisa y llanamente una contratación directa, sin más trámites».

«Fueron, por tanto, actos decisorios de la Administración que ampararon una situación en la que se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley y, de hecho, de cualquier clase de procedimiento, vulnerando con ello de manera evidente los principios de legalidad, igualdad, concurrencia y publicidad que han de estar presentes en la actuación de la Administración”, subraya.

El magistrado indica que se trató de una actuación injusta llevada a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas que pudieran estar interesadas en concursar y que hubieran podido realizar la oferta más ventajosa para los intereses públicos.

Respecto al presunto delito de fraude a las administraciones públicas que incluye el fiscal en su escrito de acusación, De la Mata considera no descartable que Camps e Ibar acordaran un plan criminal siguiendo esta última las indicaciones de Camps y pusieran en marcha ciertos artificios con la finalidad de llevarlo a cabo, organizando los procesos de contratación de modo que se aseguraran que Orange Market fuera finalmente la adjudicataria de las construcción de los stands de Grandes Eventos.

Respecto al presunto delito de tráfico de influencia que incluye la acusación popular en su escrito de acusación, el juez entiende también razonable sostener que Camps ejerció influencia sobre Ibars Sancho para conseguir que esta “diera las órdenes inapelables para que se le adjudicasen a Orange Market (que obtuvo un beneficio económico directo por ello) los trabajos relativos al montaje del referido stand de Grandes Proyectos.

CAMPS DEFIENDE SU ACTUACIÓN

Francisco Camps defiende que las adjudicaciones de su gobierno a Orange Market fueron «correctas» y dice que su Gobierno actuó «bajo el imperio de la ley».

La pieza de los contratos Orange Market es la quinta investigación que se abre contra Camps en relación con la trama Gürtel.

En la primera, la llamada causa de los trajes, fue absuelto por un jurado popular, si bien después se han ido incoando otras diligencias.

El pasado junio, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, María del Carmen García Mingo, también abrió juicio oral a Camps por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito urbano de F1 de la capital valenciana.

Será juzgado por un presunto delito continuado de malversación, en concurso con un supuesto delito de prevaricación administrativa, y por un presunto delito de tráfico de influencias.

La magistrada tomó esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó archivo de la causa al no ver malversación e incidió en que la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita.

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